"Sánchez legaliza la blasfemia", así tituló un digital este martes tras anunciarse, en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros, el Plan de Acción por la Democracia, que es el resultado de ese proyecto por la regeneración democrática al que se comprometió el presidente del Gobierno tras una reflexión de cinco días en ausencia, sobrepasado -argumentó- por el lawfare del juez Peinado contra su esposa, Begoña Gómez. De aquellos polvos, pues, este plan, en el que efectivamente -aunque falta mucha concreción, desarrollo y, sobre todo, acuerdos parlamentarios-, se legaliza la blasfemia porque el Ejecutivo se ha comprometido a acabar con el delito de ofensas religiosas, que ya es decir en pleno siglo 21. De hecho, si el PSOE cumple sus compromisos con sus socios de Ejecutivo y de investidura, se legalizan la blasfemia y las ofensas al rey, su familia o a las instituciones del Estado, entre otras menudencias, porque no existe el derecho a no ser ofendido y sí a la libertad de expresión.

El Plan del Gobierno de Sánchez es bueno de inicio, a falta de los detalles, y es bueno para la democracia, aunque hay cosas que chirrían porque llegan tardísimo y se meten a capón. Por un lado, se reforman algunos aspectos de la ley mordaza, pero no se deroga la norma, como estaba comprometido, lo que sigue dejando en una gran vulnerabilidad el papel de los activistas, por ejemplo; por otro lado, se va a reformar la ley de secretos oficiales, una ley franquista de 1968 (¡de 1968!) que guarda, entre otras informaciones, las relativas al golpe de Estado del 23-F o a los GAL de los gobiernos de Felipe González.

¿Por qué cree ahora y no antes el PSOE que hay pseudomedios y su daño a la democracia tiene que acabarse, que se puede una cagar en los dioses que sean, insultar al rey y quemar una foto de la familia real -y mira que la Justicia europea nos avisó hace seis años, SEIS ...- o que se permite hacer fotos a agentes policiales, por ejemplo, si se considera que están cometiendo abusos sin ser denunciado por ello e, incluso, sin acabar en prisión? Hay una estrategia que va más allá de que los socialistas están sufriendo en sus sedes y en sus carnes ataques antidemocráticos que antes sufrieron otros, como Podemos o los independentistas catalanes, sea en forma de lawfare, de campañas asfixiantes de pseudomedios o de acoso a familiares de cargos públicos u orgánicos. Hay un plan en el PSOE, de hecho, que pasa por recomponer la mayoría de la investidura y no precisamente para aprobar los presupuestos de 2025, que aunque muy complicado, si se produjera, mejor que mejor.

La ley mordaza, la de secretos oficiales, las injurias a la Corona, las ofensas religiosas, la libertad de expresión,... son viejas reivindicaciones de los nacionalistas, independentistas y partidos a la izquierda del PSOE, se llamaran como se llamaran a lo largo de los años, por lo que, tras negociar con Sumar y lograr un acuerdo para el Plan -que, seguramente, para ser alcanzado requirió la inconcreción de la que hace gala-, Sánchez confía en atraerse, incluso, a quienes hoy le advierten de que su apoyo no es incondicional o son reacios a darle cualquier apoyo, como se vio con la decisión del PNV de respaldar a la (ultra)derecha en el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela o, a última hora de este martes, en la votación para tramitar en el Congreso la ley de alquileres de temporada, tumbado por ese Junts que parece estar cada vez más cerca de PP y Vox. Sí, los mismos que quieren meterlos en la cárcel e, incluso, ilegalizarlos.

Luces y sombras del plan de regeneración democrática del Gobierno que irrita a la derecha