Los ríos españoles hace mucho tiempo que dejaron de ser tales, troceados, desecados, desprovistos de la vegetación y espacios de ribera y con las llanuras de inundación y el territorio fluvial ocupados por miles de construcciones. Se estima que existen unos 170.000 obstáculos que cercenan los cauces y que hacen que el flujo de agua, sedimentos y vida no puedan superar una auténtica "trombosis fluvial".

Para paliar esta lamentable situación, que supera el millón de obstáculos en la Unión Europea (UE), la Directiva Marco del Agua obliga a lograr el "buen estado ecológico" de los ríos y mejorar sus condiciones hidromorfológicas. Para llevar a cabo esta labor se hace imprescindible reformar el sistema de las concesiones de aguas públicas y recuperar la conectividad de los ríos con su territorio fluvial y con su propia circulación de las aguas, lo que conlleva el que se hayan de demoler presas, azudes y estaciones de aforo que actualmente carecen de cualquier tipo de utilidad, como demuestran de forma patente e insoslayable variados estudios científicos publicados en distintos países.

Esta labor de eliminación de obras hidráulicas obsoletas es, además de una obligación jurídica derivada del Derecho de Aguas y del Patrimonio de las Administraciones Públicas, una excelente fuente de empleo de calidad, de recuperación del mundo rural y de innovación de nuestra Ciencia, siendo España líder en estos asuntos a nivel mundial y receptor de los exigentes fondos LIFE de la UE para estos fines. Asimismo, la política de restauración fluvial encuentra acogida también en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Así lo reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una Instrucción sobre la materia y en los distintos planes hidrológicos de cada demarcación hidrográfica, y en las recientes declaraciones ambientales estratégicas de los planes hidrológicos publicadas en el BOE. Finalmente, resultaría contradictorio no favorecer la eliminación de estos obstáculos obsoletos por parte de un Gobierno que está trabajando actualmente para impulsar nuevamente la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Hablamos de miles de represas o azudes abandonados que se encuentran en ruinas y que suponen un riesgo cierto de daños a personas y bienes. Como es normal, no podemos dejar a su suerte esta larga serie de ajadas construcciones, a las que se le aplica de lleno el concepto de "ruina" de la Ley de Ordenación de la Edificación. Y si se diere el caso de obras con constatado valor patrimonial, que estén situadas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (dependientes del Estado), siempre es posible, con la supervisión del Ministerio de Cultura, realizar una escotadura limitada al cauce, conservando el resto.

Sin embargo, vemos con estupor cómo se paralizan algunos proyectos de restauración fluvial simplemente por el interés de algunos vecinos en una imagen estática e idílica de unos ríos que soportan una afección muy grave de obstáculos fluviales. Nos referimos, por ejemplo, a la represa abandonada de Puente Mesa (Segovia), en el río Cega, donde inexplicablemente la Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Segovia, sin ninguna competencia en materia hidráulica, han arrumbado a una esquina un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Duero, obligando a dar freno y marcha atrás, como hubiera dicho el gran maestro del humor Jardiel Poncela, simplemente por la protagonista actitud de una alcaldesa y senadora junto a la de algunos vecinos. Algo que ha de regirse por el interés general y la seriedad que le da la Ciencia y el Derecho, se ha transformado así en algo parecido a un espectáculo de variedades.

Lo que ocurre es que el asunto no es para tomarse a broma. El interés general de estas obras de restauración se ha visto así frenado por un localismo que no puede tener acogida en la Administración General del Estado, algo a lo que ha de poner coto con decisión el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el caso de la represa abandonada segoviana de Puente Mesa no entendemos cómo en la decisión ha sopesado más la inopinada y rechazable intervención de la Delegada del Gobierno en Castilla y León y la Subdelegada del Gobierno en Segovia, que los criterios científicos y legales de la Confederación Hidrográfica del Duero, verdadera convidada de piedra en esta triste representación de un genuino retablo de las maravillas. Es más, se ha decidido cambiar por completo la situación, previéndose la restauración de un azud obsoleto y sin valor patrimonial, a pesar de su enorme coste económico e ineficacia, frente a la eliminación de este obstáculo carente de toda singularidad que se encuentra en una penosa situación, soportando así el río Cega la continuación de la degradación ambiental. Nos preguntamos si esto se haría ante edificios o naves industriales en ruina y sin valor patrimonial, que se eliminan con total normalidad todas las semanas. Como es obvio, estos trabajos de restauración en beneficio de todos han de quedar al margen de la lucha interna partidista, de las fintas de esgrima y de las estratagemas de corto alcance y vuelo gallináceo, que parecen ser las protagonistas de este burdo sainete.

Por tanto, mostramos nuestra perplejidad ante estos hechos, que por desgracia no es un caso único en nuestro país ni mucho menos, pues a la mínima y caprichosa queja de algunos y a la sorprendente y torticera intervención de responsables públicos sin competencias en la materia y sin base legal o científica, vemos cómo la autoridad responsable se ve obligada a retirar estos beneficiosos proyectos.... Entendemos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería tomar cartas en el asunto, haciendo un gran esfuerzo en pedagogía y sensibilización ciudadana, que contribuya a una sociedad cada vez más informada y mejor capacitada, a la vez que de forma paralela ejerce plenamente sus competencias, y no admite presiones externas que rayan lo caciquil. Debe cumplir y hacer cumplir la normativa española y europea, y contribuir sin pausa a recuperar las condiciones ambientales de nuestros maltratados ríos.