Santiago Martín Barajas y Erika González Briz.

Miembros del Area de Agua de Ecologistas en Acción.

En nuestro país, la administración hidráulica tradicionalmente apenas ha prestado atención a las aguas subterráneas. Se podría decir incluso que las ha despreciado. A consecuencia de ello, una parte de nuestros acuíferos se encuentran sobreexplotados y muchos de los que se localizan en la costa han sufrido la intrusión de agua marina. A esta situación hay que añadir el elevado número de pozos ilegales que, en 2006 según la información del Ministerio de Medio Ambiente, se cuantificaban en 510.000 pozos abiertos sin permiso. De ellos se estimaba que se extraían anualmente 3.600 Hm3, que para hacerse a una idea, es un volumen equivalente a lo que consume aproximadamente una población de 40 millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de estas cifras, hasta ahora no se ha hecho casi nada para evitar la creación de nuevos pozos ilegales, por lo que su número posiblemente sea mucho mayor en la actualidad. Se puede decir, entonces, que el elevado número de pozos ilegales existentes, unido al hecho de que no se hayan realizado nuevos censos en los últimos 12 años, son pruebas palpables del desinterés continuado de la administración hidráulica hacia las aguas subterráneas.

La misma lógica ha funcionado en relación al control sobre los pozos abandonados, que es inexistente. Por esta razón, hay diseminados por toda nuestra geografía, miles de pozos que no disponen de ningún tipo de señalización y protección, generando un elevado riesgo para la fauna y las personas. El crecimiento de la vegetación en torno a los pozos impide en muchos casos que puedan ser vistos y, por lo tanto, resulta fácil que caigan en ellos, como de hecho ocurre, animales salvajes y domésticos, como también, de forma ocasional, personas. Conviene señalar que este tipo de riesgos no sólo son causados por los pozos de agua, pues los hay también en antiguas explotaciones mineras que, en muchos casos, tampoco cuentan con ningún tipo de señalización o protección.

Bajo la perspectiva ambiental se suman otros efectos dañinos generados por los pozos abandonados, pues han sido también en muchas ocasiones responsables de la contaminación de los acuíferos. En unos casos porque su apertura ha comunicado los sustratos superiores con otros más profundos, llegando a éstos últimos la contaminación difusa derivada de la actividad agraria desarrollada en la superficie. Y en otros casos por haberse vertido directamente en los propios pozos residuos sólidos y líquidos contaminantes.

Los riesgos de contaminación y de accidentes para la fauna y las personas se podrían evitar si existiera un control eficaz frente a ello. El problema es que la normativa vigente es vaga y ambigua, posiblemente también debido a que la gran mayoría de pozos se sitúan sobre suelos privados, siendo por tanto la responsabilidad del titular del terreno. Pero con independencia de la titularidad del suelo, lo cierto es que esos pozos existentes sin ningún tipo de señalización y protección, constituyen un riesgo para la seguridad de las personas y los animales. Además, una gran parte de estos suelos de propiedad privada se encuentran sin vallar, pudiéndose transitar libremente por los mismos.

En definitiva, nos encontramos con miles de pozos abandonados, sin señalización y protección, dispersos por toda nuestra geografía, que conllevan un impacto ambiental asociado, así como un riesgo para la seguridad de las personas. Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que ya va siendo hora de que el Ministerio para la Transición Ecológica se tome en serio este problema, y ponga en marcha un plan a nivel estatal para la clausura progresiva de todos los pozos ilegales que existen en el país. Asimismo, dado que la normativa vigente resulta un tanto vaga y ambigua, creemos necesario que se apruebe una normativa que determine que los propietarios de los terrenos en los que existan pozos, abandonados o no, tengan la obligación de llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a evitar los riesgos para las personas y animales. Por ejemplo, la obligatoriedad de sellar con tierra, y hormigón en la parte superior, los pozos que se encuentren abandonados, pues así se evitan también los problemas de contaminación de acuíferos. O también el establecimiento de un brocal con una altura mínima y de una tapa de hierro con candado, en aquellos que se pretendan volver a utilizar.

Por último, consideramos que los ayuntamientos deberían participar en la solución de este problema, por ejemplo, procediendo a la detección de todos los pozos abandonados que pudieran existir en su término municipal, pues los gobiernos locales tienen más facilidad para ello por el conocimiento que tienen del terreno. Una vez localizados, también deberían adoptar las medidas preventivas de urgencia necesarias para evitar que sigan siendo un riesgo para las personas y los animales.