Alberto Carrio Sampedro
Profesor Asociado de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Casal

La actual crisis económica que azota Europa constituye, en una lectura positiva, la demostración palpable de la incapacidad decisoria de los órganos de gobierno de la Unión. Lo positivo de la lectura se refiere obviamente a la aceptación del actual modelo económico y a la manifiesta parálisis que han mostrado las autoridades gubernamentales y monetarias de la Unión en relación, por ejemplo, con las decisiones adoptadas en Estados Unidos. La lectura negativa nos obliga, por el contrario, a asumir el fracaso del proyecto común europeo ante lo que se ha dado en denominar el ataque de los mercados. En este último caso, las razones del fracaso se sustentan en que en su mejor versión el proyecto común aspiraba a pacificar la región como paso previo a promover una genuina gobernanza mundial y, en consecuencia, a la construcción de un nuevo modelo institucional que permitiera alcanzar un mundo más justo, igualitario y sostenible.

Dado que los gobernantes europeos se manifiestan con diferentes voces pero con identidad de criterio a la hora de reconocer la ralentización del proyecto pero no así su fracaso, parece conveniente analizar con atención cuáles son los argumentos sobre los que se sostiene la lectura positiva.

El presidente Rajoy argumentaba estos días, como antes lo hizo el presidente Zapatero, que lo doloroso de las medidas económicas que ahondan en la desprotección social se justifica por la falta de liquidez del Estado y la consecuente desconfianza que este hecho genera en los mercados financieros. Este ha sido también el argumento manejado por el ministro de Guindos en la cumbre del FMI la pasada semana en la que fue acogido, según sus propias declaraciones, con especial interés. No es de extrañar por tanto que, como señala Phil Suttle, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, "España se haya convertido en un auténtico test para la cuestión fundamental que afronta Europa".

El test consiste en analizar la reacción de los mercados ante las políticas de austeridad y disminución de la protección social en la Europa de la Unión, cuya punta de lanza la constituye en estos momentos el gobierno español. De acuerdo con este argumento el test está diseñado para medir el impacto de los mercados en las políticas sociales o, si se prefiere, el impacto que tienen las políticas de austeridad social en la confianza del mercado. Este argumento, manejado habitualmente por los gobernantes europeos bajo la promesa de la recuperación económica y social que había alcanzado en su conjunto la Europa de la Unión es, a pesar de su aparente corrección, totalmente implausible ya que, como se verá, implica asumir, la derrota del proyecto común.

El argumento, como es fácil comprobar, consta de dos pasos. El primero asume que la recuperación económica nos devolverá a una situación política deseable. Es decir, que el equilibrio alcanzado entre la protección social y la estabilidad financiera tiempo atrás constituye un local óptimo o, si se prefiere, un status quo inmejorable. El segundo paso consiste en afirmar que la recuperación de la confianza de los actores financieros permitirá restablecer el equilibrio. En otras palabras, en el reconocimiento de que los especuladores financieros son parte activa en el diseño de las políticas públicas. El argumento deviene implausible desde el momento mismo en que se repara en que los intereses de los actores en juego son radicalmente incompatibles. La finalidad de todo actor financiero es maximizar su beneficio, mientras que la del Estado en el diseño institucional resultante del proyecto común europeo es distribuir la riqueza y promover la igualdad de oportunidades. Dado que para ponderar entre ambos criterios es necesario decidir primero cuál tendrá prioridad es preciso saber qué criterio es el preferente.

El argumento es, además, autofrustrante para el proyecto que alumbró la Europa de la Unión. Esta autoderrota de la política europea puede entenderse mejor si sometemos el argumento a lo que en el ámbito de la teoría moral se conoce como el Reversal Test. Si la respuesta que ofrece el test planteado a la inversa no es satisfactoria, disponemos de buenas razones para sospechar de la corrección del argumento. Veamos pues cuál es el resultado de someter el argumento al test inverso.

Reconocer a los especuladores financieros como actores en el diseño de las políticas públicas implica asumir sin más cortapisas la corrección del criterio de eficiencia. Ello conlleva priorizar este criterio en el diseño de las instituciones públicas o, lo que es lo mismo, renunciar a la consolidación de un criterio de justicia independiente de las fluctuaciones del mercado financiero. Lo contrario exigiría suponer que los especuladores financieros están dispuestos a sacrificar la maximización de las ganancias en beneficio de la justicia social lo que, además de injustificadamente oneroso para ellos, resulta incongruente con el principio de eficiencia que define la acción en el mercado financiero. Pero es el segundo paso del argumento el que asesta el golpe definitivo al proyecto común europeo. Asumir que el status quo alcanzado tiempo atrás representa un local óptimo que puede ser recuperado mediante el sacrificio temporal de la protección social conlleva aceptar el estado de equilibrio entre eficiencia y justicia. Es decir, una situación inmejorable que no admite ningún tipo de variación al alza o a la baja. La conclusión que se deriva de ello es ciertamente desoladora. El estado de equilibrio viene definido por las ganancias que obtienen determinados individuos de la desnutrición, la ausencia de medicinas asequibles, la imposibilidad del acceso al agua potable, a la educación en condiciones de igualdad o el desastre ecológico al que se encuentra sometido el planeta. La desolación no sólo proviene de la tremenda inmoralidad sobre la que se fundamenta este tipo de ganancias sino también de que, aun para los más escépticos ante los argumentos morales, este tipo de acción es imposible de universalizar por la sencilla razón de que resulta autodestructiva. Es decir, irracional.