Dominio público

La resolución política de un conflicto: abrir el melón territorial (y más)

Este artículo forma parte de la colaboración entre el Institut Sobiranies y 'Público'. 

Tres personas con la senyera, la bandera española y la estelada.- REUTERS

La mesa de diálogo empezó a caminar formalmente el pasado 14 de setiembre. La presencia en la cita de los presidentes de la Generalitat y el Gobierno español aportó solemnidad al evento. Como el propio Pedro Sánchez recordó en rueda de prensa, los símbolos son importantes en política. Así pues, ambos ejecutivos quisieron escenificar su apuesta por la vía del diálogo. Cuatro años después de los "hechos de octubre" se visualizaba así la posibilidad de desescalar la tensión y construir un escenario negociador. Ahora bien, sería bueno no confundir unas primeras reuniones de la mesa del diálogo con la abertura de un proceso de resolución política del conflicto. Aún no estamos en ese escenario, transitamos una fase previa: de acercamiento, de reconocimiento mutuo, de generación de confianzas y hasta de ciertas complicidades. No es un dato menor que la mesa avance pero los procesos de este tipo, de obligada discreción, son lentos y complejos.

Las condiciones de posibilidad de la mesa

La concesión de los indultos a los presos independentistas ha sido una variable importante para la creación de las condiciones de posibilidad de esta mesa. Desjudicializar el conflicto para poderlo retornar a la arena de la política. También reviste de interés el compromiso de ERC con la gobernabilidad española: facilitar la investidura y la aprobación presupuestaria no es cosa menor. Ahora bien, a estas alturas remaría a favor del diálogo desbrozar aún más el camino: encontrar una vía de retorno a los exiliados. La semana pasada José Luis Rodríguez Zapatero, que a parte de expresidente ejercer un papel importante en diversos procesos de resolución de conflictos en el ámbito internacional, habló de que ya se estaba trabajando en ello. Ya sea a través de la reforma del delito de sedición del código penal, ya sea por otra vía, la solución no debería demorarse mucho. La existencia de exiliados es una losa que pesa cada día sobre la mesa de diálogo.

A día de hoy distintos actores políticos que forman parte de los dos ejecutivos (ERC, JxCat, PSOE y Podemos), aunque están lejos en su diagnóstico y propuestas, comparten cuatro premisas básicas que les posibilitan dar solidez al espacio de diálogo. La primera: el reconocimiento de la existencia de un conflicto político que requiere de soluciones políticas (superando la negación del conflicto que hizo Mariano Rajoy o la interpretación de la crisis catalana como una fractura de la sociedad catalana del primer Pedro Sánchez). La segunda: la necesaria reversión de la judicialización del conflicto. La tercera: la constatación del agotamiento de la fórmula modelo autonómico y la demanda de, como mínimo, mayor autogobierno y singularidad nacional por parte de algunas comunidades autónomas. Y la cuarta: la voluntad de que la solución, o parte de ella, tenga que pasar por las urnas.

El tránsito de la formalidad de mesa de diálogo a un escenario real de negociación

Los procesos negociadores, si son reales, se sabe donde empiezan pero no donde pueden llegar.  Aún no se ha entrado en este punto de no retorno. Que desde la formalidad de la mesa de diálogo se transite a la materialidad de un escenario negociación, donde puedan modelarse puntos de partida, dependerá de varios factores. En primer lugar, de la capacidad de triangulación que tengan los actores plurinacionales y progresistas para mover al PSOE de su zona de confort. Es el actor que, a priori, tiene menos incentivos al cambio. Retomando la idea que exponía Xavier Domènech en el artículo publicado en este espacio la semana pasada, la potencialidad de avanzar en la cuestión territorial se relaciona con el grado de presión y la capacidad de generar una agenda común y compartida que tengan las fuerzas implicadas en alianzas con el PSOE, eso es, Podemos y las fuerzas de cambio, independentistas, nacionalistas periféricos y hasta regionalistas. Las estudiosas de la acción colectiva insisten en la importancia de saber aprovechar las estructuras de oportunidad política pero también el carácter moldeable de estas. Dicho de otra manera: las oportunidades de intervención también se construyen.

En segundo lugar puede influir la implicación internacional. A medio plazo, si el proceso avanzara razonablemente, no debería descartarse la existencia de una suerte de facilitación o mediación externa. Existe una cierta melodía compartida en la "inteligencia" europea que entiende como necesario avanzar en la gestión política de la crisis catalana. Observa con preocupación las derivas i-liberales producidas en España, incluida la existencia de presos y exiliados, y apoya reformas institucionales que puedan desencallar nudos gordianos de que vuelvan a escalar la tensión. En este sentido, y como bien sabe la consellera de afers exteriors Victoria Alsina (independiente nombrada por JxCat y que estaba previsto que formara parte de la delegación catalana de la mesa de diálogo), la comunidad internacional – y en concreto la europea – puede ayudar a empujar la negociación siempre y cuando el relato se inserte dentro un marco cognitivo que ponga acento en la resolución de conflictos y el garantismo penal. En otras palabras, las estrategias unilaterales y los discursos nacionalisto-esencialistas no en son bien recibidos.

Una agenda amplia de negociación

Presuponiendo que el proceso iniciado con la mesa de diálogo continúe en buena dirección, debe esperarse que las consecuciones serán lentas, es decir, más allá de una legislatura. Ahora bien, la agenda puede llegar a ser muy amplia y comprehensiva. En primer lugar, un abanico de medidas que permitan revertir la judicialización del conflicto. Si avanza el proceso negociador, podría darse una suerte de amnistía, sea esta de iure o de facto (o combinada), con el objetivo de poder recomenzar mirando futuro pero también para desactivar lógicas de excepcionalidad penal que devalúan la calidad democrática de un estado. En segundo lugar, abrir propiamente el melón territorial, que va más allá de la crisis catalana. El reconocimiento institucional de la realidad plural y plurinacional del Estado puede tomar diversas modulaciones, incluida la posibilidad de celebración de un referéndum. En tercer lugar, la negociación política no puede desvincularse de la negociación de ciertas iniciativas de modernización institucional. No va a haber resolución del conflicto territorial sin transitar reformas en el Tribunal Constitucional, el gobierno de los jueces o el Tribunal de Cuentas, por poner algunas de las instituciones más relevantes. Pero resta también resulta inevitable pensar el futuro del poder judicial o de la propia administración pública.

Porque en la resolución política de la crisis catalana no solo se juega el futuro de Catalunya, y no solo se va a hablar de Catalunya. En ella también se va a decantar el futuro de otros territorios del Estado y de España misma. En este sentido sería coherente trabajar para consolidar una alianza, como mínimo táctica, heredera del espíritu del Pacto de San Sebastián.