Carmen Molina Cañadas

El Calabacino es una aldea situada en el término municipal de Alájar, provincia de Huelva. La localidad llegó a contar con entre 600 y 700 habitantes en el siglo XIX, pero fue perdiendo población de forma progresiva a lo largo del siglo XX hasta quedar completamente abandonada, situación en la que permaneció muchos años.

El estado en el que aún se conserva la naturaleza en esta área, hizo que fuese uno de los primeros lugares en España donde germinó el movimiento neorrural, fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales. Se inició en la década de los años 60 en Europa Occidental y Norteamérica al abrigo de movimientos contraculturales y del famoso mayo del 68.

El municipio de Alájar vio cómo sus tres aldeas recibían la visita de personas procedentes de otros lugares de España, e incluso de otros países, que llegaban para quedarse. Fue una migración no por causas económicas sino generada por la búsqueda de entornos abiertos, tranquilos, menos contaminados y con una cierta calidad paisajística. En España, fue en la década de los 80 cuando se inició este retorno rural, con la clara convicción por parte de los que llegaban, de que la vida en el campo es mejor que en las ciudades.

Las personas que llegan son de muy variado tipo, aunque destaca gente joven, con hijos, que provienen de áreas urbanas y desean vivir en el campo, o bien personas con profesiones y modelos de vida que se desenvuelven mejor en un entorno rural, en contacto con la naturaleza.

Aldeas prácticamente abandonadas, como El Collado, o abandonadas del todo, como era el caso de El Calabacino, han sido pues, repobladas desde esa perspectiva de vuelta a la naturaleza de gentes de la ciudad. El caso más excepcional lo constituye El Calabacino, una aldea de las más antiguas de la comarca, que, tras despoblarse y quedar completamente vacía, no volvió a tener vida hasta finales de los setenta. Sus nuevos pobladores, gentes dedicadas a la artesanía o el arte y que buscaban la autosuficiencia, en un primer momento actuaron como okupas de las casas abandonadas, pero posteriormente se fueron integrando progresivamente en el municipio de Alájar, adquiriendo la propiedad de las viviendas.

Un hecho habitual en las ocupaciones rurales, es que se hacen generalmente en terrenos estatales, porque los resortes de la administración pública son más lentos, y porque puede solventarse el problema con una concesión del pueblo a sus ocupantes, siempre que exista un compromiso de rehabilitación de las viviendas en unas condiciones de respeto por la estética tradicional. Casos de este tipo se han dado, por ejemplo, en varios pueblos de Huesca.

En El Calabacino, se ocuparon viviendas en verdadero estado de ruina. Con el tiempo, esas casas se han ido adquiriendo por parte de sus ocupantes, que actualmente son propietarios en su inmensa mayoría. En los últimos veinte años, esta aldea ha sufrido una auténtica transformación, puesto que se han recuperado viviendas que estaban a punto de desaparecer, y en otros casos, se han construido algunas nuevas. Casi todas mediante técnicas de bioconstrucción respetuosas con el entorno.

Lo que hay en esta zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por tanto, es una ecoaldea, lo que implica que sus habitantes comparten una filosofía común, donde está muy presente la idea de la sostenibilidad de los recursos, la ecología, la relación con la tierra y el entorno social, alcanzando un alto grado de autosuficiencia. Por eso no entienden que se les pueda imputar un delito medioambiental cuando lo que defienden es precisamente, el medio rural y la conservación del entorno natural. Pertenecen a la Red Mundial de Ecoaldeas.

De los 114 habitantes —40 de ellos niños— en el municipio de Alájar, de momento cuatro vecinos han sido imputados por edificar viviendas que la Fiscalía de Medio Ambiente considera ilegales por estar edificadas sobre suelo protegido del corazón del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En un escrito de acusación, el Ministerio Público solicitaba dos años de prisión, multa de 5.800 euros y la demolición de una casa para uno de los matrimonios que habitan en El Calabacino, que tiene dos hijos de tres y cinco años. Sorprende lo desproporcionado de estas medidas y que se vaya por la vía penal contra el vecindario, asentado en la zona desde 1979, cuando resulta evidente que no han actuado como los especuladores que en tantas ocasiones han generado pelotazos urbanísticos sin cuento.

Es cierto que en la zona se han construido casas fuera de la normativa urbanística y de la LOUA, pero también lo es, que habitar en la aldea y desarrollar las actividades artesanas y de huerta para autoabastecimiento es perfectamente compatible con la protección que requiere un espacio protegido como el de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por ello somos muchas las personas que cuestionamos la pretensión de imputar delito ambiental a un núcleo de población que lo que hace es contribuir al mantenimiento y recuperación de los elementos históricos, culturales y ambientales que integran el paisaje, como caminos reales, empedrados y veredas, manantiales... Muchos de ellos, elementos del patrimonio histórico que no se conservarían sin su presencia. Además, por su particular tipología social y arquitectónica han propuesto concretar un Proyecto de Hábitat Rural Diseminado como de Interés Social y Ecológico y que así sea contemplado en el PRUG del Parque.

El reto que en este siglo XXI enfrentamos es, precisamente, volver a establecer un vínculo estrecho de los asentamientos urbanos con su territorio, en interacción responsable. Y en ese reto la ecoaldea de El Calabacino puede aportarnos muchas enseñanzas.

La LOUA unifica criterios para todo el territorio andaluz, cuando las realidades son absolutamente diferentes a lo largo de toda nuestra tierra. Este factor está forzando a la consideración específica del urbanismo en las zonas rurales y de montaña.

Pareciera que la Junta de Andalucía concibe los parques naturales como un espacio donde el hombre no tiene cabida, cuando son zonas donde la actividad humana está permitida dentro de unos usos razonables que no pongan en peligro sus valores naturales. Con estas decisiones desde la Delegación de Medio Ambiente se penaliza el retorno a la vida rural, cuando el problema que encaramos en estos tiempos es precisamente el despoblamiento rural.

La presencia de este medio centenar de familias en El Calabacino es primordial para su entorno. De hecho, sus altos índices de natalidad y la escolarización de esos niños han permitido que siga abierta la escuela de Alájar, por ejemplo. Estas edificaciones no crean perjuicio a su entorno; bien al contrario, están dando un buen ejemplo del camino a seguir para repoblar zonas rurales vacías.

*Carmen Molina Cañadas es coportavoz de EQUO Andalucía y diputada en el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario de Podemos