Ayer asistimos en el Congreso a la última dejación de responsabilidades democráticas derivadas del acuerdo de PP y PSOE para renovar los órganos constitucionales menos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cuyo poder heredado de Mariano Rajoy los de Pablo Casado se niegan a renunciar aunque digan que el PP de éste no tiene nada que ver con el partido de aquél... "salvo alguna cosa", como ésta.

La comparecencia del juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP y aceptado por el PSOE y Unidas Podemos para el Tribunal Constitucional, representa todo aquello que quienes se jactan de buscar la renovación institucional han denunciado por activa y por pasiva sobre el método de elección del poder judicial y el resto de órganos constitucionales, con un aliciente que además, traspasa cualquier mínimo de decencia: la sombra de la corrupción. Nunca la mujer del César tuvo tantos motivos para parecer honrada, además de serlo, como en su desembarco en cualquiera de las instituciones citadas. Pero sobre todo, nunca como ahora, los encargados de controlar que esta honradez sea y parezca, el PSOE y el PP con el apoyo de Unidas Podemos, tenían que haberse esmerado tanto como en la elección de sus candidatos/as para integrar el Constitucional.

El Partido Popular lleva años -los equivalentes a los que lleva el CGPJ en funciones, casi tres años- cacareando una reforma del sistema de elección del poder judicial que garantice la independencia de los jueces, esto es, según el principal partido de la oposición, que juezas y jueces se elijan entre ellos y las asociaciones que los representan, donde ni están todos los que son ni son todos los que están. El PP pretede hurtar a la Cámara soberana, al Parlamento, al poder legislativo, a todas nosotras que lo elegimos en elecciones generales, la capacidad de intervenir en esos nombramientos. De inicio, y teniendo en cuenta la mayoría conservadora de las asociaciones judiciales, el sistema de Casado pinta muy bien para el PP y Vox. Para el resto, "ya tal".

Pese a todo, y a su negativa para renovar el Consejo, el PSOE ha pactado con el PP renovar el Tribunal Constitucional e incluso con el espectáculo lamentable al que asistimos este martes en el Congreso, los socialistas se felicitan por ello. Ni siquiera han cumplido los mínimos, pero PP y PSOE se dan palmadas en la espalda al otro y en el pecho a sí mismos mientras Unidas Podemos, que ha apoyado los nombramientos opta por la táctica del avestruz: cabeza gacha, a ver si escampa. Si se acatan para el Constitucional los nombramientos de Arnaldo o Concepción Querida Concha Espejel, apartada del juicio de la Gürtel por su vinculación al PP, ¿qué no se hará con una renovación del CGPJ con los buitres partidistas sobrevolando en círculos? Duele la democracia solo de imaginarlo.

¿De verdad el Partido Popular no conoce a jueces y juezas completamente desvinculados de cualquier trama de corrupción, encima, ejecutadas por dirigentes de su propio partido? Sí, ya sé que son muchas las causas que arrastra el PP en los juzgados -y me huelo que la Gürtel aún va a dar sorpresas-, pero algún o alguna magistrada tendrán en sus agendas que no haya sido imputado, contratado a manos llenas por las administraciones del PP o que no haya sido grabado en conversaciones sonrojantes para cualquiera, no digamos un magistrado del Constitucional. ¿Cómo ha podido el PSOE tragar con esto? ¿Y Unidas Podemos, con el cadáver político de Alberto Rodríguez aún caliente por obra y gracia de otros jueces cuestionables?

Creo que las líneas rojas están claras para cualquier juez o jueza, no digamos al más alto nivel del Estado: capacidad probada, independencia a la hora de actuar por encima de ideologías políticas, creencias o gustos musicales; respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y estar en el lado correcto de la historia, que son la incorruptibilidad y su apariencia, y no el fascismo, que decía Ayuso, corrupto y criminal hasta las trancas.