Quienes conocen bien a Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exlíder de Compromís, han mantenido siempre que es inocente; que no había prueba alguna que sustanciase la acusación contra ella que la extrema derecha llevó a los tribunales. Los ultras aseguraban que Oltra y su equipo habían intentado proteger a su exmarido -inmerso en un proceso de delitos sexuales contra una menor por el que ya ha sido condenado- desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Oltra aseguró ante el juez, y ante la opinión pública, que no había tal cosa porque ella no se había enterado del asunto hasta que una notificación judicial le informó en casa de que la Fiscalía había abierto diligencias, el 4 de agosto de 2017. Por tanto, no pudo interferir en algo que desconocía, como ha confirmado el informe policial.

El caso es complicado y muy delicado, al tratarse del exmarido de una vicepresidenta que, además, tenía las competencias del departamento al que correspondía el seguimiento del asunto y, pese a la seguridad en su inocencia y en que se trataba de una campaña despiadada de la ultraderecha muy bien acompasada por el Poder Judicial valenciano, Compromís se vio obligado a prescindir de su activo principal en País Valencià. El día que dimitió, Oltra dejó un mensaje muy clarificador, parafraseando al de Martin Niemöller sobre la cobardía de quienes callan ante las injusticias: "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes".

Resulta abrumadora, más ahora si cabe, la noticia sobre la falta de pruebas de la Justicia para imputar a Oltra un delito tan grave en un contexto tan doloroso y, encima, dilatarla en el tiempo, exactamente, hasta después de las elecciones del 28 de mayo que devolvieron el poder a la derecha, hermanada con los mismos fascistas que denunciaron a la vicepresidenta e hicieron una campaña basada en falsedades ya demostradas: no existían correos ni "órdenes verbales" previas a la actuación de la Fiscalía para encubrir al abusador, como aseguró la fiscal Teresa Gisbert en un escrito demoledor, que apenas dejaba margen de duda. El prestigio de Gisbert, además, en materia de compromiso y experiencia contra la violencia machista, ha avalado este tiempo el lawfare montado por el fascismo y desmontado ahora tras conocerse el informe policial del 10 de mayo negando correos u órdenes anteriores a la notificación judicial. Hoy se mira, sobre todo, a Gisbert con estupefacción: no es que no haya pruebas, es que no hay ni indicios que expliquen siquiera la apertura del caso.

También ha servido el caso de Oltra, una cloaca judicial de libro, para que los oportunistas de turno salgan a decir que ellos/as ya lo dijeron, que la exvicepresidenta era inocente y algunos/as no la apoyaron y la dejaron dimitir, y bla, bla, bla. Una guerrilla más en esa guerra de guerrillas en que se ha convertido la izquierda para ver quién tiene la fe más pura y el puño más gordo. El compañero Miquel Ramos explicó perfectamente en Twitter el asunto carroña, así que aquí lo dejo y no quito ni añado nada más: "Quienes estáis usando el caso del lawfare contra Monica Oltra para meterlo en calzador en el tema de las negociaciones Podemos-Sumar, y más desde fuera del País Valencià, sois puta basura".

Vuelco en la investigación contra Mónica Oltra: los correos descartan que se taparan los abusos de su exmarido a una menor

La cuestión nuclear no es que Oltra dimitiera o no, lo hiciera forzada por el presidente socialista de la Comunitat Ximo Puig, por el desgaste de la institución y/o de su partido o por iniciativa propia. La talla política de Oltra se mantiene intacta, si no ha crecido con este caso, y cuando se cierre esta falsa causa, podrá retomar su carrera política si quiere, no me cabe duda (que le pregunten a Lula da Silva si se puede). El problema lo tenemos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no hay más que recordar, por un lado, el bloqueo al que lo tiene sometido el PP desde hace más de cuatro años (para cinco), garantizándose una mayoría ilegítima (e ilegal, si nos atenemos a la Constitución) y, por otro, quién se encarga de los más altos nombramientos en las instancias judiciales de los territorios, autonómicos y provinciales.

El PP controla por la puerta delantera (no se cortan, ya saben) el CGPJ, ergo, por extensión, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que imputa a Oltra porque es aforada y sin indicio alguna, a tenor del informe policial del 10 de mayo -bajo secreto hasta el 6 de junio-. Pasa la campaña electoral, las elecciones autonómicas y municipales del 28-M ... Et voilà! Recupera el PP el poder y sube a Vox en su carro, justamente, el partido vinculado a los denunciantes de Oltra, cuyo reguero de manipulaciones a la menor abusada también ha dejado una baba negra en la causa. Un lawfare impecable para neutralizar a una buena candidata y líder de Compromís; una cloaca que no habría sido posible sin la colaboración del poder judicial... pero vamos a seguir con los puestos en las listas, que yo tengo la fe más pura y el puño -que no puñeta- más gordo.