La comunidad científica viene alertando desde hace años de que el cambio climático provocado por nuestra forma de vida (capitalismo) implicará, entre otros impactos,  un aumento de las olas de calor, tormentas más intensas, incendios descontrolados,  propagación de enfermedades infecciosas, huracanes más destructivos, pérdida de la biodiversidad y de la consecuente pérdida de protección contra pandemias, derretimiento de los glaciares, daños sobre los cultivos y cosechas, o aumento del nivel del mar.  Estos efectos se manifiestan, entre otros, en fenómenos como la ola de huracanes cada vez más destructivos, las olas de calor de los veranos 2023 y 2024 en el continente europeo, la COVID, los casos de virus del Nilo y dengue, la pérdida de masas de hielo en Islandia o Groenlandia o el aumento de los precios de los alimentos básicos. A pesar de ello, por desgracia, sigue existiendo un volumen de ciudadanos y ciudadanas que siguen abrazando sin complejo alguno las tesis negacionistas, guiados por esos líderes de la derecha política, más o menos extrema, cuyo único mensaje es que esto del ecologismo y la crisis ecosocial son pamplinas que usa la izquierda radical que, alentada por sus científicos buscan atentar contra la tradición y la forma de vida occidental (son su bacanal consumista), y que cualquier problema deviene precisamente de no dejar actuar con "libertad" al individuo y al mercado.  Véase las últimas declaraciones que, a partir de la DANA que ha afectado a varias comarcas valencianas, ha trasmitido el líder del Partido Popular sobre la Agencia Estatal de Meteorología, o los mensajes que, desde las opciones conservadoras, intentan deteriorar la imagen y el papel del sector público en las crisis humanitarias (tanto en la COVID como en esta reciente DANA.  O  la reciente victoria de Trump.

Las prácticas políticas de esta derecha más o menos extrema se caracterizan, grosso modo, por un continuo menosprecio a lo público u otras instituciones colectivas (entre ellas el propio sindicalismo), promoviendo políticas privatizadoras cuyo único objetivo es el debilitamiento de la acción pública en áreas como la sanidad, la educación (obligatoria y universitaria), los servicios sociales, o como hemos visto, las propias instituciones encargadas de prever y actuar frente a las emergencias derivadas del cambio climático. Un proceso de desmantelamiento de lo público que, naturalmente, alimentan los beneficios de ciertos grupos empresariales. Sus políticas, referenciadas en el individualismo depredador, están guiadas por esas desigualdades de poder a las que hacía referencia Warren Buffet "Hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos".  Poco más que decir.

Esa construcción social llamada "libre" mercado actúa de espaldas a lo colectivo, a lo comunitario y, por lo tanto, no piensa en límites ni catástrofes, sino en mantener las dinámicas de acumulación de riqueza, aunque esta, para materializarse, necesite de mayores niveles de pobreza (absoluta y relativa) y de exclusión social.  Para el "libre" mercado, la catástrofe humanitaria es una oportunidad de negocio, una ocasión para mejorar los márgenes, el rendimiento, es decir, para aumentar la tasa de explotación.

La Fundación 1º de Mayo celebró en Teruel,  los días  25 y 26 de octubre, un Congreso sobre la crisis ecosocial, donde se visibilizaba, entre otras cuestiones , que ante el aumento continuado en la emisión de gases de efecto invernadero, la crisis de la biodiversidad o el deterioro de los acuíferos, se debería, sin menoscabo de los esfuerzos en mitigación, dejar paso a aquellas políticas de adaptación necesarias para enfrentarnos a estos shocks que, de formas muy variadas, van a ser cada vez más frecuentes a nivel planetario. Es urgente, si perseguimos un mundo más igualitario y justo, un fortalecimiento de lo colectivo, de lo público.

La última DANA que ha barrido la provincia de Valencia es un ejemplo dramático más de las consecuencias del cambio climático, pero la afectación que ha tenido en términos socioeconómicos es el resultado de la falta de capacidad de gestión, planificación, diligencia y previsión, en este caso del gobierno autonómico del Partido Popular (inicialmente en coalición con VOX), ante el nuevo escenario que dibuja la crisis ecososial.

Así, a modo de ejemplo, entre las primeras medidas llevadas a efecto, se eliminó la recién creada Unidad de Emergencias Valenciana y, según todos los indicios que han llegado desde los principales medios de comunicación, gestionó la anunciada DANA haciendo oídos sordos a las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología o de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su dramático error fue el negacionismo: no hacer caso a las alertas meteorológicas e hídricas, y no desarrollar políticas frente a estas evidencias.  Por desgracia, el resultado de esta falta absoluta de planificación fue la catástrofe humanitaria que está viviendo la población de estas tres comarcas valencianas.  Y es que, cabe recordarlo, tras un desastre "natural" hay, sobre todo, políticas y decisiones erróneas; y ni que decir tiene que, por regla general, las personas más afectadas de estas actuaciones son las personas con menos recursos y más vulnerables: esencialmente de los trabajadores y trabajadoras.

Pedro Arrojo, relator especial en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, recordaba en este Congreso que la acción del ser humano sobre los ríos era una de las causas principales de los desastres derivados de las cada vez más intensas tormentas a las que nos enfrentamos por el cambio climático. Arrojo, a modo de profecía, lo resumía en una frase: "cuando el río baja, lo hace con las escrituras bajo el brazo".  Y, por desgracia, era más que previsible que los ríos y barrancos se desbordaran, tal y como advertían los servicios meteorológicos, y que inundaran zonas habitadas y ocasionaran daños materiales. Los procesos políticos para la ordenación del territorio han dinamizado un urbanismo desbocado (otra gran fuente de beneficios privados) que no tiene en cuenta las "escrituras de los ríos".

Pero no solo son las intensas tormentas o huracanes, el deshielo, el aumento del nivel de mar, los incendios o la irrupción de vectores infecciosos que están afectando con mayor virulencia a distintas partes del planeta.  También están detrás de esta crisis ecosocial la expansión de la precariedad y la pobreza, la intensidad de los procesos migratorios o los conflictos bélicos que estamos viviendo y que, aunque se obvie, están muy ligados al control de los recursos naturales (petróleo, gas, tierras raras, agua...).  Sin el fortalecimiento, a escala global, de políticas de perfil redistributivo (intra e inter países) y que dinamicen un cambio radical hacia un modo de vida con niveles menores de consumo, las consecuencias de la crisis ecosocial supondrán mayor polarización social, mayor precarización de las condiciones de trabajo o inequidades en salud. Y esta deriva hacia un mundo con menores niveles de igualdad y mayor exclusión social estará refrendada por formas de gobierno más autoritario (neofascista) que ahondarán en la pauperización de la mayor parte de la población a través de políticas de privatización de los servicios públicos, desregulación de los mercados de trabajo o de políticas agresivas contra la migración.  Tenemos que elegir entre más mercado, más individualismo depredador, más desigualdad y más autoritarismo, o más igualitarismo, democracia, sociedad y derechos humanos.