Lo personal es político, cobra toda su dimensión en el caso de lawfare contra la compañera Mónica Oltra. 

Quizá no se pueda reparar el daño, el dolor, las ausencias, el tiempo muerto, la pena de telediario, la desconfianza, el empobrecimiento económico, la tensión, en definitiva, la violencia política y sus terribles consecuencias. Tampoco para Rosa Molero, Miquel Real, Francesc Gamero, Carmen Fenollosa y las personas funcionarias investigadas en la causa. También quiero acordarme del compañero Raúl Ibáñez, quien sufrió el lawfare en la Diputación cuando se cargaron al sucesor natural de Ximo Puig. El embajador entonces también calló y trabajó para allanar el camino de la ignominia. 

Hay quien, ahora, con mucha prisa, incluso quienes callaban o hablaban mal por detrás cuando era reversible, buscan adueñarse de las esencias y hacer gala de su pureza. Dudo que sirva de nada, más allá de ver como se retratan, y lo dice quien públicamente siempre defendió que no se debía dimitir. 

Debemos ir a la raíz. La base de todo es que quienes poseen el poder no aceptan siempre la mayoría de las urnas y utilizan, con mayor o menor intensidad, sus privilegios para subvertirla. 

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Nuestro partido se ha diferenciado de otros de izquierdas porque ha asumido el riesgo de hacer política, aunque suponga grandes contradicciones. Nadie puede negar que vivíamos mejor en 2023 que en 2015. Pero quizá haya quien piense ahora que no se puede gobernar sin antes cambiar de sistema político. Y eso, compañeras y compañeros, conlleva cambiar de estrategia y de forma organizativa. La frustración y la impotencia no pueden ser nuestra respuesta. 

Acertamos entonces cuando decidimos que había que aprovechar cualquier brecha, por pequeña que fuera, para cambiar la vida de la gente desde el diario oficial. Y debemos seguir haciéndolo. 

También creo que el sufrimiento y la experiencia institucional de estos años nos debe servir para ser capaces de poner medidas estructurales que vayan más allá de la heroicidad individual o la solidaridad de una organización. Y ser explícitamente más solidarios cuando los perseguidos sean otros. 

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La primera debe ser siempre reivindicar la política. Un esfuerzo que, aparte de los partidos, deben hacer también la sociedad civil y sus movimientos sociales. Un aprendizaje debe ser desaprender la falsa idea que ser independientes es sinónimo de decir solamente lo malo de los gobiernos y atreverse ahora a defender las políticas, con sus márgenes de lo posible, trabajadas juntamente con los gobiernos. 

La soledad de la política es una de las condiciones clave para el lawfare. Hay que politizar más y quitar la urticaria a relacionarse con los partidos. Luego no vale llorar o lavar la conciencia en la oposición. Aprovechar el diario oficial es una prioridad de clase también de los movimientos sociales y sindicatos. 

La segunda debe ser reformar la separación de poderes. El lawfare muchas veces se basta de aprovechar las garantías del Estado de derecho para echar la jauría mediática encima de quienes son investigadas y generar un clima asfixiante revestido de derecho a la información. Y, de nuevo, de falsa independencia, una fijación periodística con políticos que no se da con el empresariado o la judicatura. 

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La tercera debe ser universalizar el acceso a la judicatura con una perspectiva de clase y normalizar -casi lo conseguimos con el 15M- que pueda haber gentes comunes en los parlamentos y gobiernos. 

Pues, más allá de conspiraciones de película, en el lawfare también hay una concentración de voluntades, intereses y cosmovisión del mundo de las élites económicas, mediáticas y judiciales que han estudiado mayoritariamente en las mismas escuelas privadas y se han socializado con los mismos grupos de amigos y espacios relacionales compartidos. Todo ello rociado siempre con una buena dosis de antipolítica. Ante la denuncia contra un representante político, lo humano hoy, por miedo a la turba y las musas de la extrema derecha, es investigar y que no se le acuse de colaboracionista. Parte del crecimiento de la extrema derecha se explica porque, a pesar de representar los intereses de las élites, se enfrentan a los y las gobernantes.  

Otras veces, en cambio, el lawfare necesita crear pruebas y testimonios falsos para que funcione. Otras se entremezclan ambas en diferentes actos. 

La separación de poderes del siglo XXI debe centrarse en democratizar la economía y terminar con el oligopolio de los mass media. Sin ello, no hay contrapeso y no puede haber libertad ni igualdad política. 

Otra vez se confunde gobierno y poder. 

En definitiva, con mucha alegría, pero también rabia por lo vivido, ahora toca en pensar como resarcimos a Mónica Oltra y defendemos su legado que está siendo destrozado por los ultras que fueron aupados al poder justamente por las multinacionales que se frotan las manos con la privatización de la sanidad, los servicios sociales o por la nueva (vieja) política urbanística. Pero, también, tomar perspectiva para poner las condiciones para que la próxima vez podamos gobernar con más libertad y no volvamos a sacrificar injustamente a una de los nuestras. 

Pd. Aceptó con garra política, a diferencia de tantos otros, hasta la más cruel e innecesaria de las preguntas en la rueda de prensa en la que explicó, para quien quiso escuchar, la dimensión democrática de la dimisión. Y luego, dos largos años de silencio público disciplinado y disciplinante. Así que mejor que nadie se adelante a hablar por ella. Habrá tiempo.