Hagamos un poco de memoria. En los Sanfermines de 2016 cinco hombres encerraron a una mujer en un portal y la condujeron a un habitáculo sin salida de 2,73 metros de largo por un metro de ancho. Allí, le desabrocharon el sujetador, le bajaron los leggins y el tanga y la violaron entre todos en repetidas ocasiones. Según los hechos probados en la sentencia, fue penetrada múltiples veces por boca, vagina y ano.

Pese a estes hechos probados, en dos ocasiones, ¡en dos!, los tribunales absolvieron del delito de violación a los acusados al no existir, según el relato judicial, violencia o intimidación en los hechos. La sin-razón de la justica, que la víctima non mostrara resistencia durante la violación grupal. Para los tribunales, de acuerdo con el Código Penal en vigor, la mujer fue víctima apenas de un delito de abuso. La conmoción social generada por tal sentencia es bien conocida y fructificó en una ley que supone un cambio radical en la protección de las mujeres.

Desde 2017, el movimiento feminista en Galiza y en el conjunto del Estado inició una campaña de movilización bajo un lema que era toda una declaración: no es abuso, es violación.

Un lema que reclamaba la modificación de la ley para que nunca más una mujer agredida sexualmente, una mujer violada tuviese que demostrar que se resistió lo suficiente; para que nunca más sean las víctimas quienes tuviesen que someterse al escrutinio público, a la duda, a la culpa, al dedo acusador de un sistema que las señala por non moverse, por quedar paralizadas, con los ojos cerrador intentando que el horror acabase lo antes posible.

Colocar el consentimiento como elemento central a la hora de determinar la existencia de un delito contra la libertad sexual marca un antes y un después en la lucha contra la violencia machista, y es un logro extraordinario del movimiento feminista que reclamaba una modificación del Código Penal español, cambio que las instancias internacionales también consideraban necesario.

Por ejemplo, en 2020, el GREVIO, -órgano que interpreta el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica-, concluyó que el Estado español tenía que mudar su Código Penal para que la violación fuese consideraba siempre acceso carnal sin consentimiento, con independencia de que exista o no violencia e intimidación. Es decir, que nadie puede violarnos o agredirnos sexualmente y que es irrelevante si la violación te paraliza o si te resistas hasta que te maten, porque lo que determina la existencia del delito es que no querías tener relaciones sexuales con esa persona. Y punto.

La Ley integral de libertad sexual lo hizo, puso el consentimiento en el centro y situó a la legislación española dentro de los marcos internacionales. Pero, además, creó y diseñó un sistema de protección, apoyo y acompañamiento dirigido a las mujeres víctimas de violencia sexual reconociéndolas, por vez primera, como víctimas de violencia machista.

Desde su entrada en vigor, el PP inició una campaña de ataque contra los derechos y avances logrados en la Ley del sólo sí es sí, una campaña con el único objetivo de volver atrás, retroceder a lo que había, porque avanzar es un verbo que el PP conjuga muy mal cuando se trata de los derechos de las mujeres.

Volver a lo de antes, a lo que había en el Código Penal significa obligar de nuevo a las mujeres a demostrar que nos resistimos y que, además, nos resistimos suficientemente como para merecer que la Justicia condene por violación a quien nos viola.

Estamos ante una campaña furibunda y sin escrúpulos por parte de la derecha totalmente despreocupada por las consecuencias que sus ataques a la Ley del Solo sí es sí pueda tener sobre las víctimas, porque están poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres a la hora de denunciar la violencia machista y están generando dudas sobre la protección, las garantías y la condena social y judicial a los violadores.

En el BNG fuimos claras desde el inicio: si hay algún efecto indeseado en la aplicación del Código Penal y se están reduciendo judicialmente penas que non corresponderían, que se analice y que se introduzcan los cambios oportunos. Pero ojo, que no se toque ni un milímetro el consentimiento como elemento central da Ley, ni el sistema de protección que articula para las mujeres víctimas de la violencia sexual.

Porque esa es la gran conquista del feminismo, de millones de mujeres en todo el Estado movilizadas y organizadas desde 2017 para llegar hasta aquí. Lo demás, carroñerismo político de la derecha de siempre, por eso entristece ver cómo el PSOE parece dejarse llevar por el ruido y la furia, en lugar de mantenerse firme en la defensa de los derechos que permiten avanzar. Desde luego, el BNG seguirá al lado de las mujeres y por eso defendemos que el consentimiento no se toca y que sólo sí es sí.