Les voy a contar una historia que a estas alturas todavía pocas personas conocen, la del cortijo de Gambogaz. Para empezar, solo les diré que el protagonista es el general golpista Gonzalo Queipo de Llano, de cuyo paso por este mundo no acabamos de conseguir desembarazarnos. El espantoso currículum de este genocida es sobradamente conocido, pero créanme que hay cosas que aún continúan tan impunes como ignoradas. Verán:

El cortijo de Gambogaz podría considerarse el "Pazo de Meirás" andaluz. En diciembre de 1937 había derramado ya tanta sangre Queipo durante el año y medio de guerra transcurrido por aquel entonces que una nutrida cohorte de pelotas, acojonados varios y profesionales de la supervivencia acabaron poniéndole en bandeja una propiedad que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado aquel militar que se permitía además ir por la vida presumiendo de austero.

El cortijo de Gambogaz se encuentra en el municipio andaluz de Camas, junto al río Guadalquivir y a unos cuatro quilómetros de la ciudad de Sevilla. Como puede leerse en la web de turismo de la Diputación de esta provincia, se trata de una antigua alquería musulmana de origen medieval, que pasó a formar parte del cabildo sevillano en el siglo XIII, tras la conquista de las tropas cristianas. Con el paso del tiempo pasaría a manos privadas hasta acabar hace ochenta y cinco años en las del responsable de los asesinatos de Blas Infante y García Lorca, del sátrapa que ordenó miles de fusilamientos en las murallas de la Macarena y el exterminio de miles de malagueños que huían por la carretera camino de Almería, entre otros muchos espantosos crímenes.

Ese mismo monstruo es el que continúa siendo, a día de hoy, propietario de una finca de 550 hectáreas valorada entonces por encima del millón y medio de pesetas, lo que hoy equivaldría a veinte millones de euros aproximadamente. En su momento esto fue posible gracias a los "buenos oficios" de banqueros, un notario corrupto, un alcalde pelotas y varios expertos en leyes ansiosos de ganarse su afecto.

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Este era el grueso del equipo decidido a enriquecer a Queipo. Hacía falta un paria, claro está, y lo encontraron: el dueño del cortijo, llamado Manuel Camacho, un controvertido empresario metido en asuntos turbios y cargado de deudas. Presa fácil. Fue sencillo dar con alguno de sus tropezones, y tras pillarlo in fraganti en un intercambio ilegal de divisas en Gibraltar, lo metieron unos cuantos meses en la cárcel y cuando lo sacaron en verano del 37, el buen hombre estaba dispuesto a firmar lo que le pusieran delante con tal de salvar la vida.

En realidad solo tuvo que firmar una cosa muy sencilla: un poder a nombre de uno de los lameculos decididos a hacer rico a Queipo, por lo que, cuando el militar golpista se presentó en la notaría la nochebuena del 37 no tuvo ni que verle la cara a la víctima del expolio. Que se diera por satisfecho con conservar la vida, debió pensar, que no se quejara.

Se llevaron a cabo colectas callejeras para reunir parte del dinero que presuntamente se pagó a las entidades que le tenían hipotecada la finca a Camacho, se "invitó" a ofrecer un donativo voluntario a funcionarios de la diputación y del ayuntamiento, y se redondeó la operación con una hipoteca de 750.000 pesetas de las de entonces, unos diez millones de euros ahora, que a día de hoy no aparece cancelada en ningún registro. Aún así, para llegar al total necesario que permitiera a Queipo ser titular de la propiedad, hasta el expoliado dueño acabó teniendo que poner entre 150.000 y 200.000 pesetas de su bolsillo.

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En un primer momento, y para disimular la tropelía, Queipo de Llano ordenó que se creara una fundación a cuyo nombre estuvo algunos años la finca hasta que finalmente pasó descaradamente a ser suya. En ningún momento tuvo tampoco escrúpulos para usar mano de obra gratis con la que poner en funcionamiento la finca, presos que consideraban un privilegio trabajar en Gambogaz como esclavos de sol a sol antes que ser fusilados cualquier amanecer.

En Gambogaz fue donde vivió desde entonces Queipo y donde murió doce años después de acabar la guerra civil. A día de hoy, la polémica propiedad sigue estando a nombre de su familia, una familia dividida y desestructurada cuyos abogados les aconsejan que, al contrario de lo que pasó con los Franco en el pazo de Meirás, armen el menor ruido posible, sobre todo ahora que distintas asociaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de aclarar este asunto hasta conseguir que la finca pase a ser propiedad pública.

La semana pasada se celebraron una jornadas divulgativas en la Universidad de Sevilla y en el Ayuntamiento de Camas que terminaron el sábado 18 con una marcha reivindicativa, la tercera ya, hasta los dominios de Gambogaz. Cuesta entender que, a día de hoy, queden flecos tan serios de la guerra civil aún sin resolver.

J.T.