El mensaje neoliberal te lo cuelan cuando menos te lo esperas los de siempre y, además, dando las volteretas más increíbles, que estarían abocadas a estrellarse si no fuera porque estamos atontadas con tanto grito y tanto lodo bien disperso por todas las esquinas. Aquí ha salido un caso de presuntos delitos fiscales en mitad de la pandemia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cada día añade elementos peores para el juicio ético -ya veremos el penal-, y la culpa es de todo el mundo en la Administración menos del sujeto en cuestión, Alberto González Amador, antes "técnico sanitario" y ahora, "comisionista y presunto defraudador".

Isabel Díaz Ayuso, que aunque algunos/as quieran retratarla así haciéndose flaco favor, de tonta no tiene un pelo y conoce perfectamente a su público -a las urnas me remito-, es consciente de la metedura de pata que fue su primera comparecencia de prensa tras saltar la ídem publicación sobre González Amador en ElDiario.es con el presunto fraude fiscal "doloso", según la Agencia Tributaria, de 350.000 euros. La presidenta madrileña se mostró nerviosa, muy nerviosa, y molesta, muy molesta, con el mundo en general, no digamos con la prensa. Nada que ver con el resto de apariciones, donde el argumento principal para explicar los presuntos delitos de su novio es "la estrategia de defensa de un particular" que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. A partir de ese aislamiento de la reputación de su propio, Ayuso ataca y arremete sin piedad contra los funcionarios, empleadas públicas y todo aquél y aquélla que conforma el aparato del Estado que haya estado implicado en el caso de González Amador; solo le faltan las fotocopiadoras por denunciar.

El mensaje no es nuevo, al revés, es recurrente y tiene doble filo: el primero, acusar a este personal de la Administración de estar al servicio del Gobierno para ordenar inspecciones fiscales y elevarlas a juicio si el investigado en cuestión se apellida Ayuso o tiene algo que ver con esta familia tan laboriosa. No se trata de que Hacienda constate, pruebe o contraste indicios de delitos fiscales o falsificación documental y lo judicialicen las instituciones correspondientes (y que levante la mano quién, a tenor de lo publicado sobre los tejemanejes de la pareja de Ayuso, no vea esos indicios también); se trata de que hay un complot entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los y las funcionarias para hundir a Ayuso y su clan.

El segundo mensaje que trata de inocularnos la presidenta de la CAM es idéntico al que lleva ejecutando con sus hechos y que cacarea día sí día también la ultraderecha de Vox: funcionarios, caca; el Estado, caca; los servicios públicos, caca; impuestos, caca; empleadas públicas, caca; ... Si la Administración está comprada, si sus trabajadores trabajan siguiendo órdenes políticas, si nos cuestan un ojo de la cara, ¿funcionarios y empleados/as públicos, pa'qué? La asociación funcionarios=corrupción es un clásico del argumentario neoliberal, que pretende dejar al Estado bajo mínimos (lo suficiente para pagar los nóminas de los políticos/as del poder y sus aliados) y dejar al mercado hacer su trabajo, que ya sabemos que es garantía de equidad, igualdad, justicia y derechos humanos.

La Agencia Tributaria señala que la pareja de Ayuso también cometió un delito contable

¿Cuántas veces han oído lo de "adelgazar" la Administración por parte de la derecha? ¿Y que España es un país inflado de funcionarios y empleados públicos? La percepción pública, muy trabajada por derecha y ultraderecha, que luego son los primeros en subirse al carro de las ayudas públicas, es que pagamos muchos impuestos porque hay que mantener a unas administraciones elefantiásicas por las que se cuela la corrupción y los mensajes de Ayuso y el PP contra la Agencia Tributaria no hacen más que apuntalar estas impresiones. Pero los datos son los datos y España no es, ni mucho menos, un país donde el número de funcionarios y empleadas públicas -que no es lo mismo- supere al del resto de los países europeos: estamos en el puesto 25º, según los últimos datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

De hecho, y contra la creencia generalizada, son los países europeos con más empleados/as públicas los que tienen los menores índices de corrupción, como Dinamarca, que lidera la lista, Finlandia o Noruega. España ocupa la posición 36/180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, cayendo desde hace años debido a la insostenible situación del Poder Judicial, secuestrado por el PP. Cuando te digan, pues, que España es un país excesivo en número de funcionarios y empleados públicos al servicio del Gobierno de turno, pídeles distinguir entre poder y trabajadores públicos o funcionarios, pero sobre todo, pide un Estado fuerte que garantice la igualdad de derechos y oportunidades a través de servicios públicos que lleguen hasta el último rincón del país, incluidos los controles anticorrupción. Que no te cuenten cuentos para esquivar polémicas repugnantes, las de la corrupción demostrada.

Despiporre con las últimas informaciones sobre el novio de Ayuso: "Otro emprendedor que empezó en un garaje"

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