Eva García Sempere

La Comisión Europea ha vuelto a amenazar a España por incumplimiento de una normativa ambiental. El Gobierno deberá presentar en menos de una semana un plan con medidas urgentes y ambiciosas para disminuir sus altos niveles de contaminación atmosférica o los reiterados incumplimientos en calidad del aire serán llevados al Tribunal de Justicia de la UE.

Y es que estamos hablando de algo que nos afecta y mucho. Como ha recordado la propia Comisión, sólo en la UE 400.000 personas han muerto prematuramente y millones sufren enfermedades como consecuencia de la contaminación. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente estamos ante el riesgo de salud ambiental más grande en Europa.

La contaminación del aire causa una décima parte del total mundial de defunciones. En Europa, a pesar de que las emisiones de muchos contaminantes atmosféricos han disminuido sustancialmente en las últimas décadas, lo que ha mejorado la calidad del aire en toda la región, las concentraciones de contaminantes en el aire todavía son demasiado altas y persisten los problemas de calidad.

La Organización Mundial de la Salud estima que la mala calidad del aire provoca cada año tres millones de muertes prematuras y que la contaminación está relacionada con la aparición de diversos tipos de cáncer, con enfermedades respiratorias e incluso ya se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de infarto cerebral. Es más, en octubre de 2013, la OMS clasificó el aire contaminado como un cancerígeno humano dentro del Grupo 1.

El Ozono troposférico y las partículas ("polvo fino") son especialmente preocupantes, ya que la exposición a los mismos puede traer consecuencias sobre la Salud: desde leves efectos respiratorios hasta la muerte prematura.

La propia OMS confirma que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados para una media anual de partículas con un diámetro inferior a 2,5 micrometros(PM2,5). Estas PM2,5 incluyen el sulfato, los nitratos y el hollín, que penetran profundamente en los pulmones y en el sistema cardiovascular. Y, según recoge el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) "La calidad del aire en Europa - Informe 2017", también están aumentando los niveles del benzopireno, una sustancia con efectos cancerígenos y único contaminante que continúa al alza.

En el caso de España cerca de 44 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2016, según el informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción; esto es, el 94 % de la población y el 90 % del territorio. Hasta 18 ciudades superaron el pasado mes de noviembre los límites de dióxido de nitrógeno o de concentración de partículas PM10 permitidos por la Unión Europea. Madrid y Barcelona encabezan los incumplimientos en tasa de NO2.

Siguiendo los estudios sobre ingresos hospitalarios vemos que son sensiblemente superiores en las semanas donde los niveles de contaminantes eran mayores. Específicamente, se realizó un estudio en el Hospital Universitaria de Canarias (HUC) cuya conclusión fue contundente: la exposición a dióxido de nitrógeno aumentaba los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca y síndrome coronario agudo; la polución ambiental es un factor de riesgo sobre la salud cardiovascular por primera vez en España.

Otra investigación, esta en la ciudad de Barcelona y publicada en el International Journal of Cardiology, señala en sus conclusiones que los contaminantes del aire también actúan como desencadenantes de los infartos de miocardio más graves. De entre los contaminantes, aquellos con mayor asociación con los infartos de miocardio y con su gravedad resultaron ser el PM 2.5 (que proviene fundamentalmente del tráfico rodado) y el PM 10 (que se genera por la fricción de las ruedas de los coches con el suelo, de los frenos, etc).

A pesar de la contundencia de los estudios, de las normativas ambientales aprobadas por la UE y de la tendencia general decreciente en toda Europa en los últimos años, España aumenta desde 2015 las emisiones. El aumento "sustancial" en carbón para la generación de electricidad, en diesel para transporte rodado -en especial coches de pasajeros- y un mayor uso del gas en el sector comercial-institucional parecen estar detrás.

El cambio climático, también aquí, tiene un papel destacado: la reducción de lluvias y el incremento de situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de contaminación agravan la concentración de contaminantes.

En España, las competencias en materia de calidad del aire están transferidas a las CCAA y, en algunos casos, a los municipios. Asimismo, el principal responsable de la contaminación sigue siendo el tráfico y, por tanto, es en las ciudades donde radica el problema y la solución. Madrid, por ejemplo, paradigma de ciudad con verdaderos problemas de calidad de aire, ha ido poniendo en marcha protocolos de actuación ante niveles de contaminación alarmantes. A pesar de la insuficiencia de estas medidas, es destacable la terrible oposición que se generó alrededor de ellas por parte del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid y que dice bien poco de aquellos representantes públicos que tienen la obligación de velar por el bienestar ciudadano.

Sin embargo, y siendo esto cierto, también lo es que desde el Gobierno pueden ponerse en marcha medidas que acompañen a aquellas que han de acometerse desde distintas administraciones y, por tanto, que ayuden a disminuir la contaminación atmosférica. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos hace ya unas semanas recordábamos este hecho y lanzábamos algunas propuestas que, siendo mínimas, las entendemos fundamentales para empezar a solucionar un problema gravísimo: necesitamos planes de lucha contra la contaminación que incluyan actuaciones concretas, específicas, medibles, alcanzables, realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado global y detallado, dado que estos requisitos, en general, no se cumplen en el recientemente aprobado Plan Aire II.

También consideramos necesaria la creación de un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales. Y que ese mismo órgano vele por la realización de campañas destinadas a aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud y el medio ambiente.

Por último, algo que puede resultar revolucionario en un país donde el cumplimiento de las leyes es, en demasiadas ocasiones, arbitrario y sujeto al criterio de a quién beneficia. Nos referimos ni más ni menos que al cumplimiento de la normativa europea sobre calidad del aire.

En la lucha contra la contaminación hemos de ser rápidas e inflexibles. No hay plan b: nos jugamos nuestra salud y supervivencia. Aquí y ahora.

*Eva García Sempere es diputada del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Coordinadora del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida