Daniel Raventós
Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB y presidente de la Red Renta Básica
Sergi Raventós
Integrante de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de la Red Renta Básica

Los datos sobre las cifras de paro y el aumento de la pobreza son un desgraciado esquema de una realidad social muy desfavorable para la mayoría social. Un reciente informe de Cáritas Europa expone unos datos explicativos: este informe sitúa al Reino de España como el segundo país de la UE con el mayor índice de pobreza infantil (superado sólo por Rumanía), con una tasa del 29,9% en el año 2013, casi nueve puntos por encima de la media de la UE; unos 11,7 millones de personas según el mismo informe están afectadas por diferentes procesos de exclusión social; el porcentaje de desempleo juvenil (entre 16 a 24 años) es superior a día de hoy al 55% y solamente es superado en la UE por Grecia; el aumento de los trabajadores pobres, es decir de aquellos asalariados aún con un trabajo y que no salen de la pobreza, es constante. Ni que decir tiene que de la mano de este incremento de la pobreza, la crisis y las políticas económicas procíclicas puestas en funcionamiento han aumentado las desigualdades.

Asimismo la progresiva desprotección social de millones de personas que inexorablemente quedan abandonadas por los poderes públicos en su existencia material ha contribuido a acelerar un debate sin aplazamientos sobre la renta básica. La necesidad de obtener unos ingresos mediante una renta ya sea mínima, ya sea básica o ya sea garantizada, según unos u otros, es cada día más acuciante (quizás esta necesidad motiva que se equipare erróneamente todo este tipo de rentas como iguales o equivalentes). A estas alturas pocos negarán la extrema urgencia de una protección social para la población en el Reino de España, ni postergar para "un futuro de pleno empleo" (sic) la solución a las condiciones de vida y existencia material de esos millones de personas.

En diciembre del 2013 se publicó un informe del Comité Económico y Social Europeo abogando por una renta mínima europea en el que podemos leer "... que en la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta".

El pasado 22 de marzo, las marchas por la dignidad, una de las más grandes manifestaciones de los últimos tiempos en Madrid, incluía a la renta básica (RB) como una de sus reivindicaciones en su manifiesto.

El 26 de marzo se debatió en el pleno del Parlamento de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que demanda una Renta de 664 euros mensuales por 12 pagas como derecho subjetivo y no condicionado a la obligación de realizar actividades de inserción social o laboral y como derecho no sujeto a disponibilidad presupuestaria.

¿Qué hay de común en estas propuestas? ¿Son lo mismo todas? ¿Cuando se habla de Renta Básica estamos hablando siempre de la misma renta?

Las Rentas de pobreza extrema

En primer lugar las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son para personas que viven en la extrema pobreza, actualmente en Catalunya la RMI la perciben unas 25.000, cantidad que representa un porcentaje insignificante respecto al número de personas consideradas pobres. En cada Comunidad Autónoma hay alguna RMI con diferentes denominaciones (en los estatutos de Extremadura y Andalucía desgraciadamente se denomina Renta Básica, en la Rioja, Ingreso Mínimo de Inserción, en el País Valenciano, Renta Garantizada de Ciudadanía, en Asturias, Salario Social, etc.) y exceptuando las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra los importes son muy bajos, de unos 425 euros mensuales, por tanto es una renta que no llega ni al umbral de la pobreza, lo que ha sido motivo de crítica por el mismo Consejo Económico y Social Europeo

Cada Comunidad Autónoma establece los requisitos para su ayuda. Por lo general suelen ser estos: 1) Estar empadronado con cierta antigüedad en un municipio de la Comunidad Autónoma, 2) Carecer de recursos económicos suficientes para las necesidades básicas de la vida, 3) Haber solicitado ya todas las ayudas, prestaciones y pensiones que pudieran corresponder y 4) Aceptar las medidas de inserción laboral, orientación y formación que proponga la Comunidad Autónoma, ya que además de una ayuda económica se ponen recursos para intentar que la persona se integre laboralmente.

La Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía entra en el Parlamento de Catalunya

La ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se presentó en el Parlamento de Cataluña y llegaba después de un duro trabajo de meses y con más de 120.000 firmas recogidas, lo que suponía más del doble de las 50.000 necesarias. La campaña de difusión fue notoria: mociones en ayuntamientos, manifestaciones, actos, marchas, etc. No hay que olvidar tampoco que el apoyo a esta ILP contaba, entre otros, con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, IAC, así como de partidos como ERC, ICV, EUiA, PSC, CUP, pero también de docenas de asociaciones y movimientos sociales como Justícia i Pau, ATTAC... Tenía también el apoyo de la Red Renta Básica que desde el primer momento de la campaña, tal como los promotores de la ILP pidieron  explícitamente, y quedando claro para todas las partes que la RGC es una asignación condicionada y, por eso mismo, muy diferente a una Renta Básica universal e incondicional. Desde la Red Renta Básica se consideraba sin la menor duda que la RGC mejoraría la vida de docenas de miles de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, de ahí el apoyo a la ILP sin vacilaciones. Qué duda cabe que consideramos que la RB es una propuesta mejor en distintos sentidos y que salva los defectos que la RGC tiene, pero respecto a la situación actual la instauración de una RGC significaría una mejora en la existencia material de los más pobres.

Las intervenciones de los representantes de la Comisión promotora de la ILP en el Parlamento catalán apuntaron a las cada vez más extendidas capas de la población en situación de pobreza en la sociedad catalana y a la necesidad imperante de regular de una vez por todas el derecho a una Renta Garantizada de acuerdo con el artículo 24.3 del Estatuto de Catalunya que se aprobó en un referéndum el año 2006.

Se exigió que se legislase para el 25% de la población que está por debajo del índice de rentas de suficiencia que regula anualmente la Generalitat y que desde hace unos años está en 664 euros por persona. El mensaje por parte de los representantes de la comisión promotora de la ILP al final fue claro aunque trivial para toda persona que conozca la situación con mínima información: "O se legisla a favor de la cohesión social y la justicia o aumentará la pobreza".

Posteriormente cada partido tomó la palabra y avanzó su posición. Pudo hacerse este debate por el hecho de que ningún partido hizo una enmienda a la totalidad del texto, lo cual es un éxito para los partidarios de la ILP pues es un hecho que no ha sucedido casi nunca. Las intervenciones que se detallan variaron entre la comprensión de la propuesta, la incompetencia técnica más palmaria y la posición de principios más clara.

Las intervenciones se sucedieron así: primero el representante de ERC Oriol Amorós que pidió "poner orden con las ayudas públicas de la Generalitat" y manifestó desconocer si la administración catalana gestiona 17 ó 50 de estas ayudas; también manifestó su compromiso con la tramitación de la propuesta y su participación en los inicios de la campaña, pero su intervención fue claramente vaga y timorata. Concretamente abundó sobre todo en querer ordenar el mapa de rentas, en vincular "prestaciones con contraprestaciones" y también defendió "la legitimidad de la contraprestación".

Eva Granados, representante del PSC en este debate, defendió el derecho "a vivir por encima del umbral de la pobreza" y expuso la voluntad del PSC de "volver a la situación de la RMI de antes del verano del 2011" en que hay que recordar que sólo había unos 33.000 perceptores. Una pretensión neciamente reivindicativa de su gobierno de la Generalitat y, lo más palmariamente importante, muy alejada de las necesidades sociales actuales en Catalunya y de la respuesta que merece la situación.

El diputado del PP expuso que no se había hecho enmienda a la totalidad por "respeto a la sociedad civil" y tuvo la desfachatez de defender el liberalismo por "inspirar a los mejores sistemas sociales del mundo y no como el de Venezuela", provocando abucheos entre el público invitado asistente que en su mayoría eran miembros de la comisión promotora y de las asociaciones y sindicatos que han participado en la campaña.

La diputada de IC-EUiA Laura Massana hizo elogios a la gran movilización que se ha generado durante estos meses de campaña y manifestó su voluntad de dar respuesta a los más de 800.000 parados de Catalunya. Reconoció un hecho evidente: "la gente no encuentra trabajo y por esto la RGC es una gran solución" y también criticó a la actual RMI "por ser claramente insuficiente."

El diputado de Ciudadanos apuntó el artículo 24.3 del Estatuto de Catalunya y defendió que haya partidas presupuestarias abiertas y no cerradas para garantizar el derecho subjetivo a percibirla, pero dejó bien claro que hay que condicionar la RGC a la inserción laboral y que "recibirla mucho tiempo puede cronificar a la persona en la pobreza."

El diputado David Fernández de la CUP sin duda fue el más aplaudido por los promotores de la ILP por su crítica sin fisuras al miserable sistema actual de rentas. Planteó que la RMI en el actual escenario de grave crisis "es pasado, es naftalina, es caridad", "si cuando nació era insuficiente ahora es raquítica". La disyuntiva que planteó a los parlamentarios fue "pagar la deuda a los bancos o rescatar a los ciudadanos." Defendió que se pueda votar en referéndum con o sin el aval del Tribunal Constitucional, en alusión a la reciente sentencia de este desprestigiado tribunal contra la declaración por el derecho a decidir del Parlamento catalán. Recordó que el fraude fiscal en Catalunya es de más de 16.000 millones de euros y que "la igualdad es condición sine qua non de la libertad."

Finalmente cerró la ronda de intervenciones la diputada de CiU que fue un buen ejemplo del discurso tradicional de la derecha sobre cuestiones similares: alusiones a la "responsabilidad" y a la "realidad", otorgándose sin ningún rubor la "defensa del Estado del Bienestar". Manifestó la inviabilidad de financiar los más de 2.000 millones de euros que supondría. Añadió que equivaldría casi duplicar el presupuesto del Departamento de Bienestar Social. Uno de los momentos que provocó más silbidos fue cuando expuso "que no todo es dinero y que es importante también sentirse útil" para justificar las posibles tareas de contraprestación por cobrar la posible RGC. Avanzó a los asistentes su clara voluntad de que la ILP reciba un buen correctivo por parte de su grupo parlamentario, como era fácil de prever.

En los próximos meses habrá comparecencias de las personas invitadas por la comisión promotora de la ILP o por los grupos parlamentarios. Si el Parlamento deforma sustancialmente la ILP, cosa muy probable, habrá que pensar en retirarla y seguir la lucha por otras vías tal como hizo en su día la Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).

La Renta Básica

No vamos a repetir aquí lo que en diferentes artículos (por ejemplo, véase aquí, aquí y aquí) hemos expuesto sobre las grandes diferencias existentes entre una RGC y una RB. Únicamente puede ser útil destacar que, dejando ahora al margen las dificultades derivadas de la condicionalidad de la RGC, una diferencia especialmente relevante social y políticamente es que mientras la RGC persigue la mitigación de la pobreza, objetivo que comparte con la RB, esta última propuesta tiene como uno de sus objetivos garantizar la existencia material de toda la población, condición para que la libertad sea posible para todos y no sólo para una minoría especialmente privilegiada. El gran incremento del poder de negociación de los trabajadores que una RB posibilitaría sería un ejemplo de esta libertad para una importantísima parte de la clase trabajadora. En los próximos meses todo este debate sobre la RGC o sobre las otras rentas condicionadas puestas en marcha o a punto de hacerlo como en Andalucía, volverá a ligarse con la RB, como así se está poniendo de manifiesto en muchos actos organizados por distintos motivos, pero que tienen en común el interés por la RB.  Quizás ha llegado uno de aquellos momentos en que una parte significativa de la población considere que vale la pena tratar las consecuencias de las políticas económicas puestas en funcionamiento especialmente a partir del inicio de la crisis exigiendo medidas que garanticen, previo a cualquier otro objetivo, y de una vez por todas el derecho a la existencia de toda la población.

Ya hace exactamente 10 años, en un artículo en Le Monde Diplomatique en que uno de nosotros firmaba juntamente con Antoni Domènech, podía leerse:

"Pero la lucha por una Renta Básica de Ciudadanía, como otras iniciativas ‘ofensivistas’ que no están dispuestas a cambiar libertad en la vida cotidiana por bienestar material y seguridad en el puesto de trabajo, no sólo puede atraerse a una amplia y nueva base social de excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de jóvenes y mujeres tan azacaneados por la feroz dinámica de la actual vida económica y social como deseosos de combinar mínima seguridad material y cumplida autonomía en su existencia social (el cóctel que ofrece, precisamente, la Renta Básica, sobre todo si es un poco generosa). No sólo puede contribuir –ya sea modestamente— a mitigar la segmentación de las poblaciones trabajadoras. Sino que, al mismo tiempo, la lucha por una Renta Básica es perfectamente compatible con la necesaria lucha presente por la defensa de la médula de los indiscutibles logros morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias y educativas públicas, etc.) que el advenimiento del "Estado social" trajo consigo para el conjunto de las clases populares. Con lo que puede ayudar a conservar, y aun a reestimular, para un proyecto de izquierda renovado a la parte más sana y lúcida de la población trabajadora de tipo fordista y de sus debilitadas organizaciones sindicales. Tal vez la Renta Básica no ofrezca mucho más que eso (no es, desde luego, una panacea para transformar radicalmente el modo de producir y de consumir planetario), ni sus proponentes de izquierda lo pretenden. Pero en las presentes circunstancias eso ya es mucho. Y en cualquier caso, es suficientemente valioso por sí mismo."

Una decena de años después, con la mayoría de la población no estrictamente rica viviendo con sus bases de existencia material mucho más deterioradas y atacadas que cuando fueron escritas, estas palabras cobran si cabe mayor urgencia.