Florent Marcellesi

Coordinador de Ecopolítica y miembro de Equo. Es coautor del libro "Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible"

Decía Martin Luther King que cada crisis no trae solo peligros sino también oportunidades. Hasta el momento, las políticas de recortes y de austeridad europeas y nacionales nos han enseñado sobre todo la cara peligrosa de la crisis social, ecológica y democrática. Han llevado a la miseria y al paro a millones de personas, principalmente en los países del Sur de Europa. Han humillado a países enteros como a Grecia con el inaudito y liberticida cierre de la noche a la mañana de su televisión y radio públicas. En España o Irlanda, han socializado las deudas de la banca, deudas privadas y, en parte, ilegítimas. Han reforzado las desigualdades entre las personas más ricas que se aprovechan de la crisis y la amplia mayoría más empobrecida que la sufre. Han permitido que el capitalismo salvaje y el lobby financiero diseñaran una globalización de salarios bajos para los trabajadores y beneficios altos para las transnacionales. Han relegado la crisis ambiental a un segundo plano y han alejado la idea de una Europa limpia y baja en carbono. Han creado una peligrosa brecha entre la ciudadanía del sur de Europa y la ciudadanía del norte de Europa, dando además alas a la extrema derecha. La responsabilidad de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y de los gobiernos nacionales (a través del Consejo Europeo, que se reúne los días 27 y 28 de junio en Bruselas para tratar la política económica) es abrumadora.

Desde luego, se nos avecinan aún más peligros con la propuesta pactada entre el PP y el PSOE de cara al Consejo Europeo, a espaldas, por cierto, del resto del Congreso y a años luz de cualquier atisbo de participación ciudadana. Primero, porque este pacto es una broma de muy mal gusto. ¿Cómo pueden pretender estos dos partidos pedir a la Unión Europea que impulse "el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación [...], asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad" (¡sic!)? ¿Cómo pueden permitirse tal ofensa al sentido común cuando brilla por su ausencia en España el llamado "diálogo social", está en marcha la privatización de la sanidad y de la educación, se desmantelan los organismos públicos (como el Consejo de Juventud de España), se ponen en marcha reformas laborales regresivas, se criminaliza a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (y, de paso, al Parlamento europeo), vuelven a aprobar una insostenible Ley de Costas y se desoye al movimiento antifracking y antinuclear? Segundo, porque este pacto incluye un punto muy peligroso: la promoción del acuerdo de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea. Peor que el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se consiguió frenar hace unos años gracias a la movilización social, este nuevo acuerdo —además de negociarse desde la más absoluta opacidad— amenaza gravemente los estándares europeos sociales, ecológicos y culturales de los servicios públicos, del mercado laboral, de la propiedad intelectual o de la agricultura, refuerza aún más el papel de las multinacionales (principalmente estadounidenses) y no tiene en cuenta la escasez energética y el cambio climático.

Es hora de dar por fin cabida a las oportunidades que abre cualquier crisis y cruce de caminos. Es hora de una transición social y ecológica de la economía europea, es decir una salida ordenada del producir mucho (y mal), de la competencia y de la ley del más fuerte hacia otra economía en la que prime la sostenibilidad y la calidad, la cooperación y la solidaridad. En concreto, como pilar de esta transición, la Unión Europea puede y debe hacer una apuesta clara a nivel político y financiero por impulsar todos aquellos sectores que permitan a la vez:
1) Reorientar de forma progresiva el modelo productivo hacia la sobriedad y la adecuación con los límites ecológicos del Planeta.

2) Luchar de forma eficiente y a gran escala contra el paro, en una sociedad donde la ausencia de un trabajo remunerado suele desembocar en procesos de exclusión económica y social.

El impacto neto sobre el empleo de la transformación de Europa hacia una economía baja en combustibles fósiles y baja en carbono será claramente positiva. Los empleos verdes y decentes en rehabilitación de edificios, energías renovables y eficiencia energética, agricultura ecológica, gestión de residuos, industria ambiental, movilidad sostenible, economía social y alternativa o economía del cuidado tienen muchos beneficios. Minimizan el impacto sobre el medio ambiente, son más numerosos que los empleos en sectores "marrones" (los muy intensivos en capital, energía y carbono pero poco en mano de obra), son de calidad y favorecen la economía real y local.

Fíjense: solo cumpliendo con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 30% en 2020 en la Unión Europea, se crearían 6 millones de empleos adicionales a nivel europeo y compensaría ampliamente los 300.000 puestos de trabajo que se prevé destruir en el sector del carbón. No se trata de negar que se destruirán empleos en sectores poco sostenibles o que no sepan adaptarse a las nuevas políticas energéticas y de cambio climático. Al revés, una política pública verde es una política que anticipa los acontecimientos sociales y ecológicos, protegiendo a la vez a las personas más desfavorecidas. Es una política que planifica —de forma participativa y dialogada con los agentes sociales y sindicales, y en general con la ciudadanía— las evoluciones cuantitativas y cualitativas de los empleos, así como las cualificaciones necesarias en este nuevo marco (con políticas activas de formación orientadas hacia sectores sostenibles). Al mismo tiempo, porque cree en el futuro y en la justicia social, es una política que apuesta por sus jóvenes (con una "garantía juvenil europea" por ejemplo) y sienta las bases de una verdadera protección y seguridad social europeas.

Por otro lado, para que esta transición ecológica de la economía sea seria, es prioritario diseñar su financiación. Según la Fundación Verde Europea, la versión ambiciosa y altamente necesaria de este New Deal Verde costaría hasta 350 mil millones de euros al año (es decir un 2% del PIB europeo). Sin duda, es una cifra elevada aunque esta cantidad es sólo un tercio de lo que se invierte en actividades que dañan el medio ambiente —como el uso de fuentes fósiles— o es inferior al dinero que los países de la Unión Europa dedican a gastos de defensa.

Para financiar esta inversión con criterios de equidad y sostenibilidad —y de paso regular los mercados—, las propuestas siguientes son clave:

• El impulso fundamental y a largo plazo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través la creación de una línea de "crédito verde" y la movilización de capitales privados. En particular, cualquier banca rescatada con dinero público tendría que tener la obligación de financiar la transición social y ecológica según ejes decididos democráticamente.

• Una reforma fiscal donde pagan los que más tienen y más contaminan. Hablamos de un impuesto sobre las transacciones financieras en Europa, tal y como aprobó el Parlamento Europeo, y una tasa de carbono para internalizar los costes reales del CO2 y para gravar todas las emisiones no incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.

• El fin de de los paraísos fiscales que supone 1 billón de euros menos para las arcas públicas a nivel europeo, es decir ¡2.000 euros por cada ciudadano europeo al año!

Junto con esta reorientación del modelo productivo, es evidente que hace falta por un lado una (re)distribución de la riqueza a través de un reequilibrio, a favor de las segundas, entre rentas del capital y rentas del trabajo, así como la instauración de una renta básica de ciudadanía y una renta máxima. Por otro lado, el reparto del trabajo es, como lo ha propuesto la Organización Internacional del Trabajo, una medida potente para aliviar temporalmente la crisis y crear permanentemente empleo, calidad de vida y sostenibilidad. Por último, la regeneración democrática de Europa y de sus diferentes países es central: el cambio y la esperanza vendrán de la ciudadanía.

No existen soluciones milagrosas pero sí unas mejores y más imperativas que otras. La transición social y ecológica de la economía forma parte de esta segunda categoría y es un camino que Europa tiene que recorrer con ilusión y voluntad para apostar por un siglo XXI equitativo y sostenible.