Andrés Barrio

* Licenciado en Oceanografía y Master en Ing. Ambiental

Bueno, pues ya está aquí. Ya tenemos el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Después de años pidiéndola a los cuatro vientos, de poner de vuelta y media al Partido Popular por su inacción y de grupos y grupos de trabajo entre parlamentarios/as, industria y organizaciones ecologistas, este miércoles 14 de noviembre las ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han presentado la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La verdad que una vez analizadas las líneas generales del borrador presentado, a uno le da cosa criticar algo que lleva tanto tiempo esperando y pidiendo, pero la poca ambición que se desprende de él queda reflejada en las propias palabras de la ministra Ribera: "La Ley es negociable, prudente, conservadora y valiente". Vaya combo.

En mi opinión, algo que es "prudente y conservador" pero a la vez "valiente" no puede ser más que algo en lo que desconfiar, ya que o es una cosa o es la otra. Este pedazo de oxímoron solo viene a responder al mundo en el que vivimos, un mundo que quiere luchar contra el cambio climático, pero es incapaz de modificar su paradigma vital, pues o cambia sus modelos económicos, energéticos, de trasporte y de consumo o solo seguirá aumentando sus emisiones de carbono hasta el desastre final.

Para ponerse la tirita, el Gobierno ha tirado de la única medida concreta y valiente con que parece contar el texto, que es la de prohibir la matriculación de vehículos con motor de combustión para 2040. De esta manera, nos tienen a la gresca entre una industria incapaz de modificar sus hábitos de producción y una ciudadanía que aspira a respirar aire limpio. Nos enseñan el árbol y así nos impiden ver el bosque que representa una norma inconcreta, sin ambición y que solo incide en el modelo energético y de movilidad de forma muy somera, obviando ese paradigma del que antes hemos hablado.

Ya desde los objetivos generales nos aprieta el desasosiego, donde el objetivo de esta ley es reducir las emisiones de CO2eq en un 20% para 2030 cuando el acuerdo de europa en París fue del 40%. Bien es cierto que España solo representa el 8% de las emisiones totales de la UE, pero con el potencial renovable que tenemos, la baja densidad de población, un clima benevolente y el saber que somos, junto con el resto de países mediterráneos, los que más vamos a sufrir las inclemencias del Cambio Climático, este objetivo se nos antoja insuficiente y rematadamente irresponsable.

Como muestra, un ejemplo: los municipios españoles que han suscrito el llamado Pacto de los alcaldes se han comprometido a cumplir con la norma 20/20/20 (reducir el 20% para 2020) y a cumplir con París por sí mismos, con una reducción del 40% para ese 2030. ¿Cómo es que los municipios con un consumo del 75% de la energía pueden comprometerse a una reducción así y el Gobierno conformarse con el 20%?

En materia energética tenemos otra inconcreción más. Primero solo se marcan reducciones del 35% en el consumo de energía primaria, dejando el uso abierto a los combustibles fósiles, pero comprometiéndose eso sí, menos mal, a que el 70% de la energía eléctrica venga de fuentes renovables para el 2030.

¿Cómo van a conseguir estos objetivos? Pues la verdad es que no sabemos muy bien cómo. Primero, han sido "tan valientes" que no han fijado el cierre de las centrales térmicas de carbón, principal razón por la que España sigue aumentando sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), siendo de un 4,4% este último año. En segundo lugar, dejan abierta la inversión en otros tipos de generación no renovable cuando ya tenemos una sobrepotencia instalada que nos permite cerrar y abrir nuevos ciclos de generación renovable. Por último, se incide en la regulación de las infraestructuras de distribución de gas.

Que al final esta ley pueda contemplar la inyección a la red de "gas renovable" o que se equiparen  las redes de transporte eléctrico a las de gas solo viene a confirmar la sospecha que desde los grupos ecologistas y las plataformas por un nuevo modelo energético se tenía de que el gas no es solo un combustible de transición dentro del mix, sino que ha venido para quedarse, lo que lastrará los objetivos de reducción de emisiones en el futuro.

Aún así se empiezan a ver gestos positivos, como el hecho de no autorizar nuevos proyectos de investigación y explotación de hidrocarburos o el cerrar la inversión pública a estos, pero o se pone fin a la expansión continua del petróleo, el carbón y el gas, se aplican desincentivaciones fiscales a las inversiones privadas y se reduce y electrifica el consumo de energía primaria o seguiremos obstaculizando una transición energética real, renovable y justa.

Evidentemente, debemos ser conscientes de que las leyes solo son normas genéricas que están a la espera de la redacción de Reales Decretos que las habiliten y de planes sectoriales que concreten las acciones, pero, por lo que conocemos hasta la fecha, esta norma se explica más por lo que no dice que por lo que dice.

No parece que el autoconsumo, el balance neto y el urbanismo sostenible vayan a estar incluidos en la ley que finalmente vea la luz, ni que se avance en las exigencias de edificación más allá de las contempladas en los documentos de ahorro energético del Código Técnico de la Edificación (CTE). Si no entendemos que las ciudades y nuestras casas deben dejar de ser sumideros de recursos para empezar a generarlos, solo seguiremos aumentando el consumo.

Igualmente, un Gobierno que no parece hacer mención de modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, mantendrá el régimen marginalista para la fijación del precio de la electricidad y las tasas por insularidad, por lo que si se aumenta el consumo eléctrico con medidas como la famosa de los coches eléctricos, este precio no parará de subir.

Tampoco han hecho referencia a sectores de nuestra economía que aportan su granito de arena al aumento de las emisiones. Ni una palabra sobre los modelos de gestión de residuos o, mejor dicho, a reducir la generación de residuos. Nada de implementar sistemas como el SDDR o el retorno directo que reducirían en más de cinco veces la generación de GEI.

Nada de modificar las líneas de transporte de mercancías, ni de incidir en los hábitos de consumo, de incentivar producción y consumo local o de la alimentación saludable que reduzca nuestro consumo de carne. Nada de agricultura ecológica, manteniendo un modelo industrial que bate récords en cuanto a insumos respecto del resto de Europa y así un largo etcétera de ausencias que no modificarán un sector que supone el 11% de nuestras emisiones.

Pero, además, seguimos sin conocer qué medidas de adaptación y mitigación tienen previstas. Aunque mencionen la gestión hidrológica y su planificación, no parece que se le vaya a poner coto al regadío intensivo ni al control de las aguas subterráneas. El 80% de la península está en riesgo de desertización y tendremos que esperar a Reales Decretos y modificaciones sectoriales para que algún gobierno le ponga el cascabel al gato.

Sí es cierto que en la movilización de recursos se plantea destinar el 20% de los presupuestos generales para luchar contra el Cambio Climático y de financiarse con los injustos derechos de emisión, pero, como hemos dicho, se dice más por lo que no se dice que por lo que se dice. Habría que conocer al respecto si se tiene previsto su inversión en los más que demostrados inútiles proyectos de captación de carbono y geoingeniería futurista.

En sí tenemos a la vista una Ley que se dice de Cambio Climático y que se limita a cincelar el tráfico y la energía, pero sin entrar a fondo en ninguno de los aspectos que inciden en el tráfico y la energía. Se trata básicamente de una norma de buenas intenciones que pierde la oportunidad de abrir líneas educativas que enseñen desde las escuelas qué es eso del Cambio Climático y la transición energética o que obligue a un cálculo de huella de carbono para los productos que consumimos.

Por nuestra parte, debemos seguir ahondando en los cambios de modelo que a las personas nos atañen para como solemos decir "cambiar nuestra forma de vida, para no cambiar el clima". El problema es que con las luchas personales no vale. Debemos estar respaldados por un Gobierno que acompañe e impulse este cambio con medidas eficaces y valientes. Como dijo nuestra ministra, este es un texto negociable y debemos empujar para  que la negociación no la gane la industria del carbono, sino que la gane el Planeta.