En los últimos años estamos viviendo una expansión acelerada del negocio de la Educación privada en España, ya sea en forma de conciertos o sin ellos. Esto tiene graves consecuencias en la igualdad de oportunidades y desmiente, la ya de por sí, contestada meritocracia.  

El gobierno progresista (PSOE-UP), con Isabel Celáa como Ministra de Educación, promocionó hace unos años la Formación Profesional, quitándole el halo de "la enseñanza para los malos estudiantes". Esto ha provocado una avalancha de matriculaciones en la FP, que se considera que tiene más salida, y en menor tiempo, que las carreras universitarias. El problema es que las administraciones no han sido ágiles para hacer frente a este repentino aumento de la demanda, lo que ha provocado que se abriera un campo de negocio para la enseñanza privada de FP. Ésta ha crecido un 468% en una década, más un 23% la enseñanza concertada-privada, debido a la falta de plazas en la pública. Especialmente sangrante son los casos de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, en manos del PP. En el caso de Andalucía, el fallecido Consejero de Educación de Ciudadanos, Javier Imbroda, produjo una escasez programada de la FP Pública para beneficiar a las empresas privadas del sector de las que él provenía. De hecho, se deshizo de MEDAC, la empresa que dirigía, por 200 millones de euros, que compró KKR, un fondo de inversiones "buitre" estadounidense. Lo que demuestra el interés de los fondos especulativos en el sector y el celo de la derecha en abrirles oportunidades de negocio. Las matrículas en la enseñanza privada de FP suelen estar entre 2500 a 6000 euros al año, cerca de los másters universitarios. Un pingüe negocio. 

Si comparamos los cursos 2013-14 con el 2022-23 vemos los cambios que se han producido en la matriculación. Los centros concertados han descendido del 22% al 13%, mientras que la Privada no concertada ha pasado del 5,7% al 21% de las matrículas. A pesar de esto a la Privada solo asiste un 6,5% de alumnado con necesidades educativas, que se concentran principalmente en la Pública (71%). De hecho, la Privada es testimonial en la FP básica, que se considera no rentable. Por supuesto, la Privada en la FP ocupa las ramas más rentables, como la sanitaria, actividades físicas, comercio y marketing, etc. 

Por otro lado, los centros concertados en Educación Primaria y Secundaria, son uno de los principales factores de la segregación escolar por clase social (19,2% usando el índice de Hutchens, según el estudio de F. Javier Murillo y Claudia Guiral, realizado en 2024), de origen nacional, la que afecta al alumnado NEE o NEAE y al pueblo gitano. Junto con la Educación Privada rompen la experiencia democrática compartida de nuestro alumnado, produciendo en algunos casos centros gueto. Los centros concertados segregan usando fondos públicos, y sólo una minoría de ellos (15%) acogen a alumnado con dificultades sociales. Utilizan las cuotas, unos 1186 millones al año de beneficio, y otras triquiñuelas, ilegales para excluir al alumnado que consideran "indeseable". El grueso del cobro de las cuotas se produce en las tres Comunidades Autónomas más segregadas y con mayor peso de la enseñanza concertada; Madrid, Cataluña y el País Vasco. Además, un estudio de la OSU señala lo que era un secreto a voces, las notas de los centros privados y concertados están infladas en el Bachillerato, provocando una competición desigual e injusta para el alumnado de la Pública. 

Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, están aprovechando la bajada de natalidad para hacer recaer el peso del cierre de las aulas en el sistema público, mientras se deja casi igual a la escuela concertada.  

A esto tenemos que añadir que en el último cuarto de siglo no se ha creado ninguna universidad pública mientras que la cantidad de privadas, de dudosa calidad, no para de crecer. En los 25 años posteriores a la muerte de Franco, se hizo un esfuerzo por la democratización del conocimiento que se materializó en la creación de campus universitarios en muchas ciudades, alcanzando a todas las Comunidades Autónomas. Parece que ese impulso se agotó, lo que era posible y deseable en los años 80 o 90 se ha vuelto una quimera en los 2020´s. Si las universidades privadas proliferan es, entre otras cosas, porque las públicas dejan un hueco importante de necesidades por cubrir. Ese hueco no se mide necesariamente en número de universidades, pero sí en el de titulaciones, cantidad y precarización del personal académico, envejecimiento de las infraestructuras y otros muchos indicadores. 

Cuando se analizan los servicios públicos, como en este caso el universitario, puede parecer que estás viendo una serie en alguna plataforma televisiva. La temporada 1975-2000, con sus diferentes episodios (i.e. los distintos gobiernos) tenía un arco narrativo claro, la extensión y democratización del servicio, la involucración del sector público y un compromiso inversor apreciable. En unos episodios se avanzaba más en la línea del arco de la temporada y en otros menos, pero la dirección es reconocible. Con el cambio de siglo cambiamos de temporada, y el arco de la nueva es muy distinto basado en la sensación de que ya hay un servicio universitario suficiente y que lo que pueda faltar ya no es responsabilidad común. Así, episodio a episodio, gobierno tras gobierno, la financiación de las universidades públicas se va estrangulando. En unos episodios más deprisa y en otros más despacio, pero con una dirección tristemente clara. 

Los últimos ejemplos los tenemos en la combinación de estrangulación financiera por parte  de la Comunidad de Madrid, y sus dos discípulas en cuanto a políticas regresivas, la Junta de Andalucía y Extremadura, a la par que se impulsan más universidades privadas. Este movimiento está ocurriendo en más países, como en el Reino Unido. 

Desde una fuerza política como Sumar contemplamos este panorama con preocupación, porque no es una serie de televisión, y la metáfora se vuelve grotesca cuando comprobamos que se ha averiado el ascensor social que supuso la apertura del acceso a la universidad de finales del siglo pasado. Hoy día ya es mayoría el número de títulos de máster universitario que se expide en universidades privadas frente al de públicas. De hecho, existe un problema serio con los másters habilitantes, como el MAES, que ante la falta de plazas públicas están aumentando la matriculación en las universidades privadas, de quién pueda, obviamente, pagarlas. Y eso no es problemático porque desde esta fuerza política se perciba al sector privado como intrínsecamente insolidario y pernicioso como se trivializa en ocasiones desde la derecha. Es problemático porque los precios de matrícula difieren lo suficiente como para convertirse en una barrera social. Sin retórica, los másteres privados son muy caros, prohibitivos para muchas familias. 

Ya ni entramos en la pésima calidad de muchas de esas universidades de reciente creación o en la imposición política de su apertura a pesar de informes técnicos negativos, se ha escrito mucho sobre eso. Queremos señalar una preocupación aún más profunda, el desinterés político (y social) por el servicio universitario público que, entre todos lo están matando, y el solo acabará muriendo. 

Que una persona pueda comprar oportunidades o títulos en el mercado privado, o privado subvencionado, es un atentado contra la igualdad de oportunidades en nuestro país. Que el Ministerio de Educación no haga nada por combatir la segregación escolar es sangrante, y que al Ministerio de Universidades sólo se le ocurra "flexibilizar" el máster de Secundaria, beneficiando al negocio privado, y no se oponga a la apertura de universidades chiringuito, en un panorama en el que los gobiernos conservadores están recortando recursos a las universidades públicas, es hacer dejación de funciones. 

La derecha tiene claro su modelo educativo basado en la segregación, el clasismo, promover el negocio privado donde se compran títulos y oportunidades, y en un cierre oligárquico de la sociedad. En el momento en el que el dinero entra interfiere en un derecho fundamental como es la Educación, la solvencia salta por la ventana al establecerse relaciones entre clientes, que pueden exigir, y empresas, que tienen que cumplir para mantener la clientela.  

Desde Sumar defendemos el reforzamiento del sistema Público de Educación en todos sus niveles, y la reducción paulatina del negocio concertado en las enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria, y Postobligatoria, a la par de que se revise la calidad de ciertas universidades privadas, que en caso de no cumplir los estándares para serlo se les retire la calificación de centros universitarios. Hay que poner coto a transformar un derecho humano en un negocio. 

Desde Sumar apostamos por establecer un sistema educativo que desde la cuna al final del periodo de formación logre reducir las desigualdades de partida. Entendemos que es una cuestión de justicia social. No nos podemos permitir como sociedad que miles y miles de alumnos y alumnas acaben en situaciones de precariedad y pobreza y no puedan sacar "el Leonardo Da Vinci" que llevan dentro por haber nacido en el lugar equivocado de la pirámide social. La pobreza se hereda y tiene consecuencias sociales, en la salud y en las posibilidades de construir una biografía digna de vida. No hay libertad sin un mínimo de dignidad laboral. No podemos seguir ahondando en la "Sociedad dividida" entre quiénes pueden permitirse la formación y la educación para lograr prosperar en un momento de grandes mutaciones del mercado de trabajo. 

Desde Sumar denunciamos las asfixias de las universidades públicas que se producen en muchas de nuestras CCAA y nos solidarizamos con el profesorado, el PTGAS y el alumnado. Dichas universidades deben de financiarse correctamente ya que son los centros de creación de la ciencia y la cultura, y espacios de democratización del pensamiento. 

*Pedro González de Molina Soler es coordinador del Grupo de Educación del Proyecto de País de Sumar y Profesor de Geografía e Historia

Joaquín Sevilla Moróder es Catedrático de Universidad y miembro de la  Secretaría de Educación, Universidad y Ciencia de la Ejecutiva de Sumar