21/09/201120/09/2011

 

RAFAEL ESCUDERO ALDAY

Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid

Ilustración de Jordi Duró

La pretensión palestina de convertirse en miembro de pleno derecho de Naciones Unidas va camino de frustrarse por el anuncio adelantado del presidente Obama de vetar su solicitud. La Carta de las Naciones Unidas establece que la admisión de nuevos miembros compete a la Asamblea General por mayoría de dos tercios, previa recomendación del Consejo de Seguridad. Para ello, la solicitud debe contar con el voto favorable de nueve de sus 15 miembros, siempre que ninguno de los permanentes ejerza su derecho de veto, como es el caso.
Ante tal tesitura, la Autoridad Nacional Palestina puede optar por una segunda vía: acudir a la Asamblea General para que apruebe una declaración de reconocimiento internacional del Estado palestino y eleve su estatus en Naciones Unidas. Pasaría así de su actual condición de obser-
vador permanente, de la que goza desde 1988, a la de Estado observador permanente, como es el caso del Vaticano. Aún insuficiente, esta declaración tendría efectos políticos: situaría a Palestina en las Naciones Unidas como un Estado no miembro, a las puertas de su entrada como miembro de pleno derecho; supondría el reconocimiento del Estado palestino por quienes votasen a favor y colocaría en una difícil situación a quien vetara en el Consejo de Seguridad la plena admisión. Incluso, le permitiría ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, algo que aterroriza al Gobierno israelí.

La existencia del Estado palestino no depende del resultado de esa votación, sea cual fuere. Su origen se remonta al Plan de Partición de Naciones Unidas de 1947, donde se propugnaba la creación de dos estados, israelí y palestino. Pero, mientras que el primero se consolidó rápidamente en el escenario internacional, la ocupación israelí impidió que sucediera lo mismo con el segundo. Ello llevó a Naciones Unidas a reconocer en 1974 el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación política, a la independencia y soberanía nacional y a fundar su propio Estado. En ejercicio del mismo, el Consejo Nacional Palestino declaró en 1988 el establecimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén Este, aceptando así la solución de los dos estados.
Desde entonces, Palestina mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchos estados, otros tantos la reconocen como tal, y participa con voz propia en organismos internacionales. Además, en los últimos años, las
autoridades palestinas han afianzado infraestructuras e instituciones políticas y económicas propias de los estados, reforzando su gobernabilidad. Organismos poco sospechosos de fomentar aventuras revolucionarias como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acaban de refrendar la viabilidad de sus instituciones. A pesar de la ilegal ocupación de sus territorios y de la usurpación de su soberanía por parte de Israel, Palestina hoy es un Estado. Ocupado, sí, pero un Estado.
Poco tardó el Gobierno israelí en descalificar la solicitud palestina (de intento de "destrucción del Estado judío" la tildó su ministro de Asuntos Exteriores), amenazando con graves consecuencias y afirmando que la paz y el reconocimiento del Estado palestino sólo podrán llegar de la mano de las negociaciones directas entre las dos partes. Es un sarcasmo la invocación a la negociación en boca de un Gobierno que se afana en la construcción de asentamientos; traspasa las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967; niega una posible capitalidad compartida en Jerusalén; rechaza el derecho al retorno de los refugiados; y añade, como nueva condición, el reconocimiento del carácter judío del Estado de
Israel. Que se burla, en suma, de todas y cada una de las resoluciones de organismos internacionales y normas del Derecho internacional aplicables al conflicto y su resolución.
El Gobierno israelí ha vuelto a convencer a sus aliados comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea. Embarcado ya en una larga campaña electoral, en el ánimo de Obama ha pesado más el intento de atraer para sí al influyente lobby proisraelí que el recuerdo de los momentos iniciales de su mandato, cuando presionó para que cesara la construcción de colonias en Palestina, o la coherencia con sus declaraciones en apoyo de los vientos democráticos que traen las revueltas árabes.
Por su parte, la Unión Europea pierde otra ocasión de oro. Sus gestiones se limitan a conseguir que Palestina desista de sus intenciones y, a lo sumo, se conforme con la mejora en su estatus dentro de Naciones Unidas. Esta es también la línea del Gobierno español, que apoyaría la incorporación de Palestina, pero sólo como Estado observador y con la condición de que renuncie al derecho de acudir a la Corte Penal Internacional. Una propuesta de mínimos, poco comprometida con la cultura del respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, pero que le permite salvar los muebles con su homólogo de Tel Aviv.
Tanto el veto de Obama como la indefinición europea refuerzan la exitosa política de hechos consumados del Gobierno israelí. Puede ganar todavía más tiempo mientras consolida a marchas forzadas la ocupación. De ahí la importancia de la iniciativa palestina: abrir un nuevo y plural escenario político que termine con el bilateralismo en el que el conflicto estaba enclaustrado. En definitiva, una apuesta por devolver su resolución al lugar y marco del que nunca debió salir: Naciones Unidas y el Derecho internacional.