HENRIQUE MONTEAGUDO

Agotada la salvaje campaña de prensa urdida alrededor de la conspiración del 11-M, exhausto el riquísimo venero de la negociación ZP-ETA, todo hace temer que el nuevo filón de la prensa amarillista española va a ser la batalla de las lenguas. Un síntoma del giro hacia un nacionalismo más intransigente de significativas franjas de los medios de comunicación de derechas, que no saben ya qué hacer para manipular la conciencia cívica y acaparar protagonismo en la lucha política. Desgraciadamente, parecen estar dispuestos a lo que sea con tal de que los partidos y coaliciones de centro-izquierda de diverso pelaje sean desalojados de las diferentes posiciones de poder político que han conquistado en abierta lid democrática: señaladamente, los gobiernos central, catalán, gallego, balear y vasco.

Quizás la novedad más notable en esta implacable estrategia de la tensión sea la salida a escena de una nueva fuerza política decidida a convertirse en estandarte del más puro nacionalismo centralista. Un partido político que se define (a los más ancianos del lugar seguro que les suena) ni de derechas ni de izquierdas, al exclusivo servicio de España una, grande y libre. Pero no nos engañemos: no estamos ante la vieja extrema derecha, sino ante un reaccionarismo de nuevo cuño, que hace furor en Europa. No sabemos muy bien hacia donde nos llevará este viento, aunque los precedentes de los años veinte y treinta del pasado siglo no resultan muy tranquilizadores.

Un manifiesto político

El anterior constituye un prólogo necesario para el Manifiesto por la lengua común. No estamos ante un alegato fundado en hechos objetivos y argumentado lógicamente, que tenga como objetivo abrir un debate intelectual. La terca realidad no avala la afirmación de que los castellano-hablantes estén discriminados en ninguna parte de España. El entramado jurídico y legislativo lingüístico español en su conjunto (desde la constitución a los estatutos), reiteradamente puesto a prueba ante los tribunales (comenzando por el Constitucional) de ningún modo justifica la denuncia de que el castellano es una lengua amenazada. Los investigadores que trabajamos con datos empíricos y elaboramos análisis sometidos a constante escrutinio académico no detectamos ningún elemento de prueba que sostenga las gruesas afirmaciones del tal manifiesto. Más bien, estamos ante un monumento a la ignorancia sobre cuáles son los problemas vinculados con el contacto de lenguas y cuáles las soluciones democráticas para la convivencia en las sociedades plurilingües.

Naturalmente, en las políticas lingüísticas españolas (incluyendo las autonómicas) hay muchos puntos discutibles y bastantes casos particulares más o menos litigiosos, pero lo cierto es que, hablando genéricamente, los únicos idiomas en peligro en España son los periféricos, y en realidad las correspondientes comunidades lingüísticas y hablantes resultan ser los más vulnerables y menos protegidos por las leyes. Lo que sí es cierto es que no existe una cultura lingüística española común a la altura de las transformaciones políticas y culturales de las últimas décadas (esto es, democrática y respetuosa de la diversidad). En consecuencia, la España castellano-hablante monolingüe en buena parte sigue atrapada en los mitos de la (in)cultura lingüística heredada del centralismo más rancio, especialmente la propalada durante el franquismo. Ni las diferentes instituciones culturales, ni el sistema educativo, ni mucho menos los medios de comunicación han hecho esfuerzos apreciables en un sentido renovador. No pocos intelectuales españoles están atrapados por ese mismo lastre. La diversidad lingüística y cultural continúa siendo vista más bien como una molestia a esquivar que como una riqueza de la que disfrutar.
La enseñanza bilingüe, garantía de convivencia

El punto clave es el conocimiento y uso de las otras lenguas en las comunidades bilingües. Seré conciso en exponer las conclusiones de los estudios más solventes sobre este asunto: (1) los sistemas educativos bilingües son enriquecedores y no empobrecedores de los y las estudiantes; por lo tanto, el pánico típicamente español a aprender en las otras lenguas es infundado; (2) no existe otra forma de garantizar un conocimiento mínimo de las otras lenguas si no es mediante su utilización general como vehículo de la enseñanza primaria y secundaria, mientras que el aprendizaje del castellano está sobradamente apoyado por su conspicua presencia en los medios de comunicación y la vida social en general; (3) la capacitación mínima del conjunto de la población en las dos lenguas (castellano y gallego/catalán...) es la única garantía tanto de la efectiva co-oficialidad de ambas, como de la igualdad de oportunidades en los ámbitos educativo y laboral, y de la cohesión de las respectivas sociedades.

El dicho manifiesto es pues, como reza el mismo texto, una iniciativa estrictamente política. Es un documento con un carácter profundamente demagógico, redactado con innegable habilidad (aunque sorprendente torpeza expresiva), con el objetivo de parecer aceptable a la gente de bien, pero que se inscribe en una estrategia partidista que al final se propone nada más ni nada menos que la reforma de la Constitución y de varios estatutos de autonomía, en un punto extremadamente sensible de nuestra convivencia. Una iniciativa que de hecho fomenta la discordia y que pretende una marcha atrás inaceptable, pues, obviamente, los hablantes de las otras lenguas no las queremos menos que los castellano-hablantes a la suya, y tenemos tantas o más razones que éstos para defenderlas. Ya nos las quisieron arrancar y, ya ven, estamos aún dispuestos a sacarlas.

Henrique Monteagudo es sociolingüista y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela

Ilustración de José Luis Merino