05/10/201120/09/2017

Ricard Vinyes

Historiador

Ilustración de Jordi Duró

Cuando en 1993 fue inaugurado en Washington el Museo Memorial del Holocausto, Elie Wiesel repitió en su discurso lo que ya había dicho cuando elaboró el proyecto por encargo del presidente Carter: aquella nueva institución no era temática, sino una institución sobre la responsabilidad, la responsabilidad moral y la responsabilidad política. Era una apelación de fondo que trascendía las víctimas de cualquier masacre para dirigirse a la ciudadanía y decirle que tan responsable como el que mata es el que calla. En los años siguientes estallaron ante nuestros rostros las masacres ruandesa y yugoslava, por citar sólo lo más llamativo.

En marzo de 1998, poco antes de la anunciada –y muy demorada–, creación de la Corte Penal Internacional, antes también de la inesperada detención de Augusto Pinochet en Londres, y en pleno auge de las grandes construcciones memoriales en Alemania, Francia y Estados Unidos relativas al Holocausto y la resistencia antifascista, en pleno esfuerzo de las iniciativas de pequeñas organizaciones que reclamaban el rescate de espacios memoriales en Chile y Argentina, la Academia Internacional de las Culturas convocó uno de esos macrocongresos habituales –llamados también "foros internacionales"– donde, a pesar de la arrogancia institucional que conllevan, siempre hay la oportunidad de escuchar cosas bien interesantes dichas por buenos profesionales. Por lo general son encuentros a posteriori, es decir, convocados porque algo se ha movido y de repente ha alcanzado la agenda institucional. En aquel caso, la convocatoria era para hablar de los procesos sociales relativos a la irrupción de memorias, de olvidos impuestos y de los conflictos éticos y jurídicos derivados de los procesos de transición. Aquella década –la de los noventa– fue una era de construcción y reflexión memorial que penetró en el nuevo siglo con fuerza. Una situación en buena medida causada por la liquidación de dictaduras emblemáticas, desde Chile a Sudáfrica pasando por el arco complejo de dictaduras soviéticas. Pero la estrella era sin duda Sudáfrica. Tuvo mucha publicidad, sí, y el sistema presuntamente reconciliador inventado por el obispo Desmond Tutu desde la Comisión de Verdad y Reconciliación –sostenido en la muy confesional noción de arrepentimiento– parecía el camino a seguir urbi et orbi. Por ello no es extraño (aunque sí desastroso) que el referente del proceso de paz irlandés (1994-1998), en lo tocante a un proyecto de reconciliación y de perdón de las víctimas, se inspirase en el proceso sudafricano.
Bien, decía todo eso porque en aquel Congreso de la primavera de 1998, el escritor nigeriano Wole Soyinka propuso la primera mirada crítica sobre el incuestionable y bondadoso "modelo" sudafricano de reconciliación: "Persiste la impresión –dijo– de que la fórmula empleada para restablecer la armonía social, consistente en establecer como base de la reconciliación el mero esclarecimiento de la verdad, socava en cierta medida uno de los pilares sobre los cuales debe fundarse toda sociedad durable, esto es, la responsabilidad y, en último término, la justicia. Una realidad que a menudo se ignora con gran ligereza es que, en el caso de Sudáfrica, la culpabilidad no se limita a la política estatal del apartheid".
Su queja residía en que no había ningún indicador de que el arrepentimiento expresado públicamente por los victimarios fuera cierto, puesto que, al hacer desaparecer la noción de culpabilidad, desaparecía el principio de responsabilidad, la conciencia de los actos. La verdad no era suficiente para Soyinka. Parece ciertamente difícil que, tras haber estado involucrados en actos tan atroces como lo son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, las víctimas y victimarios estén dispuestos a instaurar entre ellos lazos estrechos de solidaridad y confianza. El lenguaje utilizado en Sudáfrica para propugnar la reconciliación incluía la búsqueda de valores tan difíciles de alcanzar para quienes vivieron el apartheid como la amistad, la hospitalidad, la magnanimidad y la compasión, entre otros. Si bien es posible pensar que algunos de los actores de la transición estarían dispuestos a esforzarse para materializar estos valores, no parece prácticamente plausible ni éticamente justificable que se imponga un nivel tan exigente de compromiso en pro de la reconciliación, puesto que el daño causado es irreparable, y por tanto imperdonable.
Ese ha sido siempre el problema de fondo de las Comisiones de la Verdad: la verdad no es suficiente. La pregunta es vieja, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Ese es el reto que, por ejemplo, tendrá dentro de poco Dilma Roussef, en Brasil, cuando la comisión que ha creado le presente su informe. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Desaparece la memoria sobre los procesos acontecidos y la responsabilidad que tuvieron sus actores? Para unos, la paz y la reconciliación depende de la supresión de los conflictos, empezando una "cuenta nueva", sin historia ni pasado. Para otros, depende de procesos complejos de reconocimiento, asumiendo las responsabilidades, y creando condiciones para lograr una relación sin deudas pendientes, o al menos, consensuando soluciones aceptables para todos o casi todos. Esta ha sido y sigue siendo una disputa cuyo desarrollo está en proceso, puesto que no hay consenso explícito en el bien para el presente y el futuro que trae consigo repasar el pasado, no en términos históricos –en eso casi nadie pone obstáculos– sino memoriales: ¿qué queremos recordar, junto a quién, y con que garantía? La historia no puede escogerla nadie, la memoria sí. Es lo último que queda.