La inminente investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno sirve de pretexto a la derecha española para iniciar una nueva ola de crispación. El resultado electoral del 23 de julio mostró la incapacidad del bloque reaccionario —conformado por PP y Vox— para alcanzar la mayoría absoluta y, por lo tanto, el Gobierno de España. Por el contrario, dejó al bloque progresista con la necesidad de articular una mayoría parlamentaria que contase con los apoyos de las diversas formaciones de ámbito no estatal que conforman nacionalistas e independentistas catalanes, vascos y gallegos.

PSOE y Sumar han llevado a cabo las negociaciones pertinentes con las formaciones periféricas, con una discreción absoluta por ambas partes que ha servido para allanar el camino. A esto se suma el respaldo mayoritario —87% de los afiliados/63,4% del censo— que la militancia socialista ha proporcionado a la hoja de ruta aprobada por el Comité Federal y que silencia los discursos interesados de apelación a dos almas del partido que no existen. El apoyo a los pactos de investidura ha ganado en todas las federaciones de forma mayoritaria y ni en territorios cuyos barones son más «díscolos», como Castilla-La Mancha, se atisba la existencia de sectores críticos.
Antes que optar por unas nuevas elecciones que estuviesen marcadas por una tensión competitiva en aumento y sin precedentes, PSOE y Sumar han sabido buscar los acuerdos necesarios para mantener el Gobierno de coalición. El bloque progresista ha afinado la estrategia para lograr el objetivo inicial marcado por la correlación de fuerzas parlamentarias.

En contraposición aparece una derecha caracterizada por la falta de estrategia de Alberto Núñez Feijóo, cuyo liderazgo amenaza con ser transitorio, y por una ultraderecha que busca agitar los fantasmas de los "enemigos de España" ante la pérdida de respaldo en las urnas que le han convertido de facto en un actor subalterno dentro de su propio bloque. Ante el PSOE se contrapone un PP que ve en la articulación de una nueva ola de crispación la salida factible al desnorte provocado por no haber cumplido sus altas expectativas en las elecciones generales.
El ensayo de esta forma de oposición ya se está llevando a cabo con concentraciones convocadas a través de redes sociales frente a las sedes socialistas en las que se escuchan acusaciones de traición o peticiones de prisión para el presidente del Gobierno, además de proclamas anticonstitucionales de corte franquista. Son pocos, pero algunos medios amplifican el sonido de los gritos ultraderechistas.

Esta pretensión de crear un clima atroz de desgaste y deslegitimación no es nuevo. La derecha ya lo ha practicado en reiteradas ocasiones en España. Durante la última legislatura de Felipe González al frente del ejecutivo (1993-1996) las disputas giraron en torno a la corrupción política o el caso GAL con la que los populares desgastaron al entonces presidente tras el fracaso electoral de 1993. También durante el primer mandato de José Luis Rodriguez Zapatero (2004-2008), el cual se inició después del atentando yihadista del 11M. Ya entonces se rompía España cuando el PP colocó como temas centrales de la agenda política —también con la ayuda de los medios de comunicación afines— la estrategia en la lucha terrorista contra ETA y la organización territorial del Estado a cuenta del entonces nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por último, en 2020, en plena crisis sanitaria provocada por la Covid-19, un PP condicionado por el discurso de Vox derivó en una retórica exaltada que deslegitimaba nuevamente al Gobierno —al que se llegó a calificar como ilegítimo y golpista— y al presidente.

La intensidad del ruido crecerá en las próximas semanas

Eduardo Bayón

La crispación en las calles por parte de la derecha pretende canalizar un descontento con el Gobierno progresista que se presenta como limitado y que corre el riesgo de desactivar a los votantes más moderados del PP o los que este podría atraer procedentes de las filas socialistas, como ya ocurrió en las pasadas elecciones generales. A esta crispación se suman los intentos de acción política llevados a cabo por órganos como el Consejo General del Poder Judicial, donde el sector conservador ha buscado una resolución en contra de una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido ni los términos en los que se redactará. De la misma forma, la Audiencia Nacional entró en escena acelerando los plazos de una nueva investigación sobre Tsunami Democràtic que apuntan a Marta Rovira (ERC) y Carles Puigdemont como cabecillas y que ha terminado con la imputación de ambos, junto a otras diez personas, por parte del juez Manuel García Castellón.

La intensidad del ruido crecerá en las próximas semanas. La derecha insistirá en su marco mientras que la izquierda tiene la necesidad de remarcar que es la alternativa necesaria para seguir desarrollando políticas progresistas desde el poder, pese a que la amnistía se presente como una cesión en unas negociaciones complejas. Así, la normalización política de Cataluña y una derecha crispada pueden ser elementos necesarios para un nuevo éxito político de Sánchez.