Este sábado 1 de julio hará ocho años que entró en vigor la llamada ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, pero que, pese a los compromisos del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de derogarla, sigue vigente, además, a pesar de las advertencias de organismos internacionales como el Consejo de Europa: la Comisión de Venecia ha alertado al Estado español sobre la precaria situación de la libertad de expresión en nuestro país, por culpa de la oficialmente llamada ley de protección de la seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal que vio la luz junto a ella.

Manifestaciones pacíficas de ONGs por denunciar vulneraciones de derechos, activistas, periodistas y gente anónima que han ejercido, asimismo, su derecho de manifestación, protesta o expresión sin violencia se han visto condenadas por la ley mordaza, con multas que afectan a más de 250.000 personas, denuncia, por ejemplo, Amnistía Internacional. Muchas de estas sanciones se han producido sin derecho a réplica ante la impunidad y el poder que esta norma represora otorga a los y las agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Si el 23 de julio, PP y Vox acceden al Gobierno, la (ultra)derecha dispondrá no solo del autoritarismo que le es propio contra la libertad de expresión, el derecho de manifestación o la libertad de prensa, sino de una ley y un Código Penal hechos a medida para castigar a la disidencia solo por el hecho de serlo. Y a la actualidad me remito, para que vayan tomando nota.

Estos días, el archiamenazado escritor Roberto Saviano, muy conocido por sus obras sobre y contra la mafia italiana, ha estado con la cuarta audiencia de su juicio en Roma por presunta difamación a la hoy primera ministra Georgia Meloni en el programa televisivo Piazzapulita: el escritor llamó "bastarda" a la entonces líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, hermano de Vox, por la utilización que tanto ella como su vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, hacen de la inmigración.

Las palabras del escritor fueron éstas, traducidas al español: "Os habrá venido a la memoria toda la basura lanzada contra las ONG, a las que llaman taxis del mar o cruceros. Solo me sale decir: bastardos. A Meloni y Salvini, bastardos, ¿cómo podéis?". Salvini, al que Saviano coronó con un "ministro de la Mala Vida", expresión ésta que se refiere a la mafia, también lo ha denunciado; y no solo: Gennaro Sangiuliano, hoy ministro de Cultura, se ha querellado contra el autor de Gomorra (2006) por decir éste que, cuando Sangiuliano fue director del informativo del segundo canal de la televisión pública RAI, "su único mérito fue servir" a la (ultra)derecha, la cual, por cierto, le ha hecho ministro. Nada menos.

Todos contra Saviano desde el Consejo de Ministros de la República de Italia por decir lo que piensa sobre hechos, sin duda, más que cuestionables, como las políticas migratorias xenófobas de Meloni y Salvini. No basta con que el escritor viva desde hace lustros escondido, escoltado y amenazado de muerte por el crimen organizado, sino que su propio Gobierno, responsable de protegerlo, quiere condenarlo también a callarse; Salvini ya advirtió en 2018 de que revisarán lo de que Saviano lleve escolta. Desconozco cuál será la sentencia de unos tribunales que, de inicio, han negado este martes a la defensa de Saviano que declare Meloni, pero extrapolando la situación y teniendo en cuenta el estado del Poder Judicial en esta España nuestra, algunas ya podemos ir preparando la cartera como mínimo; y ríanse ustedes de la ley mordaza hoy.