En España, nos encontramos en un momento extraño desde el punto vista constitucional. Convive la vigencia formal del Estado social con las bases materiales de un nuevo modelo de estado asentado en un constitucionalismo de mercado, que a través de la Unión Europea ha impuesto la lex mercatoria. Los poderes salvajes, que diría el maestro Ferrajoli, están de enhorabuena y a la ciudadanía española le toca seguir sufriendo las consecuencias: precariedad, pobreza, desigualdad, menos protección social y menos autogobierno.

Aunque ésta es una realidad aplastante, el gobierno socialista parece sentirse muy cómodo con el actual diseño de la Unión Europea y exhibe orgulloso su seguidismo. Esa Unión Europea que ha desactivado el modelo de protección social español y ha reordenado el sistema de organización territorial, todo ello, por la puerta de atrás y en beneficio de las élites económicas.

Para comprender mejor los cambios en la reordenación territorial y su alcance es necesario examinarlos desde la forma de estado, desde la relación entre política y economía. Las tensiones propias de un estado compuesto, no se limitan sólo a aspectos culturales o identitarios, sino que tienen que ver con las condiciones de reproducción social, con la distribución de la riqueza o con la implementación de los derechos sociales.

Dicho de otro modo, el orden capitalista condiciona el reparto de poder, que es de lo que estamos hablando. Así el federalismo dual respondió al modelo liberal del capitalismo industrial, el federalismo cooperativo al Estado social del capitalismo fordista y el federalismo competitivo a la crisis del estado social, situándose bajo el paradigma neoliberal. A partir de la crisis económica y financiera se volverá a reordenar el reparto de poder para seguir siendo eficiente al mercado globalizado.

En la fase actual, la clave para entender lo que está sucediendo se encuentra en analizar cómo se inserta el Estado en las estructuras transnacionales.  No se trata de constatar lo obvio, el cambio de poder del Estado, ni de persistir en el uso de conceptos ya inservibles, sino de vislumbrar tendencias, de ver cómo encaja ahora el Estado en esa nueva dimensión global, las funciones que desarrolla y, a partir de aquí, situar el papel de los entes subestatales y los efectos sobre los derechos de la ciudadanía.

El Estado ha sido clave en la creación del nuevo orden capitalista. Se encuentra en el origen de la globalización económica, que es la verdaderamente importante.  Los acuerdos de Bretton Woods permitieron establecer las condiciones económicas, el control de capitales, sobre el que se construyó el estado social keynesiano. La financiarización de la economía no hubiera sido posible sin la decisión de los Estados de romper dichos acuerdos, permitiendo la libre circulación de capitales.  La relación entre el Estado y la globalización es una relación de cooperación necesaria.

Afinando un poco más, a día de hoy, nos encontramos tres espacios que interactúan de forma constante cumpliendo diferentes funciones: el global, el transnacional (europeo) y el estatal, con el único objetivo de proteger el mercado.

El espacio global es el marco definido para el proceso de acumulación capitalista. El poder global opera en un espacio aconstitucional, regido por las reglas del mercado. Este poder se manifiesta a través de la llamada "gobernanza global". Se trata de una constelación de poderes públicos y privados: Estados, organizaciones intergubernamentales, formales e informales (Basel Committee on Baking Supervision, G-20,..), empresas transnacionales, con capacidad de tomar decisiones vitales para la ciudadanía bajo la justificación de la eficiencia técnica. Nos sitúa ante procesos decisionales ajenos a la tradición del constitucionalismo democrático.

La Unión Europea es la forma de inserción de Europa en la globalización. La Unión Europea institucionaliza los principios básicos de funcionamiento del mercado: primacía del mercado y libre competencia, que se expresan en la fórmula de "economía social de mercado altamente competitiva" (art. 3.3 del Tratado). Estos contenidos se desarrollan a través de diferentes mecanismos de control presupuestario y de coordinación macroeconómica que irán acentuando su carácter disciplinante y que acompañarán a la política de austeridad (six pack, fiscal compact, MEEF).

De esta manera, la Unión Europea disciplina, a la vez que lleva a cabo una operación de desnormativización, de vaciamiento de las constituciones sociales estatales. Entre ordenamientos contradictorios, como lo son el de la UE y el del Estado social, no cabe la integración, sólo la subordinación.

Por último, en cuanto al Estado, existen funciones que sólo se pueden ejercer desde el ámbito estatal y, en ese sentido, se considera un espacio muy valioso. Estas funciones son, entre otras, la de legitimación política y social o la función de control. A través de ellas se consigue la apariencia democrática de decisiones aconstitucionales, la implementación de una protección social limitada y funcional al mercado y el control en la ejecución de las medidas disciplinantes.  Se atribuye al estado la función de control de las CCAA y de los municipios para evitar posibles daños al mercado; se acabó el federalismo competitivo. Ahora los poderes locales se incluyen en el modelo global en una posición subordinada.

En definitiva, estamos ante una forma de reparto de poder, de organización territorial, de carácter líquido, que desde luego no se asienta sobre lo conocido, sobre el acuerdo o el pacto constitucional.  La privatización del poder, la no sujeción a derecho y la deshumanización son sus señas de identidad.

Y desde este escenario, que es el real, nos preguntamos, ¿cómo construimos una nueva sociedad del bienestar? ¿Cómo podemos hacer para ser dueñas de nuestras vidas?

En primer lugar, toca señalar al verdadero enemigo. Explicar de manera clara la situación. Los intereses de las mayorías sociales se pisotean cada día por las decisiones de una estructura oligárquica antidemocrática, mezcla de Gobierno, cúpulas de partidos políticos, instituciones financieras y sociedades transnacionales. Afortunadamente, las mayorías golpeadas cada vez son más conscientes de lo que está sucediendo y, lo que es más significativo, cada vez son más los sectores que encuentran intereses comunes.

En segundo lugar, toca organizarse. El Común, las prácticas del Común y sus luchas, son ejemplos de procesos constituyentes, de cambio, que nacen del fondo de la sociedad y se organizan en aquellos ámbitos o sectores, no sólo económicos (agroalimentario, artesanal-industrial, energético, de producción del conocimiento,...), que han sido invadidos por la lógica del capital. Son redes de indignación, espacios de resistencia, representan una forma de vida alternativa, y su prioridad es hacer comunidad. Observar, aprender de ellas y pensar en cómo incorporar sus prácticas a nuestro sistema puede significar abrir una grieta en el modelo de dominación capitalista.

Estamos ante una etapa difícil, de tránsito, de luchas y de resistencias, un momento donde es obligado tejer desde abajo nuevos compromisos de clase, donde alumbrar nuevas subjetividades y donde poner en marcha procesos de cambio con una mirada constituyente, a partir del fortalecimiento de los espacios democráticos existentes y de la creación de otros nuevos. Necesitamos una nueva democracia más representativa, más transparente y más participada.

Y por último, toca europeizar el conflicto. No es posible un proceso constituyente autónomo, necesitamos a Europa. Es indispensable, por lo tanto, pensar e imaginar otra Unión Europea y hacerlo conjuntamente con los movimientos y fuerzas progresistas de los países de nuestro entorno.

La decisión está en nuestras manos. ¿Queremos un gobierno democrático que inicie el cambio o un comité gestor de los intereses financieros globalizados, como es el actual gobierno socialista?