El acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio bloqueado por la derecha no es una excelente noticia ni garantía de "esperanza" de nada, seamos realistas. El acuerdo de PSOE y PP es, en realidad, un pequeño alivio en una situación que estaba a punto de reventar acabando con el precario prestigio de la Justicia en España, encima, en pleno auge de la ultraderecha en Europa; pero queda camino: no se desmonta un sistema judicial absorbido por el bipartidismo como mal menor y por la (ultra)derecha judicial como mal mayor en un día y con un apretón de manos entre dos negociadores, aunque uno de ellos sea un súperministro del Gobierno, si ese gesto y esa firma tienen que ejecutarlo en Bruselas ante una intermediaria de la Comisión Europea, su vicepresidenta Vera Jourová.

No hay precedentes de semejante fractura en la democracia postfranquista española y las heridas, como reconoce una de las nuevas incorporaciones al CGPJ, "son muy profundas y están muy abiertas". La derecha de Feijóo, convertida en ultraderecha al servicio de FAES (Aznar, Ayuso o Álvarez de Toledo, tanto monta) en una vergonzosa batalla electoral con Vox, ha convertido el Poder Judicial en un arma arrojadiza contra el Gobierno de coalición progresista hasta dejarlo en cueros y sangrando. Desde el cacareado "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás" del PP en 2018, que reventó el primer intento de pacto entre PP y PSOE, ha sido imposible dar salida a un acuerdo: hasta 29 excusas -algunas contradictorias- puso el principal partido de la oposición para negarse a dar salida a un CGPJ que representase el resultado de las urnas en Congreso.

Este martes de anuncio del pacto todo eran felicitaciones, incluidas las de una ninguneada Ayuso a Feijóo, por un texto de compromiso con la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ y el fin de las puertas giratorias inmediatas entre el ejercicio de la política y el Poder Judicial, pero también de la Fiscalía General del Estado, una enmienda pública al nombramiento de Dolores Delgado al frente de ésta inmediatamente después de ser ministra de Justicia del presidente Sánchez.

Feijóo no tardó ni dos horas en presentarse como el único garante de la independencia judicial en el Estado, después de haber bloqueado esta renovación tanto como sus antecesores Rajoy y Casado. Tampoco, por si quedaban dudas, dudó en mostrar abiertamente su desconfianza hacia un Sánchez que presentó como obligado al acuerdo que el PP proponía. Tenía que hacerlo, es comprensible: que nadie vaya a creer (y entiéndase los y las mileístas del PP) que el en absoluto moderado Feijóo está dando oxígeno al Gobierno al cumplir la Constitución con cinco años de retraso. Todavía vamos a tener que dar las gracias al PP por cumplir la ley más de 2.000 días después. Pruebe a retrasarse usted en alguna de ellas y vemos.

Dominio Público - Feijóo se hace mayor