A veces David vence a Goliath. La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este viernes, que anula los acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos por incluir las aguas del Sáhara Occidental, es un buen ejemplo de ello. Hacía falta. Precisamente ahora, cuando el mundo parece sucumbir a la oscuridad y la sinrazón, un destello de luz; un golpetazo de Derecho Internacional que nos recuerda que la razón permanece a los sátrapas y gobiernos de turno, que el mundo es mejor cuando se regula en base a unas normas que los poderosos tienen que respetar.

La sentencia es muy relevante no solo por lo que dicta con respecto a la pesca y en contra del expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, sino también por el contenido político implícito que tiene. En primer lugar, el escrito emanado del mayor órgano jurisdiccional de la UE recuerda que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, es decir, que es un territorio diferenciado de Marruecos. Al pronunciarse Luxemburgo, acaba con la tesis expansionista del monarca Mohamed VI y el Gobierno marroquí, quienes defienden la marroquinidad del Sáhara Occidental. La presencia de Marruecos en el territorio solo es, por lo tanto, un ocupación. Por cierto, una ocupación violenta y sangrienta que se perpetúa gracias a un férreo control militar, una cruel política de desplazar colonos marroquíes a los territorios ocupados y la violación sistemática de los derechos más elementales de la población saharaui.

El tribunal europeo también reconoce que, para llegar a un acuerdo que implique a los recursos del Sáhara Occidental, se tiene que contar con el consentimiento del pueblo saharaui al cual hay que consultar. Es decir, vuelve a referirse a que el territorio del Sáhara pertenece a los saharauis, por lo que la presencia marroquí es fruto, de nuevo, de una ilegal ocupación. Y no solo eso, en esta afirmación dota al pueblo saharaui de identidad política, le otorga la capacidad de decidir sobre su territorio. En otras palabras, la Justicia Europea reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Un derecho, por cierto, que cita explícitamente el tribunal en su comunicado.

En otro orden de cosas, el TJUE hace otra identificación de alto contenido político. Reconoce la validez de la demanda interpuesta por el Frente Polisario porque acepta a este movimiento de liberación nacional como el interlocutor válido del pueblo saharaui. Para materializar este reconocimiento se basa en que el Polisario es quien representa a este pueblo ante las Naciones Unidas, marco donde se llevan a cabo las negociaciones que deberían servir para culminar el proceso de descolonización de este territorio no autónomo, la última colonia de África.

Un proceso de descolonización truncado, por cierto, por la incapacidad del Estado español de culminarlo, ya que era la la metrópoli colonial. Por eso, todavía hoy España es la potencia administradora de iure que tiene que velar por descolonizar el Sáhara Occidental en base al respeto del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Antes o después, esta población tendrá que expresarse en una votación. Este reconocimiento al Frente Polisario de Luxemburgo tiene una gran relevancia, y más cuando Marruecos y algunos de sus aliados intentan generar pseudoplataformas dirigidas por saharauis desertores para intentar anular, sin éxito, la labor del Polisario.

La histórica sentencia del alto tribunal europeo supone, por lo tanto, una gran lección de Derecho Internacional y también de Historia para aquellos que intentan justificar la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Y entre estas personas se encuentra, de manera muy distinguida, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. El líder socialista envió una carta al rey de Marruecos Mohamed VI en marzo del 2022 en la cual adulaba la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental en Marruecos y la asumía como la solución óptima al conflicto. Sánchez cambiaba de un plumazo la neutralidad histórica que España había mantenido en este contencioso, pese a que la potencia administradora no debería ser neutral, sino todo lo contrario, parte activa para llevar a cabo la culminación del proceso de descolonización.

La idea de la autonomía no es más que la anexión por parte de Marruecos de un territorio que, como hemos visto en esta sentencia de la Justicia europea y tantas otras resoluciones internacionales, no le pertenece. La resolución del conflicto, como también hemos leído en el escrito emanado del TJUE, pasa por el ejercicio de la libre determinación del pueblo saharaui. En ese referéndum de autodeterminación, la autonomía podría ser una opción a la que votar, pero inevitablemente la creación de un Estado independiente sería otra. El pueblo saharaui tendrá que escoger libremente su futuro político.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaraba este viernes que respeta la sentencia. No podía ser de otra manera. Sánchez y Albares hacen gala en sus numerosos actos internacionales de ser defensores del Derecho Internacional. Apuestan por salidas sujetas al derecho para conflictos presentes como el genocidio israelí al pueblo palestino, la crisis regional de Oriente Medio o la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, con respecto al Sáhara Occidental no dudó en defender una postura contraria al Derecho Internacional. Debería, el presidente Sánchez, comparecer ante la opinión pública y retractarse.