18/06/200820/09/2017

FÉLIX PANTOJA

Un tema de recurrente actualidad, y por muchas razones aunque no todas siempre debidamente explicadas, es el del funcionamiento de la Administración de Justicia. Para los que entendemos la Justicia como un servicio público que presta el Estado a sus ciudadanos, decisivo para el mantenimiento de la paz social y para que el Estado de derecho sea posible, la buena praxis de la justicia, su perfeccionamiento y su eficacia, son instrumentos imprescindibles para una adecuada calidad de vida, de modo que los ciudadanos puedan confiar en que la resolución de sus conflictos se realizará con las mayores garantías técnicas, en plazos razonables, y todos, ricos y pobres, poderosos y desvalidos, en condiciones de igualdad y en la esperanza de que sus argumentos van a ser escuchados, estudiados y resueltos por funcionarios imparciales y competentes, conforme a lo que las leyes que hace el Parlamento establecen, igual para todos.
Para ello, hacen falta jueces preparados y convencidos de su función pública, en la que el poder judicial que detentan y que la sociedad democrática les ha confiado, encuentra su significado; fiscales que defiendan la legalidad y promuevan la acción de la justicia y el interés social con imparcialidad y eficacia democrática; secretarios judiciales que, de igual modo, velen porque el proceso sea acorde con sus reglas y garantice la igualdad de las partes; y abogados defensores que defiendan a las partes con igual interés, celo profesional, dedicación y conocimiento cabal del servicio público que contribuyen a prestar, con independencia de las posibilidades económicas, sociales, políticas, o de la posición procesal de sus defendidos.
A todo ello, cabe añadir una adecuada organización administrativa dotada de medios materiales ágiles y modernos, y de funcionarios responsables con su trabajo y función pública. Y en todos los casos, y en la actuación de todos y cada uno de estos actores, debemos plantear aquellas propuestas tendentes a mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

En ese camino, y con la intención de perfeccionar este esencial servicio público para que garantice mejor el principio de igualdad, permitiendo que todos los ciudadanos puedan acceder a la tutela judicial efectiva en las mejores condiciones posibles, sin distinción ni discriminación por razón de capacidad económica, social personal o procesal, debemos plantearnos estudiar la conveniencia de crear una Institución como el Ministerio Público de la Defensa, de carácter estatal y público, mediante una ley que regule su Estatuto Orgánico, que al modo del Ministerio Fiscal, pero desde la posición procesal de la defensa, se encuentre a disposición de los ciudadanos más vulnerables, como parte del servicio público de la Justicia, para todas las situaciones en que estos han de defender sus derechos en los distintos ámbitos jurisdiccionales, como es el caso de los que tienen su capacidad de obrar disminuida, u otros como menores, presos, inmigrantes que ven limitadas sus libertades, víctimas cuando ejercen sus derechos en el proceso, o simplemente acusados que carecen de recursos para acometer su defensa, o, con carácter general, aquellos que no tienen capacidad para valerse por sí mismos o carecen de recursos suficientes, de cualquier tipo, para ello, lo que les sitúa en posición de desventaja, circunstancias todas estas que deberán estar debidamente reguladas, igualmente por ley; una Institución, o Ministerio Público de la Defensa, integrado por una carrera funcionarial y profesional, del mismo nivel, estatus profesional y condiciones que los integrantes de las Carreras Judicial y Fiscal, nutrido de profesionales de idéntica extracción y preparación, seleccionados conjuntamente y del mismo modo que se hace en la actualidad, o se determine en el futuro, en un deseable cambio, para ambas carreras y donde tengan cabida los profesionales del derecho de acreditada competencia como lo son ahora en la Carrera Judicial. Un modelo ya conocido en países próximos a nuestra cultura, con excelentes resultados, entre otros el ejemplo de la Argentina, que, además, posibilitaría una muy conveniente reestructuración del Ministerio Fiscal que redundaría positivamente en la eficacia de su función, al ocuparse de esas tareas de representación y defensa de aquellos colectivos vulnerables la nueva representación pública, en un positivo reparto de funciones. Esta figura institucional cuyo estudio se propone no es ajena, por otra parte, a nuestro modelo constitucional, aunque sí novedosa en el ordenamiento positivo, ya que encuentra su encaje en lo que establece la Constitución Española a través de su articulado y en particular lo dispuesto en sus artículos 9, 17, 24 y 119, entre otros, así como en el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos 546.1 y concordantes.
Tampoco el coste económico debe ser un obstáculo para llevar a cabo su creación, pues no será una carga insoportable para las arcas públicas, ya que entraría en los presupuestos de Justicia en los capítulos correspondientes a Jueces y Fiscales, mediante una adecuada reestructuración de sus plantillas, y de los costes de su función, actual y futura, y en todo caso, no supondría un gasto en sí mismo considerado, sino una inversión en valores democráticos y sociales.
Por lo tanto, no debemos despreciar sin más, ni tampoco ignorar, sin otras consideraciones, el estudio de su creación y la consiguiente reorganización de los distintos Cuerpos y Carreras Jurídicas al servicio del Estado, entre las que se integraría, ya que la puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa (y la Carrera funcionarial correspondiente), puede constituir un paso muy importante en la mejora de la Administración de Justicia, en la defensa de los derechos de todos, y, en definitiva, en la puesta en valor de políticas de igualdad como las que son exigibles a un gobierno verdaderamente preocupado por los derechos de los ciudadanos.

Félix Pantoja es fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial

Ilustración de Iker Ayestaran