En 2004, hace apenas veinte años, robar un objeto valorado en 400 euros era delito, pero amenazar a una mujer en el contexto de una relación de maltrato se consideraba una simple disputa sentimental. Este contraste refleja cómo, durante décadas, se ignoró la violencia machista en nombre de la privacidad o el silencio. Si hay un mensaje letal en nuestro vocabulario es la recomendación de no meterse en asuntos de pareja, cuando es precisamente en la esfera de las relaciones afectivas donde el terreno se vuelve tan resbaladizo que nos permitimos -en demasiadas ocasiones- ejercer el control sobre el otro, aunque se disfrace de preocupación excesiva u otras coartadas igualmente insidiosas.

El caso de Ana Orantes es, sin duda, un antes y un después en la lucha contra esta lacra. El 4 de diciembre de 1997, Ana, una mujer separada de su agresor, pero obligada a convivir con él en la misma casa, acudió a un programa de la televisión pública andaluza a contar su historia. Seguro, ese día había cuidado el aspecto de quien se sabe en la obligación de estar lo más guapa posible, para relatar, con la preocupación de la asediada, las amenazas constantes que sufría. Lo hizo con una valentía desgarradora, anticipando el fatal desenlace que ocurriría 13 días después de ese programa: el día que su exmarido recibió una notificación judicial por amenazas e insultos, la asesinó brutalmente quemándola viva. Ese crimen, que nos escupió en la cara una pregunta ineludible —¿cómo no se tomaron medidas para protegerla? —,impulsó un cambio legislativo sin precedentes en España.

En 2004, con 70 mujeres asesinadas en un año, el primer Gobierno paritario de nuestra democracia aprobó, de manera unánime, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Hasta entonces, el Código Penal mencionaba los malos tratos solo si eran "habituales" y bajo el paraguas de la violencia doméstica, dejando fuera a mujeres separadas, jóvenes en relaciones no convivenciales o noviazgos en los que no existía un vínculo formal.

Esta ley, que se especializó en las relaciones de pareja o expareja, reconoció lo que especialistas y activistas llevaban años denunciando. ¿Cómo se explica permanecer en una relación tan dañina, por un promedio de 8 años? Estaba claro, los vínculos afectivos y el mandato del silencio garantizaba la impunidad del agresor y convertía a las víctimas en las únicas en esa condición que se sienten culpables por recibir una agresión.

Imaginemos cualquier acto agresivo, tenemos tres opciones: huir, pedir ayuda, o hacerla frente. Ninguna de estas opciones representa una salida para las víctimas de violencia, es más, son las únicas que rehabilitan a su agresor: "es una falta de control" o "la presión de su trabajo".

La violencia machista, como acreditan los informes de Naciones Unidas, no entiende de territorios, estratos sociales ni edades. Es, de hecho, el mayor problema de salud pública para las mujeres. En este contexto, la Ley de 2004 fue un punto de inflexión porque no solo reconoció la gravedad del problema, sino que estableció herramientas concretas para abordarlo. Desde el sistema VioGén para valorar el riesgo, hasta el desarrollo de recursos especializados en cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, casas de acogida, atención desde ayuntamientos, colegios profesionales de psicología, medicina, judicial y asociaciones. Además, la creación del Observatorio de Violencia de Género permitió algo esencial: diagnosticar la realidad con datos y estadísticas, pues sin ellos no es posible diseñar políticas públicas eficaces.

Una ley que fue consultada al máximo con el afán de la rigurosidad, necesitábamos anticiparnos a las dificultades de su aplicación. Para ello, nos reunimos con fiscales, jueces, colegios profesionales de médicos, de psicólogos, entidades sociales que recibían en sus locales las primeras señales de auxilio.

Sin embargo, es habitual escuchar críticas que achacan a la ley la existencia de nuevas víctimas, algo que no ocurre con otras normativas como las de tráfico, pese a los accidentes, o las fiscales, pese a los casos de corrupción. Las leyes no eliminan el problema de raíz, pero sí garantizan derechos y recursos para combatirlo. Su eficacia depende, en última instancia, del grado de aplicación y del compromiso político y social.

Hoy, veinte años después, seguimos enfrentándonos al horror de mujeres asesinadas a manos de quienes deberían ser su hogar o su espacio de confianza, pero también hemos avanzado en la conciencia colectiva, en la atención institucional y en los recursos para protegerlas. Este 25 de noviembre, como cada año, recordamos a todas las víctimas, como Ana Orantes, cuya voz y valentía no fueron en vano.