Se sabía que el Supremo haría lo que ha hecho, revocar las medidas de semilibertad concedidas a los líderes independentistas catalanes. Hay quien sostiene que no podían hacer otra cosa, pero eso es entrar en tecnicismos en los que me pierdo, como creo que le sucede a la mayoría de los mortales. Me desespera la verborrea jurídica y la lentitud de su funcionamiento, no entiendo ni sé del leyes, como decía la canción, pero no creo que haya que saber de leyes para entender que volver a meter en la cárcel a Carme Forcadell y Dolors Bassa e impedir a sus compañeros de condena que salgan a trabajar no presagia nada bueno.

Será legal pero es injusto, como tantas leyes que están pidiendo a gritos ser cambiadas. Si me pregunto a quién beneficia tampoco lo tengo claro, considerando que la resolución se hizo pública un día después de la aprobación de los Presupuestos generales del Estado y a dos meses de las elecciones catalanas.

¿Estamos condenados a que las decisiones judiciales condicionen una y otra vez el discurrir político de un país con tantas complejidades, con tantos frentes abiertos? La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010 contribuyó al auge del independentismo y al crecimiento del respaldo ciudadano a los partidos que defendían sus postulados. Ahora el Supremo anula la semilibertad de la que disfrutaban los presos del 1-O por "prematura". "El Tribunal Supremo, sostiene Ester Capella, consellera de Justícia, se vuelve a equivocar, no actúa por razones de derecho sino por razones de Estado y cuando hace eso, está haciendo política".

¿De verdad hay alguien que crea que este castigo ayuda a mejorar la convivencia? Siempre fue un asunto político, pero cada día que pasa lo es más, por mucho que la vertiente jurídica mantenga vivo el galimatías. Verdaderos delincuentes hay, ladrones, agresores y hasta homicidas cuyas condenas han sido menores que las de los políticos del procès. Tres años en la cárcel ya! La mejora del régimen penitenciario, "debe vincularse a una clara voluntad de sus beneficiarios de no reincidir en el futuro en sus conductas ilegales" viene a decir el TS en una resolución que más bien parece un jeroglífico. Tanto el presidente en funciones de la Generalitat como el president del Parlament lo traducen a roman paladino: "El Tribunal Supremo persiste en la sed de venganza, la vía judicial es una vía muerta", proclama Pere Aragonés; "El Gobierno que se dice más progresista de la historia es incapaz de parar los pies a los enemigos del diálogo", declara Roger Torrent.

De cara a la campaña electoral de las elecciones catalanas, no parece que este ambiente sea el mejor preámbulo de los deseables. No es buen escenario el de una sociedad enconada, el indulto tendrá que acabar llegando, o la reforma del delito de sedición, o la amnistía, y sin que transcurra demasiado tiempo amparándose en papeleos, trámites o plazos, esos tediosos procedimientos que tanto nos desesperan a los ciudadanos de a pie cuando nos vemos inmersos en un pleito por nimio que sea. Cualquier decisión sobre este tema por parte del Gobierno de la nación sería deseable que se adelantara a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante quien en su día se presentó recurso porque, según recuerda Blanca Bragulat, pareja de Jordi Turull, "la esperanza desde el minuto cero, siempre ha estado en Estrasburgo".

Se saldrá de esto dialogando y votando, no hay otro camino. Y para eso es necesario buscar una salida política cuanto antes.

J.T.