Hablar de lo que uno cobra resulta exhibicionista hasta el punto de poder resultar en ocasiones grosero. Hasta los cánones navideños aconsejan evitar sacar el tema en los encuentros familiares so pena de que cuñados o cuñadas salten como hienas o nos acribillemos las pantorrillas unos a otros por debajo de la mesa. Si en los fueros más íntimos el asunto resulta tabú, ni qué decir en los mentideros públicos donde sacrificamos o bendecimos a unos o a otros a discreción o, comúnmente, según convenga. Es cierto que a nadie más salvo al propio interesado debería importarle lo que ingresa o percibe por su trabajo o empleo, dejando a salvo situaciones en las que uno deba responder de deudas frente a terceros.

La duda es si este consenso sobre la necesaria discreción debe mantenerse y no se resquebraja cuando de sueldos o percepciones con cargo a los presupuestos públicos se trata. Esto es, cuando la nómina o el salario sale de esa caja común a la que todos contribuimos con sacrificio de nuestros patrimonios personales. ¿La conclusión debería ser la misma o la contraria? ¿No sería razonable garantizar el escrutinio ciudadano cuando de gasto público hablamos?

Confundir esto con el "cotilleo" o el "marujeo", marca que identifica a la perfección nuestra propia idiosincrasia patria, no significa que la publicidad de esta información no responda a una mínima exigencia de rendición de cuentas. La incomodidad que nos genera conocer esta información no es sino la consecuencia de nuestra falta absoluta de convicción sobre la utilidad de la transparencia pública, al contrario que en otros países donde adquiere el rango de valor sagrado que, desde hace siglos, forma parte de su lógica y genética cultural. Así nos va, dirían algunos.

El criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el acceso a los sueldos públicos, a punto ya de cumplir su primera década, se ha ido ampliando progresivamente a medida que los litigios se han suscitado en vía judicial. Algunas entidades públicas como ADIF, Puertos del Estado o, especialmente, RTVE, han visto como los tribunales han ido confirmando la necesidad de que esta información se conozca, aunque ello pueda suponer cierto sacrificio para la protección de datos personales o los intereses económicos y comerciales de estas entidades o de los propios profesionales a los que afecta, por citar algunos de los contraargumentos que se han ido alegando.

RTVE mintió sobre el sueldo de Jenni Hermoso en las campanadas

En concreto, tal como ha revelado el Diario Público estos días atrás, RTVE ha facilitado en respuesta a una solicitud de acceso a información pública el sueldo de un buen número de presentadores de la cadena, sin duda como prueba de un cambio de actitud tras repetidos varapalos judiciales. Un buen caso de estudio para una generación de jóvenes periodistas que aún está por descubrir la onda expansiva de la transparencia.

Que la decisión de dar a conocer los sueldos públicos puede generar algunos efectos secundarios indeseados, la mayor parte de ellos ciertamente hipotéticos, no debería sorprendernos. Ni la transparencia ni, tampoco, el resto de los derechos que entran en conflicto con ella, son absolutos y deben ser ponderados. Este equilibrio necesario que algunas veces resulta ser una operación compleja exige aplicar en muchos casos cautelas que resulten proporcionadas. Una de ellas consiste en que las cantidades que se comuniquen hayan sido ya satisfechas y lo sean en términos brutos, esto es, que no sea posible averiguar posibles descuentos o deducciones aplicados que puedan revelar circunstancias personales merecedoras de protección.

La mayor parte de las grandes administraciones de nuestro país ofrecen ya información salarial suficiente de sus plantillas, lo que hace posible, grosso modo, conocer los sueldos de cada uno de los empleados públicos. Es más que razonable que sea así, en mi opinión. Incluso, en el ámbito laboral, la Unión Europea adoptó hace poco más de un año una directiva para obligar a los empleadores a informar a los candidatos a un puesto sobre el salario inicial o la banda retributiva de los empleos que ofrezcan. Una vez contratados, los trabajadores podrán conocer los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de personas que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, o los criterios utilizados para determinar la retribución y la progresión de la carrera profesional. El principal objetivo de esta regulación, dice la directiva, es luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género. Si nos referimos al ámbito público, añadámosle, además, una buena dosis de rendición de cuentas, de monitorización de las decisiones públicas, y de control y seguimiento del gasto público. ¿Quién puede juzgar que estos objetivos no son suficientemente loables?

Mucho me temo que el ruido y la bronca nos están distrayendo, como sucede tantas veces, y nos hemos quedado mirando el dedo que señala la luna.