Si las manifestaciones de Cádiz se hubieran producido antes de la pandemia, los trabajadores del metal podían darse por jodidos: un contenedor quemado es una criminalización sin retorno. Pero que la huelga de varios días se desarrolle ahora, cuando la recuperación económica se ralentiza; una sexta ola de Covid amenaza, sobre todo, a Europa; los precios de la luz y el combustible siguen disparados y, en general, un profundo descontento social planea sobre el país que, pese a las medidas de emergencia sin precedentes desplegadas por el Gobierno progresista, como el Ingreso Mínimo Vital o el mecanismo inédito de los ERTE, encadena una crisis tras otra sin resolver la anterior y donde, sobre todo, son los trabajadores y los pequeños empresarios los que pagan el pato de una década de recortes, pérdida de poder adquisitivo, precarización también de derechos (jornadas infinitas que no se cobran en su totalidad, ausencia de conciliación, cadenas de subcontrataciones sucesivas...) y el desempleo, siempre el desempleo, que en Cádiz alcanza el récord con cerca de un 25%.

Lo contábamos aquí: las protestas del metal han sido siempre muy potentes e incluyen una contundencia correspondiente al incremento del ninguneo de la patronal a las reivindicaciones, un ninguneo que en este caso es extrapolable a la mayoría de sectores obreros de España: los trabajadores gaditanos quieren salarios y convenios dignos y estables, respectivamente proporcionales al coste de la vida y el contexto de cambio, sea tecnológico o social. No parece ningún disparate.

Leía estos días un comentario en las redes sociales, apoyando la huelga mayoritaria en Cádiz -a la que se han unido estudiantes o pensionistas entre aplausos de ciudadanos y ciudadanas-, que cargaba duramente contra quienes criminalizan a los que luchan por lo que es, al fin y al cabo, la justicia laboral universal. Venía a decir que cuando se saltan tus derechos de trabajador para obtener más beneficios, se llama "negocio", pero cuando peleas por lo que te pertenece según la Constitución y las normas internacionales, se llama "violencia". No se me ocurre, desde luego, mayor violencia que la que se ejerce contra familias que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar hipotecas, la factura de la luz o la comida y la ropa de sus hijos pese a tener trabajo; o algo a lo que llaman así.

A los trabajadores del metal les ha salido estos días un adversario en esta huelga, donde el sector cuenta, sin embargo, con una empatía social pocas veces vista: Jusapol, un sindicato impulsado por Ciudadanos y que ha pasado a la órbita de Vox, radicalizándose del mismo modo que la ultraderecha. No sé si Santiago Abascal es consciente de que con el papel que están haciendo sus hombres armados de Jusapol, la estrategia de la defensa del obrero por parte de su partido se queda en pelotas. En Público hemos informado a fondo sobre Jusapol, Ciudadanos, PP, Vox y todo este entorno experto en cánticos pacíficos, como el "A por ellos".

Por incomparecencia de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior que, para más inri, es diputado por Cádiz, los voceros de Jusapol han ocupado las pantallas de las televisiones esta semana larga de huelga en Cádiz y no las sueltan. Lo hacen para criminalizar las protestas de los trabajadores del metal, cuyas reivindicaciones dicen apoyar pero que, en realidad, les importan un higo y lo demuestran torpemente mintiendo sobre la agresividad de las huelgas con la impunidad que dan el casco, el chaleco antibalas y la pistola lanzapelotas, tan cuestionada como elemento represivo en estas situaciones.

La paradoja es que Jusapol también se va a manifestar próximamente, pero en este caso, no para ampliar derechos, sino para limitarlos en nombre de la seguridad y el orden, en nombre de un país en blanco y negro. Jusapol pide que el Gobierno no derogue la ley mordaza que da carta blanca a la Policía para cometer excesos y abusar tanto de la presunción de veracidad como del uso legítimo de la fuerza que le vienen de serie. Jusapol se manifiesta, en definitiva, por que se preserve su "principio de autoridad", dicen, sobre la estricta vigilancia y control de la libertad de expresión, el derecho a la información o de manifestación. Mientras, el sector del metal pide derechos laborales dignos.

Es un hecho casi indiscutido que la salida de una tanqueta militar reconvertida en barremanifestantes -un bicho de metal con ruedas ciertamente intimidante- fue un error del ministro Marlaska al que la vicepresidenta Yolanda Díaz hubo de pedir contención y respeto a los trabajadores, estudiantes o pensionistas, con éxito, porque la bestia no volvió a verse por las calles gaditanas. La huelga sigue y el Gobierno se divide entre la defensa de la institucionalidad, la que sea solo porque es, y la crítica a los abusos de esa institucionalidad, esto es, entre el PSOE y Unidas Podemos. En privado, no obstante, muchos dirigentes socialistas reconocen que las imágenes de las cargas policiales y el exceso de la "dichosa tanqueta" no favorecen en absoluto a la imagen de un Gobierno progresista en un momento de reivindicación global de derechos laborales, empezando por EEUU y sus cuatro millones de trabajadores dimisionarios por mes y siguiendo por los/as sanitarios españoles que huyen de España por las condiciones infames en las que trabajan. Las prioridades han cambiado y la exigencia del derecho a un trabajo digno empieza a marcar un cambio de época. La criminalización de las huelgas y de las manifestaciones, incluso de la quema de contenedores o neumáticos, cuando de lo que se trata es de abolir la esclavitud moderna, cotiza a la baja. Solo se trata de saber quién te representa, no quien finge hacerlo.