No hay dos sin tres, y La Directa lo ha vuelto a hacer. Esta semana ha destapado al tercer policía infiltrado en movimientos sociales, esta vez en València. El agente R.M.F. ha conseguido la gran hazaña de infiltrarse en un colectivo vecinal, una red de alimentos y un grupo de apoyo a las personas migrantes que malviven en una fábrica abandonada del barrio. Son colectivos que publicitan todo lo que hacen, que tienen sus puertas abiertas y que son bien conocidos en el barrio. De hecho, muchos vecinos tienen sus huertos urbanos en el CSOA L’Horta, y muchos otros llevan a sus niños y niñas allí a jugar y a relacionarse con otros vecinos. Es un espacio conquistado por los vecinos, que tiene sus puertas abiertas, y por donde pasan miles de personas cada año.

El barrio valenciano de Benimaclet es conocido por ser uno de los epicentros de las luchas vecinales y base de numerosos movimientos sociales de la ciudad, que cuentan con un histórico enraizamiento y con la presencia de numerosos estudiantes, dada su cercanía a las universidades. No es casual que se eligiese este barrio, ni lo es tampoco los colectivos y espacios vecinales donde se infiltró este agente. Lo que resulta curioso es que su mayor implicación fuese en una de las campañas contra un plan urbanístico que pretende arrasar una parte de la huerta que queda en el barrio para construir 1.300 viviendas, llegando incluso a ser parte de un sabotaje contra las obras.

Aquí cabría preguntarse si, más allá de la monitorización de estos movimientos y la elaboración de fichas de personas por su ideología, el agente tuviese como misión defender un proyecto urbanístico. Es decir, un interés empresarial, y no un bien público o ni siquiera desarticular una banda criminal organizada. Esta información ha pasado desapercibida, pero se suma a los interrogantes de este tipo de operaciones contra organizaciones sociales y vecinales, cuyo quehacer habitual es la defensa de los barrios contra la especulación y la gentrificación. Algo que también pasó con el primer infiltrado destapado en Barcelona por La Directa, Marc, quien se había infiltrado también en los movimientos de vivienda. La participación del agente en esto, así como sus intentos de, a través de estos grupos en València, llegar a colectivos feministas y antifascistas (sin más éxito que participar en sus movilizaciones, que eran públicas), ponen de manifiesto una vez más que nadie está a salvo de ser engañado, manipulado e instrumentalizado por el Estado, que se pasa por el forro varios derechos de la ciudadanía, como el de organizarse y discrepar, sin tener que dar ninguna explicación.

La excusa de Marlaska el otro día, ante el escándalo destapado por La Directa sobre el policía infiltrado en movimientos vecinales de Sant Andreu, Barcelona, que abusó sexoafectivamente de varias mujeres, fue que aquí no se investiga a nadie por su ideología. Lo remarcó insistentemente. Excusatio non petita, recuerden. Lo que es cierto es que esos ficheros existen, aunque no lleven membrete de ningún Ministerio ni se hagan bajo ningún mandato judicial, y que la labor de estos agentes es precisamente esta: ver quién se junta con quién, engañar y minar la confianza y sembrar el miedo de las personas que deciden organizarse para cambiar las cosas. La supuesta prevención del delito es lo que habría motivado estas prácticas, según el ministro, sin concretar qué delitos se ha evitado ni qué peligroso grupo estaba preparando qué.

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De eso llevan años encargándose medios de comunicación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, extendiendo el relato de los grupos ‘violentos’ para referirse a cualquier colectivo que cuestione y combata las desigualdades del capitalismo. Una vez deshumanizados y criminalizados por el relato oficial, cualquier cosa que se haga contra ellos estará justificada y aplaudida incluso por la ciudadanía, ya sea una carga policial, una detención, una acusación basada únicamente en la versión policial, torturas, abusos o una infiltración como la destapada por La Directa. Consiguiendo que una parte de la ciudadanía no solo lo avale, sino que lo celebre. Y esta es la gran victoria de cualquier dictadura, aunque hoy en día se haga bajo pátina democrática.

Mientras, estos días nos han regalado otras noticias que demuestran cuales son las prioridades y las preocupaciones del Estado. Delegación del Gobierno permitió un desfile nazi en Madrid el pasado sábado para rendir homenaje a los combatientes españoles por Hitler. También permitió a un agente israelí acudir armado a la Universidad Complutense de Madrid y que uno de estos apuntase a un manifestante durante las protestas contra la presencia de la embajadora israelí, sin que los policías españoles presentes hiciesen nada.

Está por ver si la demanda contra el agente que mantuvo relaciones con varias activistas prospera y se abre el merecido procedimiento que ponga en el centro del debate los límites y la instrumentalización de la acción policial contra movimientos sociales. También que se aclare el uso de recursos públicos para tales propósitos, incluso de plazas en las universidades que los agentes consiguieron bajo identidad falsa, un hecho que ya investiga la Universitat de València. También si existe algún tipo de mandato judicial que ampare esta operación simultánea de los hasta ahora tres agentes descubiertos, que coincidieron en su promoción en la academia de Policía. Y, por último, quién ordenó esta operación, con qué propósito, y si esto va a seguir formando parte de un sistema que se dice democrático.

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También se echa de menos una mayor contundencia por parte de los socios del Gobierno ante tales atropellos, más aún sabiendo que ellos mismos no están fuera de esta ecuación, como bien demostró Pegasus, y como bien debieran saber ya. La pregunta es hasta donde están dispuestos a tragar, y cuanto más nos van a hacer tragar al resto. Lo que no van a conseguir es que estos dejen de pensar y reivindicar lo que creen que es justo. Quizás quienes se dedican a ponerlos constantemente bajo sospecha no han entendido todavía que quienes participan en los movimientos sociales lo hacen por convicción. Por amor. Por sentirse responsables con la ciudadanía y partícipes de la solución. Y no por poder ni por dinero, como los polis infiltrados y quienes les mandan. Y esto es lo que más les jode.