A principios del año 2012  viví  y participé en el Congreso de los Diputados en uno de los debates más funestos que se recuerdan para las izquierdas. Me refiero al pleno del día 10 de febrero de 2012, momento en el que se aprobó la convalidación del Real Decreto Ley de la reforma laboral del Partido Popular. Esa norma supuso (y supone, por desgracia) una losa terrible para la clase trabajadora en el momento mas crudo de la crisis económica que había empezado por el año 2007. Ya en el año 2010, el PSOE había abierto el camino de la pérdida de derechos laborales. Pero en el 2012, el PP tenía una mayoría absoluta recién conseguida y estaba dispuesto a hacerla valer para ir mucho más lejos. Se impuso un abaratamiento de los costes de despido, se abrieron las causas para las extinciones de contrato de tipo objetivo (los despidos más baratos) de forma antes inimaginable, se convirtió las modificaciones de condiciones de trabajo y los traslados de los trabajadores en decisiones unilaterales de los empresarios, se facilitó los EREs y los descuelgues de convenio, se puso todas las trabas imaginables a la negociación colectiva, se inhabilitó a las comunidades autónomas en su capacidad de autorización de los expedientes de regulación de empleo y se supeditó los convenios autonómicos a los de ámbito estatal.

El gobierno de Mariano Rajoy aprobó todos esos recortes de derechos en un Real Decreto Ley sin contar en ningún momento con la opinión de los sindicatos ni de ninguno de los partidos de la oposición. Durante el pleno de convalidación de la reforma laboral del PP, hubo un clamor general de toda la izquierda: no se pueden cambiar las reglas del juego sin dialogo.

Esta reforma laboral dio lugar a una de las huelgas generales mas multitudinarias que se recuerdan. Y la derogación de la misma se convirtió en la principal reivindicación y en el gran punto de encuentro de toda la izquierda durante la última década.

A inicios de 2019 se conformó un gobierno progresista entre dos partidos que también se habían comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012. Además, la cartera de trabajo recayó en una militante del Partido Comunista, especialmente beligerante con los derechos laborales recortados hasta entonces. La expectativa,  pues, era clara y centraba todas las miradas: había que derogar la reforma laboral.

Llegados a diciembre de 2021 y cumplidos casi dos años desde la conformación del gobierno progresista, por fin se presento lo que debía ser la derogación de la reforma laboral. Pese a las grandes gesticulaciones del gobierno, a día de hoy, resulta evidente que la norma propuesta ni deroga la reforma laboral ni afecta a sus aspectos más lesivos. No modifica nada relacionado con los despidos, con las modificaciones substanciales de las condiciones de trabajo, ni con la situación de los trabajadores en paro, para poner solamente tres ejemplos.

Cierto que esta reforma laboral encuentra su base en las exigencias de las instituciones europeas como contrapartida a los fondos next generation y que fueron abordadas por parte del ministerio, como no podía ser de otra manera, con los agentes sociales. Como cierto es que los sindicatos consiguieron recuperar alguno de los derechos prohibidos. De esta forma, se modificó por lo menos parcialmente, la aplicabilidad de convenios de sector, las condiciones de los trabajadores subcontratados y la regulación de los contratos temporales. Las negociaciones, indudablemente, tuvieron que ser muy duras para unos sindicatos que habían sido tan combativos como el que más en la exigencia de derogación total de las dos reformas laborales de 2010 y 2012.

Por  todo ello el problema de esta reforma laboral no radica en el acuerdo con los sindicatos, sino en la negativa absoluta del gobierno español  a negociarla, también, con los partidos políticos. No se puede exigir a ninguna fuerza política de izquierdas que renuncie a la derogación de las reformas laborales en pro de unas negociaciones con la patronal de las que, además, ni siquiera ha tenido conocimiento, tal como repetidamente ha denunciado el diputado republicano Jordi Salvador,  hasta su finalización. Como no se  puede reprochar al republicanismo, que es perfectamente conocedor que la aritmética parlamentaria posibilitaría recuperar otra parte de los derechos arrebatados en el 2012, que lo acepte sin rechistar. Todo ello reclamado por parte de Esquerra Republicana desde la centralidad, desde el sentido común de reclamar una tramitación parlamentaria y desde la coherencia de haber actuado siempre en el Congreso de los Diputados al lado de las demandas de la clase trabajadora.

Por todo ello y de igual manera, tampoco se puede esperar que se renuncie a discutir en el parlamento una de las leyes que más afectación puede llegar a tener sobre las condiciones materiales de vida de las personas trabajadoras. Desde un punto de vista republicano, la representatividad política que ostentan los parlamentos es uno de los valores más preciados de la ciudadanía. O sea,  resulta incomprensible la cerrazón del gobierno negando incluso la posibilidad de presentar y debatir enmiendas sobre el texto planteado. Es decir, iniciar un proceso de diálogo transparente y público entre los grupos parlamentarios de izquierda que hubiese permitido  pactar acuerdos, redactar enmiendas conjuntas, coincidir en objetivos para poderlos concretar y trasladar posteriormente donde mejor hubiese convenido.

Es incomprensible que PSOE y Unidas Podemos  hayan renunciado tan ligeramente a su compromiso de derogación de la reforma laboral. Y además resulta del todo injustificable que presenten  una carencia que ya caracterizó la reforma laboral de 2012: la falta de diálogo. Un déficit muy propio de las derechas,  pero incomprensible si parte de un gobierno que se pretende  de otro cariz.