Pablo Reyero Trapiello
Funcionario del Estado y Consultor de Empresas y Administraciones Públicas. Exasesor de la Delegación del Gobierno en Madrid

Corren tiempos de cambio para la política y para la relación de los ciudadanos con la Administración. Las nuevas tecnologías y, sobre todo, la crisis y la desafección ciudadana, están llevando a algunos Gobiernos y agentes sociales a promover medidas de transparencia.

Técnicamente, cada vez es más fácil poner a disposición de la gente miles, millones de datos públicos. Y hacer, así, realidad, el derecho de los ciudadanos a la información.

La Administración de Estados Unidos ha concretado este derecho, durante los últimos años, en las siguientes iniciativas:

. Data Gov (presupuestos, inversiones, coste de programas)
. Ethics Gov (reuniones, donaciones, lobbies, denuncias por violaciones éticas)
. Recovery Gov (destino de cada dólar de los contribuyentes)

Estos programas han acabado teniendo una aplicación práctica discreta. Sin embargo, puede resultar útil estudiarlos, al menos como una forma de hacer benchmarking. Es decir, aprender de las buenas prácticas/propuestas de otros.

Data Gov es, posiblemente, el que más notoriedad ha alcanzado de los tres proyectos aludidos. Agrupaba información pública de 29 Estados, 11 ciudades, 172 organismos públicos y 15 internacionales (entre ellos opendata.euskadi).

Sorprendentemente, en un período de crisis, cuando resultaría más necesario que nunca velar por la transparencia de las cuentas públicas, Estados Unidos redujo drásticamente los fondos para este portal. Este recorte se produjo por la fuerte presión republicana, y supuso pasar de un presupuesto de 34 a 8 millones de dólares. La fundación independiente Sunlight intentó, hasta el último momento, evitar este recorte, con una recogida de firmas online (Save the Data).

En la línea de la iniciativa estadounidense Recovery Gov, está una página web británica (wheredidmytaxgo.co.uk). En este portal, la gente puede saber a qué se dedica el dinero de sus impuestos. En un momento de recortes y penurias, donde los ciudadanos son mucho más exigentes con la política fiscal o el gasto público, parece muy adecuado que se facilite esta información al contribuyente.

Para superar la desafección de los ciudadanos por la política, se percibe la necesidad de un cambio de paradigma. Lo que podría llamarse reinventar el gobierno. La tecnología y el aperturismo pueden ayudar en este objetivo. En Estados Unidos, se ha hablado, en los últimos años, de Google for Government. Es decir, crear una plataforma digital que facilite la transparencia entre Administración y administrados, y, además, que organice la información del sector público, y la haga más accesible, más "amigable".

Este sentido de aperturismo se constata en iniciativas que tomó el Gobierno del Lehendakari socialista Patxi López. El País Vasco apostó fuerte por programas como opendata.euskadi.net. O por el portal Irekia (que significa, precisamente, abierto). Esta última página permite que los ciudadanos hagan sugerencias a leyes en tramitación.

Como vemos, las políticas de transparencia aportan un beneficio intangible: la motivación de los ciudadanos con el sistema democrático. Sin embargo, podrían proporcionar, además, un beneficio cuantificable. Según datos oficiales de la Administración española, en concreto de la entidad pública red.es, la liberación de datos públicos tiene un potencial económico de entre 26.000 y 47.000 millones de euros anuales en la UE.

Los datos, en manos de los emprendedores y de la sociedad civil, se convierten en fuente de riqueza. Porque hay intercambio de información, sinergias. Se trata de cambiar el paradigma, de pasar de un Modelo Microsoft (licencias, restricciones) a un Modelo Linux (programas libres). Antes, la información era poder. Ahora, la información compartida, la colaboración es poder. Del mismo, modo las AA.PP. no deben guardan la mayoría de los datos, sino compartirlos con la sociedad. Lo que se conoce como Democratizing data.

Además de analizar la gestión de los políticos sobre esta materia, resulta útil conocer la opinión de los juristas. Una experta independiente latinoamericana, Patricia Reyes Olmedo, afirma que "una ciudadanía bien informada es un valor fundamental de una democracia representativa". El acceso a la información pública formaría parte del derecho a la información, que es un derecho fundamental en la mayoría de los países occidentales.

De hecho, ante el descontento de la gente por la falta de credibilidad de las instituciones, se está intentando en España "apagar el fuego de la indignación popular" con más información, más apertura. De ahí, que surjan iniciativas como la Ley de Transparencia, sobre la que ya empezó a trabajar el Gobierno Zapatero, y que ha llegado al Congreso de los Diputados en 2013.

La portavoz socialista en el debate sobre esta Ley, Meritxell Batet, expresó su confianza en que la futura norma contribuya a recuperar la "credibilidad perdida" y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La política debe revitalizarse, ponerse al día. Para lograr este objetivo, es necesario que la gente se sienta partícipe del sistema, se sienta motivada a trabajar por el interés general. Y los ciudadanos solo volverán a creer en las instituciones si perciben que conocen los datos públicos importantes, y que se tiene en cuenta su opinión, a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos. Como decía el Presidente de Estados Unidos, Harry Truman, la Democracia no es perfecta, pero tiene la virtud de que sus defectos pueden ser visibles y criticados. Por medio de las políticas de transparencia, conseguiremos identificar esos defectos y corregirlos.