El reconocimiento del Estado de Palestina, que España lleva hoy a cabo junto a los Gobiernos de Noruega e Irlanda, es un gesto valioso. Refleja el sentir mayoritario de nuestra sociedad (compartido por un 78% de la ciudadanía, según una encuesta del Real Instituto Elcano) y la orientación del Gobierno de coalición, que se consolida como defensor de la causa palestina en Europa. Si la situación que se vive hoy en Gaza y Cisjordania no fuera tan atroz, tan insoportable, sería un día para sentirnos orgullosos de nuestro país.

Esta decisión del Gobierno no habría sido posible sin las movilizaciones que se han venido sucediendo desde hace décadas en solidaridad con el pueblo palestino. Tampoco sin las recientes protestas y acampadas exigiendo el fin del genocidio en Gaza. Con todo, es inevitable que el reconocimiento de Palestina parezca un paso tardío e insuficiente, un gesto poco más que simbólico, ante la magnitud de lo que está sucediendo y la terrible realidad de la ocupación y el apartheid que sufre en su día a día el pueblo palestino.

Esta sensación no me resulta difícil de entender. Mi primera actuación como diputado –hace ya ocho años, cuando era portavoz en la Comisión de Exteriores de Unidas Podemos– consistió en una Proposición no de ley para reconocer al Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional. Desde el día en que tomé posesión de esta cartera, he intentado denunciar en todas las instancias posibles las atrocidades que Israel comete en Gaza, y activar todos los mecanismos de presión posibles para contribuir al final del genocidio. Soy el primero en reconocer mi frustración, en pensar que este gesto debiera haberse realizado hace décadas, y que todo lo que se logre quedará corto frente a la urgencia absoluta de lo que estamos viviendo. Pero también creo que la decisión de hoy supone un gesto valiente y poderoso. Que es un punto de partida, y no de llegada. Un gesto que nos invita a llenarlo de contenido y a multiplicar todos sus efectos posibles.

Hay al menos cuatro ámbitos en los que el reconocimiento de Palestina puede y debe generar consecuencias tangibles. El primero es insistir en la absoluta urgencia no solo de detener el genocidio en curso, sino de garantizar que sus responsables acaben rindiendo cuentas ante un tribunal. El Gobierno de España fue uno de los principales apoyos de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mediante una contribución voluntaria a su fondo fiduciario que realizamos en el mes de enero, con el fin de investigar las violaciones masivas de derechos humanos que hoy se siguen produciendo. Es igual de importante que España respalde plenamente la causa sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, más aún tras la respuesta dada por el Gobierno de Netanyahu a la orden emitida el 24 de mayo para que Israel detenga de inmediato su ofensiva sobre Rafah: un campo de refugiados masacrado a sangre y fuego.

El segundo ámbito tiene que ver con la política de apartheid y ocupación ilegal que Israel mantiene en Cisjordania y Jerusalén, donde la violencia y la represión también han aumentado insoportablemente desde el 7 de octubre. La estatalidad debe implicar el control real y efectivo del territorio palestino, en cumplimiento con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Identificar y sancionar cualquier actividad -incluyendo la comercialización de productos y servicios que contribuyan a reforzar y financiar violaciones del Derecho Internacional- debe ser una prioridad clave para que el reconocimiento de la soberanía palestina tenga efectos plenos, también en el ámbito de las relaciones económicas.

En tercer lugar, es importante prolongar los esfuerzos del Gobierno para sumar más Estados europeos a esta iniciativa. Con esta decisión, España actúa como un referente de progreso en la UE. Debemos seguir insistiendo en el compromiso necesario de la Unión con el Derecho Internacional, reclamando la suspensión del acuerdo comercial con Israel, promoviendo un embargo de armas a nivel europeo, acentuando la presión política y diplomática para lograr un alto el fuego inmediato y permanente. El contexto político europeo es ciertamente complicado, también en esta materia. Pero eso solo incide en nuestra responsabilidad de mantener la iniciativa.

En cuarto lugar, el reconocimiento no expresa nuestro compromiso con una bandera o con un mapa, sino con un pueblo que lucha por su autodeterminación. Son los propios palestinos quienes deberán dar forma a su futuro y definir, entre otras muchas cosas, los términos de su relación con Israel. El reconocimiento es clave para legitimar su posición internacional y sus reivindicaciones. Pero reconocer a Palestina como igual, como interlocutor de pleno derecho, también genera obligaciones por nuestra parte. De hecho, es incompatible con cualquier forma de connivencia o tolerancia con prácticas que sostengan el genocidio en curso, la segregación, la ocupación ilegal o el apartheid.

Vamos a seguir trabajando para dotar de contenido estos cuatro puntos, para hacer que este reconocimiento sea apenas un punto de partida. Hace meses que lo sostengo: la pregunta de qué hicimos ante el genocidio de Gaza nos perseguirá toda la vida. En una hora tan grave, todos los actores –gobiernos, partidos, sociedad civil, empresas, movimientos sociales– estamos obligados a hacer lo posible, cada cual según sus capacidades, por detener esta situación, por darle la vuelta a este desastre, por generar un futuro mejor. Todo será insuficiente, pero todo es imprescindible.