"Ataca la libertad de prensa". "Limita la libertad de empresa informativa". "Amordaza a los medios críticos". Quiere "controlar los medios". "Contra el derecho a la información de los ciudadanos".

Paren las máquinas. A la prensa conservadora no le ha gustado ni un pelo el Plan de Acción por la Democracia aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Les escuecen las medidas que afectan a los medios de comunicación y lo gritan a los cuatro vientos, aunque omiten que la inmensa mayoría están recogidas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la UE y de aplicación casi inmediata.

Dicho Reglamento entró en vigor en el mes de abril y fue aprobado en el Parlamento Europeo con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. Pero las cabeceras ofendidas (ofendiditas, que diría Lucía Lijtmaer), sólo se dieron por enteradas de su existencia cuando Pedro Sánchez empezó a hablar de "pseudomedios" y de regeneración democrática, el pasado junio y, sobre todo en julio, coincidiendo con el anuncio de su plan en el Congreso.

La ecuación Sánchez=control-de-medios es demasiado jugosa como para dejarla pasar dedicándole atención a un texto que ha sido aplaudido por todas las organizaciones internacionales en defensa de la libertad de prensa.
Pero dejemos a un lado las alharacas de cierta prensa, artificiosas siempre e interesadas casi siempre, y vayamos al meollo, no sin antes recordar que el plan que aprueba el Gobierno es un esqueleto, un punto de partida que habrá que desarrollar y vestir a lo largo de la legislatura. Y cuyas medidas tendrán que pasar por el Parlamento.

Parece que uno de los motivos de tanto escozor es la "creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben". Sin embargo, una vez más, es el Reglamento Europeo el que establece la necesidad de que cada medio haga públicos esos datos y la puesta en marcha de ese registro a modo de "ventanilla única"; aunque el texto europeo habla de "ingresos publicitarios procedentes de autoridades o entidades públicas" y no de "inversión publicitaria" en general, como se recoge en el aprobado por el Gobierno. Esta es una de las grandes contradicciones en las que vive el sector de los medios: reclama transparencia para los demás y se opone a ofrecerla sobre sí mismo.

Pero no nos engañemos, lo que realmente preocupa a los ofendidos son, sobre todo, otros dos asuntos que el Reglamento no recoge de forma explícita: "la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas"; y la "reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad".

Les voy a contar una anécdota que ilustra bien lo que sucede en este país con la publicidad institucional (procedente de organismos públicos). Ocurrió cuando tomaron posesión los llamados "ayuntamientos del cambio", en 2015. Una de las personas a cargo de la política de medios de comunicación en uno de esos nuevos ayuntamientos decidió poner bajo lupa el dinero público que se destinaba a medios. Se encontró con que, en la etapa anterior, dicho consistorio compraba miles de ejemplares a determinados diarios impresos, supuestamente para distribución interna y en eventos y ferias (aunque los asistentes no los cogían y acababan en la basura). Compraba tantos miles de ejemplares que, si el ayuntamiento cortaba esa vía, algunos periódicos podían verse en serio riesgo financiero. ¿Quién quiere sobre sus espaldas la responsabilidad del eventual cierre de un periódico? Nadie. Así que el "ayuntamiento del cambio" siguió comprando ejemplares a los diarios. Hasta hoy, supongo.

Comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones saben pagar bien a sus amigos de la prensa y utilizan el dinero público de la publicidad institucional a discreción y sin criterios objetivos. Ocurre con gobiernos de todo signo político, pero las derechas suelen llevarse la palma. Por eso los medios conservadores se ponen tan nerviosos cuando oyen hablar de "límites" a la financiación pública. Ni más ni menos.

El otro gran foco de urticaria es el de la medición de audiencias. Y lo es porque está directamente relacionado con los ingresos publicitarios que perciben los medios. El ranking oficial de audiencias de medios digitales sitúa en su top diez a cabeceras que elaboran más contenidos sobre recetas de cocina, por poner un ejemplo, que sobre actualidad informativa. Como la planificación publicitaria se lleva a cabo en función de ese ranking oficial, no son pocos los medios que invierten en generar contenidos que poco o nada tienen que ver con la información periodística para conseguir audiencia vía buscadores y ser premiados con esas primeras posiciones... y con los ingresos que de ellas derivan, parte de los cuales provienen de instituciones públicas. Sin embargo, cuando a los ciudadanos se les pregunta en encuestas como las del CIS, la clasificación de medios más leídos cambia y aquellos pasan a ocupar posiciones muy inferiores.

No, ninguna de las medidas aquí explicadas amenaza la libertad de prensa. Su aplicación tampoco la garantizará, pero contribuirá a construir un sistema más justo no solo para los medios, sino también para los lectores. Al menos siempre y cuando se consiga que el juego limpio y la transparencia queden blindados, gobierne quien gobierne. Y, créanme, es ahí donde el periodismo -y la democracia- se la juegan.