No sé qué hacen los niños viendo Los Juegos del calamar. Sería conveniente que alguien les explicara que el Estado de derecho está para que esas cosas no pasen. Que luego confunden la realidad con Netflix, votan a Vox y el daño es irreparable. No pocos de sus padres y abuelos dejaron que se echara mucha tinta en la Transición y ahí está Felipe González diciendo que es del régimen del 78, GAL incluido, y a mucha honra. ¿Volverán a invitar a la División Azul a desfilar por la Castellana? De momento, los jueces devuelven a las calles los nombres de asesinos.

Que el poder esté utilizando en el siglo XXI la justicia como último refugio del antiguo régimen se explica porque desde la Revolución Francesa la naciente democracia liberal, que era la forma de poder que legitimaba la obediencia popular, permitió al poder judicial seguir manteniendo sus tintes aristocráticos. Tintes de calamar juguetón que siempre enturbiaban el ambiente y servía para recuperar el orden de las cosas si desde el ejecutivo o el legislativo las exigencias populares se desmadraban. Nada dio mas miedo a la burguesía que los tribunales populares y cuando cayeron los regímenes comunistas, por supuesto que los jueces fueron depurados –el caso de la República Democrática Alemana fue emblemático- mientras que cuando caían las dictaduras de derecha, los magistrados seguían en su sitio, fueran los jueces de Pinochet, de Franco o, incluso, buena parte de los jueces que habían servido al III Reich y al fascismo italiano. Nüremberg siempre tuvo mucho de farsa.

Siempre que los pueblos han avanzado en la democracia, las élites han propuesto salidas supuestamente democráticas para frenar esos avances. Democracia y liberalismo solo se llevan bien en tiempos de bonanza económica. Buena parte de los organismos internacionales están al servicio del statu quo y es más fácil que la derecha polaca se cisque en los tribunales de la Unión Europea a que haga lo mismo la Bolivia del MAS o la Argentina del Frente de Todos con el Fondo Monetario Internacional.

Los jueces de la dictadura en España fueron, la mañana después de la muerte del dictador, los jueces de la democracia. El Tribunal de Orden Público, el temido TOP dedicado a tapar las torturas y asesinatos del franquismo, encarceló a 3.797demócratas que peleaban por acabar con la dictadura o que no eran adeptos al régimen. Paso a llamarse en 1977 Audiencia Nacional. Y al menos diez de los dieciséis titulares del TOP pasaron a ser jueces de la Audiencia Nacional. Por esas cosas se puso un Tribunal Constitucional, de corte político, para frenar las barbaridades que iban a dictar los tribunales posfranquistas. Y por eso figuras de enorme prestigio como Manuel García Pelayo o Francisco Tomás y Valiente presidieron ese tribunal, pues sus fallos judiciales, marcados por su talante democrático, tenían que equilibrar las barbaridades de los jueces que habían ganado la guerra. Y que nunca iban a permitir que se juzgara a los responsables de la dictadura. Jueces franquistas al servicio de una lógica continuista. Calamar.

Por eso no es sorprendente, aunque sí bochornoso, que una jueza argentina, la jueza Servini, decida procesar al supuesto criminal franquista Martín Villa, Ministro de la Gobernación cuando fueron perpetrados asesinatos, por delitos de lesa humanidad, que no prescriben, como lo son las torturas o los homicidios bajo la dictadura. Algo que pretendió amnistiar Juan Carlos I en la ley de Amnistía de 1977 que con no poco bochorno la izquierda aplaudió. Jueces de fuera enmendando la plana a jueces españoles. La democracia española se enturbia.

Que el PSOE y el PP vuelvan a repartirse los órganos constitucionales encargados del control democrático supone una vuelta atrás inquietante. Como si los que manejan los hilos del poder en España hubieran restituido las reglas caducas y corrompidas que el 15M vino a terminar de arrumbar y terminaran riéndose de su prepotencia de ricos caprichosos. Un juego del calamar donde la ciudadanía de a pie espera resignada su mala suerte mientras los poderosos recuerdan que los jueces les pertenecen y que no mandas en un país para que otros te dicten cómo se aplican las reglas.

A la gente de Podemos la está persiguiendo una parte de la judicatura de una manera que contrasta sobremanera con el trato a otros ciudadanos y políticos de otros signos ideológicos. El tiempo y los jueces europeos lo dirán, pero las sospechas de prevaricación se multiplican y la ausencia de atención del Consejo General del Poder Judicial a estos despropósitos está vaciando la legitimidad de la justicia. Esa persecución, que llega a condenar sin pruebas o mantiene a una buena parte de su dirigencia imputada durante años por meros rumores, para luego tener que archivar todos los casos sin restituir el daño mediático, están emborronando la caligrafía de la democracia.

Contra Podemos, los jueces han resucitado por la puerta de atrás -¡ay los jueces y las puertas traseras!- el delito de desacato. Desacato al bipartidismo, a la corrupción, a la monarquía inmoral, a las políticas de ajuste y al enriquecimiento de las élites sobre las espaldas de las mayorías. No sería descartable que el Partido Popular quiera recuperar el delito de desacato, marcado en el código penal franquista de 1973 y anulado en el Código de 1995. Ese delito buscaba, precisamente, garantizar el poder de los jueces por encima, incluso, del sentido común. Aquel ignominioso artículo 240 decía lo siguiente:

Cometen desacato los que, hallándose un Ministro o una Autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, los calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su presencia o en escrito que les dirijan. Si la calumnia, la injuria, el insulto o la amenaza fueren graves, se impondrán las penas de prisión menor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas, y si no lo fueren, las de arresto mayor y multa de 100.000 a 200.000 pesetas.

El evidente trato de favor al rey Emérito, la inconstitucionalidad en la que está el CGPJ, las exoneraciones de Pablo Casado o Cristina Cifuentes por la también evidente obtención de un máster sin haberlo cursado, las sombras sobre el trato a los presos del proces, la detención de gente de izquierda por sus expresiones en las redes, la impunidad de los que han acosado durante un año la casa de una Ministra y un Vicepresidente, las barrabasadas con los intentos de detención de Puigdemont, el trato de favor a Cristina de Borbón en el caso Noos, al nieto de Franco tras atropellar a dos guardias civiles o a Esperanza Aguirre para hacer otro tanto con policías municipales, el juicio farsa a los implicados en una pelea de bar en Altsasua, las facilidades judiciales a Vox en los tribunales, la falta de exigencia de responsabilidades por las filtraciones judiciales, las condenas a Isa Serra o a Alberto Rodríguez, la exoneración de culpa a Rocío Monasterio pese a reconocerse que falsificó la firma del Colegio de Aparejadores, la detención de personas por documentar abusos policiales, el archivo de las responsabilidades de Dolores de Cospedal y Rajoy por sus tratos con Villarejo, la detención de raperos, titiriteros, tuiteros.... Demasiada tinta de calamar en los tribunales españoles.

Eso no significa que toda la justicia esté igual de podrida. Por fortuna, en España hay una mayoría de jueces honestos. Decir que España está al nivel de, por ejemplo, Ecuador, donde el Gobierno de Lenin Moreno persigue a la oposición correísta como en los mejores tiempos de las dictaduras, sería insultar a la gente que está sufriendo ese maltrato. Pero en términos judiciales, hay muchas salas, controladas por delante o por detrás, según la ya canónica expresión del Diputado del PP Cosidó, o que están descontroladas, esto es, son un espacio ajeno a la democracia tanto por las personas que ocupan ese autoridad o por la incapacidad de que se hagan valer las normas.

En España se avanzó en la democratización del ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –Vox y el PP se están encargando de intentar revertir esos avances-, se democratizó la universidad, una parte de los medios de comunicación e incluso de la iglesia y el empresariado. Pero todo lo pendiente clama al cielo. Y disculpen la expresión. Por menos acusaban a rojos, demócratas e incluso cristianos, de desacato.