Europa sigue deshojando la margarita de la decadencia, mientras ve cómo la extrema derecha crece en el continente y su economía se debate entre la vida y la muerte. Al tiempo, la OTAN, una organización militar creada a mayor gloria de los EEUU, amenaza a la seguridad de una región que ya tiene una guerra en su suelo -Ucrania- y que expresa la desesperación de unos políticos sin ideas ni proyecto.

La aceptación de la OTAN es lo que entrega un marchamo de credibilidad a gobiernos fascistas como el de Italia o de Hungría, de la misma manera que defender la ortodoxia económica marcada por el Banco Central Europeo sirve para tapar cualquier pecado contra los derechos humanos.

Al tiempo que la Unión Europea pierde relevancia, no solamente mundial, sino también en zonas donde ayer tenía influencia -España en el continente latinoamericano y Francia en África-, los BRICS van a hacer cierto que el mundo que ha construido Occidente hace aguas, que hay más gente en el planeta que en el "jardín" europeo, que lo de defender la democracia en casa y las dictaduras fuera ya no vale, y que cuando no los pueblos no tienen para comer, el resto de las cosas quedan en segundo plano.

La democracia liberal ha dejado de respetar sus propias reglas. El fascismo, lo llamemos así o neofascismo, extrema derecha, autoritarismo o de cualquier otra forma, campa por sus respetos y ha normalizado su presencia. Europa ha olvidado que el fascismo no es una opinión, sino un crimen y que, por lo tanto, debiera ser tratado como un delito. Pero son los fascistas los que defienden el fascismo acusando a los antifascistas de "delitos de odio", algo en lo que les acompaña la derecha -que ha dejado de ser liberal- y, también, en no pocas ocasiones la socialdemocracia. Al tiempo, el lawfare, la guerra jurídica, ha impedido gobernar a la izquierda en muchos países, apoyado por unas empresas de medios de comunicación y unas redes sociales convertidas en fábricas de bulos y de odio.

Mientras, en América Latina han tenido lugar tres asuntos que, si la democracia fuera una prioridad en el continente europeo, habrían debido tener lugar en Madrid, Berlín, París o Roma. El primero ha sido un encuentro en Caracas para discutir sobre el antifascismo. El segundo, la aprobación en México de una ley para reformar el sistema judicial que ha estado torpedeando, con jueces claramente comprometidos con la oposición, la agenda legislativa de Andrés Manuel López Obrador. El tercer asunto relevante ha sido el anuncio de Gustavo Petro de la aplicación de la ley de tercios que reparte la pauta publicitaria pública entre los medios tradicionales, las redes sociales y los medios comunitarios y alternativos registrados como tales.

El "Congreso mundial contra el fascismo, neo-fascismo y otras expresiones similares" devuelve a Venezuela su condición de país con el mayor interés - seguramente en el mundo- en la disputa ideológica. De alguna manera, hace cierta esa propuesta de Gramsci de combatir al adversario políticamente donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte. Con 1000 participantes de más de 90 países, el encuentro sirvió, además de para constatar la emergencia en todo el planeta de gobiernos, partidos y comportamientos vinculados de una manera u otra a la amplia familia del "fascismo", también para engrasar la red de apoyo internacional a Venezuela en un momento en donde la derecha global está buscando desesperadamente una victoria. Frente a un mundo crecientemente tomado por un nacionalismo estrecho -mi país primero y con mi país acierte o se equivoque-, y donde la derecha ha aprendido a trabajar coordinadamente, el congreso se zanjó con el llamamiento a una Internacional Antifascista, un intento que ya ha sido buscado otras veces en otros lugares y que aún espera que se pueda consolidar.

Es evidente que el intento de acabar con Venezuela a través de un golpe de Estado -algo que viene repitiendo la derecha del país desde la victoria de Chávez en 1998- es una variante del fascismo. El acoso a Venezuela después de las elecciones y tras dictar el Tribunal Supremo de Justicia del país la victoria de Nicolás Maduro forma parte clara del intento de tumbar al Gobierno con las mayores reservas reconocidas de petróleo en el mundo, que desafió el mandato del "fin de la historia" tras la caída de la URSS, que se atreve aún a hablar de socialismo y que ha disputado el catecismo estadounidense que condena a América Latina a ser el patio trasero de los intereses del gigante del norte. Si cae Venezuela, piensan creo que con razón, detrás vienen los demás Gobiernos de izquierda.

En México, López Obrador ha visto cómo durante su sexenio, el poder judicial, en concreto el Tribunal Supremo, a menudo en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, ha puesto palos en las ruedas a buena parte de las reformas prometidas por MORENA en las elecciones. La reforma electoral que acaba de conseguir implica, principalmente, que una buena parte de los jueces del país van a ser elegidos por el pueblo, intentando romper así una inercia judicial que permite a la derecha, cuando pierde las elecciones, usar a los jueces para frenar los cambios. En España se ha vivido, y se vive con absoluta claridad, aquello que dijo la resabiada y soberbia diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que los jueces iban a ser el muro que frenara al Gobierno de izquierdas. En España, todos los jueces han estado durante cinco años al margen de la constitución con su órgano de gobierno caducado, y una parte ha ayudado a perseguir ilegalmente a los partidos de izquierda, ha protegido al Partido Popular y a Vox de sus muchos casos de corrupción e, incluso, se ha declarado en desobediencia ante leyes emanadas del parlamento (ley sólo sí es sí o ley de amnistía). La reforma de López Obrador termina con los jueces que inhabilitan a los políticos molestos, acaba con los sueldos estratosféricos de los jueces, con su impunidad como un poder que no rinde cuentas y con su sempiterna negación constitucional de que la justicia emana del pueblo.

En Colombia, Gustavo Petro convocó el 13 y 14 de septiembre, en la ciudad de Armenia, a 1500 comunicadores sociales de todo el país. Estos sectores son relevantes en Colombia (el 44% de las emisoras radiales del país son comunitarias), aún más cuando los intereses económicos y políticos de la derecha han asaltado las principales televisiones, radios, periódicos y revistas. (Vicy Dávila, periodista y activista de Semana, una revista perdida para el periodismo decente, y enemiga declarada del gobierno de Petro, suena como la posible candidata de la derecha en las elecciones presidenciales de 2026).

En el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia anunció la existencia de un golpe blando en marcha. El Consejo de Estado ha autorizado a un ente administrativo que controla los gastos electorales a investigar al presidente del país por supuestos "gastos excesivos" en la campaña, quitándole el fuero que le corresponde por su cargo y hurtándole la intervención, llegado el caso, al juez que le correspondería. Por supuesto, la acusación está plagada de mentiras y malos usos, algo típico en todos los casos de guerra judicial (por ejemplo, acusan al presidente cuando la responsabilidad sería del partido o del director de campaña, o han computado como gastos de campaña los viajes de los testigos a las mesas electorales, cosa que nunca se suma pero que les ayuda a montar el "caso").

Ni que decir hace falta que los medios de comunicación mainstream en Colombia ya han dictado sentencia: culpable, buscando con el desafuero algo similar a lo que llevó a la cárcel al presidente Castillo en Perú, después de que, igualmente, le desaforaran ilegalmente de su condición de presidente. Es por eso que, en este encuentro, el presidente anunció la aplicación de la ley de los tercios, que reparte el dinero público dedicado a la publicidad entre los medios tradicionales (que se llevaban hasta la fecha el total), los medios digitales y los medios comunitarios y alternativos. Además de convocar al pueblo colombiano a defender en las calles el voto que quieren hurtarle las derechas que perdieron las elecciones.

Las democracias liberales, esto es, nuestros gobiernos representativos nacidos de la revolución francesa y la revolución americana se desarrollaron gracias a la división de poderes, la creación de la opinión pública y la defensa de los derechos humanos. El lawfare, los bulos y mentiras en medios y redes y el auge del fascismo ha vaciado nuestras democracias. La solución no está ni en la resignación ni en la lucha armada ni en el autoritarismo, sino en la reformulación de la democracia que la haga más participativa y entregue herramientas para luchar contra su perversión. Menos gobierno representativo y más democracia.

En España andamos enredados en condenar a la denostada Venezuela, mientras nos la vuelve a colar con campechanería el rey Emérito, seguimos vendiendo armas con sangre en las facturas a los genocidas de Israel, toleramos el fascismo como si los campos de exterminio fueran un parque temático para izquierdistas, y los medios de comunicación son, con mucho, los peores del continente. Como se ha recordado en muchos sitios, Edmundo González debiera haberse ido a la Argentina de Milei a disfrutar de la libertad de los dementes y no ir a esconderse en el Gobierno social-comunista-bolivariano de España que va a hundirnos en el triángulo de las Bermudas.

Pero en estos tiempos, la coherencia apenas es un prejuicio que hace correr más rápido el contador de la luz con el que, y bien caras, nos cobran las sombras.