Gabriel Flores
Colectivo econoNuestra

Son 5.778.100 personas. En el tercer trimestre de 2012, mil nuevos nombres se incorporaron diariamente a la interminable lista del paro. De mantenerse las políticas de austeridad serán seis millones a mediados de 2013 y, si la ciudadanía no lo impide, la mayoría carecerá de prestaciones contributivas por desempleo y subsidios. Los impactos de esas cifras se hacen cada vez más amenazantes: a la misma velocidad que se alarga la cola del paro se deterioran vidas, salarios y potencial de recuperación económica, se pierden derechos y aumenta el desprestigio de políticos e instituciones.

Día tras día, el desempeño de la economía española muestra que la recesión se prolonga y profundiza, los bienes públicos se recortan y empeoran, el malestar de la población aumenta y la desigualdad, la pobreza y la exclusión social alcanzan niveles insoportables. Y en paralelo, el clima sociopolítico se enrarece, la confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos se evapora y aparecen nuevas grietas en la ya muy debilitada cohesión social y territorial.

El último jarro de agua fría a las expectativas gubernamentales de que lo peor de la crisis es cosa del pasado lo ha echado el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el último número de Perspectivas de la Economía Mundial del mes de octubre de 2012, el FMI revisa a la baja sus anteriores previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial y realiza un muy interesante ejercicio de revisión del multiplicador fiscal que debilita aún más la creencia en que las medidas de austeridad son un peaje ineludible para salir de la crisis.

La nueva previsión del FMI señala que el producto generado por la economía española experimentará un nuevo retroceso del 1,3% en 2013, que se sumaría al decrecimiento del 1,5% estimado para 2012. Compárese esa cifra con la última ofrecida por el Gobierno del PP en el Escenario Macroeconómico 2012-2013, publicado el 27 de septiembre, donde se apuntaba que el PIB sufriría una pequeña disminución del 0,5% en 2013. Las nuevas previsiones del FMI confirman también que no se cumplirán los objetivos de déficit público acordados entre el Gobierno de España y las autoridades comunitarias (6,3% en 2012 y 4,5% en 2013), ya que los desequilibrios presupuestarios de las Administraciones públicas alcanzarían un -7% del PIB en 2012 y un -5,7% en 2013.

Una de las claves del deterioro de las previsiones del FMI se encuentra en las nuevas estimaciones del multiplicador fiscal, entendido como el impacto negativo que tiene la reducción del déficit público sobre la actividad económica.

Entre las páginas 47 a 50 de la publicación del FMI mencionada antes aparece el Recuadro 1.1. ¿Estamos subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo?, del que son autores Olivier Blanchard (Consejero Económico y Director del Departamento de Investigación del FMI) y Daniel Leigh. En dicho recuadro se da cuenta de la evidencia empírica, basada en los datos de 28 economías de países avanzados en los años 2010-2011, que permite a los autores afirmar que los multiplicadores fiscales utilizados por el FMI para generar pronósticos de crecimiento de la actividad económica han sido sistemáticamente subestimados desde el comienzo de la Gran Recesión. Los multiplicadores fiscales reales se han situado en los años 2010-2011 entre 0,9 y 1,7, llegando a duplicar y hasta triplicar los utilizados en las previsiones de crecimiento del PIB formuladas a principios de 2010.

El FMI reconoce así, en un recuadro firmado por su director del Departamento de Investigación, que los efectos negativos sobre la actividad económica de los recortes y las políticas presupuestarias restrictivas puestas en marcha en los últimos años, gracias entre otros factores a las presiones ejercidas por el FMI, han podido resultar mucho más contraproducentes que lo esperado, ya que además de tener impactos muy negativos sobre la economía real (el empleo, la actividad económica o la inversión productiva) han obstaculizado la pretensión de reducir los desequilibrios presupuestarios con la intensidad y en los plazos comprometidos.

El doble juego del FMI y sus limitaciones

¿A qué juega el FMI al desvelar ese grave error en la estimación del multiplicador fiscal? Cabe considerar muy diferentes hipótesis. La más plausible apuntaría al intento de respaldar una tímida matización de la estrategia basada en la austeridad extrema que se ha impuesto hasta ahora a las economías periféricas de la eurozona. Dicha estrategia ha fracasado rotundamente en los objetivos económicos que proclamaba y amenaza con terminar generando un conflicto social inmanejable en buena parte de los países del sur de la eurozona y con hundir en una  recesión prolongada al conjunto de la UE. Si no se produce ningún cambio, los problemas de la eurozona acabarían impactando y perjudicando al conjunto de la economía mundial y, como consecuencia, desacreditando por completo a las instituciones y los líderes europeos.

Desde hace un tiempo, el FMI propicia una modificación gradual de la estrategia de austeridad y que los ajustes presupuestarios aminoren su intensidad. El FMI trata de aumentar la confianza de los mercados en la viabilidad del euro y propugna para ello un mayor equilibrio entre ajuste fiscal y medidas de reactivación que permita vislumbrar cierta recuperación de la actividad económica y el empleo. Un ajuste fiscal más gradual y sostenible que sea compatible con estímulos a la demanda. De esta manera, se propiciaría un mayor respaldo social para las políticas de austeridad y se recuperaría parte de la legitimidad perdida por los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno que de forma tan temeraria han aceptado gestionar unas políticas de austeridad destructivas y se han comprometido con unos objetivos de consolidación fiscal imposibles de conseguir.

Una de las grandes dificultades para llevar a cabo ese cambio no sustancial en la estrategia conservadora de salida de la crisis que promueve el FMI es que cualquier avance en su concreción no debe deteriorar los intereses electorales de Angela Merkel. De ahí las precauciones con las que el FMI aborda la necesaria modificación de las políticas de austeridad. Y de igual modo cabe valorar el ritmo lento, zigzagueante y a veces confuso que experimentan la aplicación de los acuerdos de la UE sobre la unión bancaria e, incluso, las idas y venidas que están caracterizando el nuevo rescate de la economía española.

El intento de moderación del ajuste presupuestario que propicia el FMI, entre otros poderes e instituciones, no va a resultar fácil de llevar a cabo. El gran problema que deben resolver los que pretenden dulcificar las medidas de austeridad es que dicha estrategia, tanto en su versión dura como en una nueva versión blanda, no puede ofrecer soluciones aceptables a las economías de los países periféricos ni a los muy amplios sectores de la juventud y las clases trabajadoras que pretenden un empleo decente. La estrategia de salida de la crisis basada en la austeridad no puede ofrecer a corto plazo ninguna buena noticia ni una sola ilusión de mejora en el futuro a gran parte de la sociedad.

El cambio real y la mejora de la situación de la mayoría pasan por trabar la aplicación de las medidas de austeridad y deslegitimar la estrategia de salida de la crisis que sustentan las instituciones europeas y los mercados. Hay que hacer entrar en razón a la derecha europea. La huelga general del próximo 14 de noviembre y las diversas iniciativas de movilización social que están en marcha serán útiles si permiten ampliar y llevar más allá de sus perímetros actuales el rechazo de la ciudadanía española y europea a los recortes presupuestarios y al deterioro de bienes públicos y derechos en los que siguen empeñados las instituciones comunitarias y los políticos que nos mal gobiernan. El avance de una salida de la crisis popular y progresista depende de la consolidación de una ciudadanía crítica y activa que acierte a involucrar a la mayoría social en ese rechazo y a expresar de manera firme y argumentada su oposición a las políticas de austeridad y recortes que se están imponiendo y a las instituciones y políticos que las respaldan y avalan.