Jorge Fonseca
Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC

La renacionalización de YPF mediante expropiación parcial de acciones de Repsol, su principal accionista, permite medir el pulso de la democracia española bajo el actual gobierno de derecha, cuya reacción se ajusta a la propia del corporativismo neoliberal. En éste los gobiernos asumen como principal cometido de su política la preservación de los beneficios de las grandes corporaciones, cuyos intereses representan y de las que en general provienen y a las que siempre vuelven. Todo revestido de un discurso populista demagógico en el que parecen intentar convencer a la población que los accionistas de Repsol no son Caixabank, y Sacyr de la burbuja inmobiliaria sino los trabajadores empujados al paro y desahuciados por las extremistas políticas neoliberales. Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.

Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.

Aunque puede discutirse si la decisión del gobierno es la más adecuada o inevitable, lo que está fuera de discusión es su legitimidad. Otra cosa es valorar si la medida es justa, lo que requiere hacer un inventario de los hechos relevantes. YPF se creó como empresa estatal en 1922 quince años después que se descubriera petróleo en Argentina y fue la primera gran petrolera del mundo verticalmente integrada (exploración, explotación, destilación y comercialización). Hasta los años setenta fue muy rentable y el buque insignia de la Argentina próspera pues su superávit financiaba buena parte de las políticas sociales. La dictadura militar de Videla (1976-83) la utilizó como instrumento de destrucción del Estado, endeudándola en el exterior (su deuda pasó de 370 a 6000 millones de dólares, sexta parte de toda la deuda pública). Sus recursos se usaban para pagar la deuda y favorecer a la Exxon y Shell a las que vendía el petróleo a mitad de coste, lo que la llevó a un elevado déficit. Este expolio y la falta de inversión redujeron sus reservas probadas de 16 a 13 años, los pozos en explotación en un 30% y el empleo desde 50 mil a 32.000 trabajadores. En 1992 seguía siendo una de las grandes petroleras del mundo y altamente rentable cuando el gobierno neoliberal de Menem, continuador de la política económica de la dictadura, federalizó los hidrocarburos (las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras), transfirió su deuda al Estado y procedió a su privatización.

En 1993 Repsol adquirió acciones hasta el 97,81% de su capital, por lo que pagó el equivalente a 11.500 millones de euros actuales, por debajo de su valor real pues está documentado que sus reservas probadas habían sido rebajadas contablemente, y además, la valoración, que depende de los beneficios esperados, se hizo cuando el barril de petróleo estaba en mínimos (10 dólares; año y medio después valía 34 y hoy supera los 105 dólares).

El hecho que en un año Repsol aumentase sus ganancias en un 140%, doblase su valor bursátil y se convirtiera en la 5ª petrolera del mundo por beneficios confirma la sospecha de subvaluación en la venta. La posterior expansión de Repsol en otros países ha estado sostenida con los beneficios de YPF argentina.

Por otra parte, la atribución que se hace Repsol del descubrimiento del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta en Loma de la Lata, Neuquén, no se corresponde con la realidad, pues ese yacimiento se sitúa en un área en la que existen otros yacimientos de gas y petróleo descubiertos desde hace décadas, sólo que no se conocían sus características ni cuantía porque aunque se trata de hidrocarburos convencionales están depositados en reservorios no convencionales y a 3500 metros de profundidad, para los que no había tecnología disponible y que además presentan elevados riesgos medioambientales (contaminación del agua, cuestión por la que existen numerosas denuncias contra Repsol). El "descubrimiento" de Repsol consiste en haber aplicado la tecnología que ha permitido llegar hasta los reservorios y cuantificar las reservas. En cuanto a la insuficiente inversión par parte de Repsol, más allá de registros contables, que Repsol se limitó a explotar las reservas de YPF y apenas a explorar lo refleja la fuerte caída de pozos en exploración y en la reducción de reservas medidas en años. Pero también el hecho que entre 2000 y 2010 distribuyó dividendos por encima de los beneficios, es decir que no sólo no reinvertía los beneficios sino que distribuía en cantidades superiores a los beneficios alcanzados. En esto hay también responsabilidad del gobierno argentino, que en los años pasados debió desarrollar una política energética activa y previsora que exigiese a Repsol y demás empresas energéticas presentes en el país que cumpliesen con objetivos establecidos.

En lo referente a participación accionarial y beneficios, entre 2007 y 2011 Repsol vendió alrededor de un 40% de sus acciones por lo que se embolsó unos 9000 millones de euros. Entre 1999 y 2011 la distribución de dividendos de YPF fue de 10.100 millones de euros (el beneficio neto nominal fue de 12.500 millones) y fuese cierto que el actual 57% de participación de Repsol en YPF vale 8.000 millones de euros como proclama Brufau esto supondría para Repsol una ganancia acumulada de 27.000 millones (sin contar las generadas por otras empresas adquiridas con recursos de YPF), es decir un enriquecimiento neto (descontando la inversión inicial) de 15.500 millones de euros, cantidad que arroja una elevadísima rentabilidad sobre el patrimonio neto ya que la compra de YPF fue hecha con préstamos bancarios. Se estima que el beneficio real ha sido superior pues se sospecha que ha utilizado precios de transferencia para enviar beneficios al exterior encubiertos como pagos corrientes. En la actualidad los beneficios generados por YPF representan en torno al 30% del total de Repsol (50% de la producción, 40% de las reservas), aunque en los primeros años llegaron a representar hasta el 60%. Por otra parte Repsol se ha quedado con valiosos yacimientos en Brasil, Ecuador, y otros países, que pertenecían a YPF pero que fueron atribuidos a la matriz, lo que supone otra formidable ganancia materializada en activos.

Es obvio que para Argentina la renacionalización parcial de YPF no resuelve por sí el problema energético, por lo que el gobierno deberá definir una política energética sostenible –requiere inversiones de decenas de miles de euros- que resuelva los retos que tiene el país para reconstruir su aparato productivo en el marco de una estrategia que lleve al país a los niveles de bienestar social que sus ciudadanos se merecen. Por su parte el gobierno de España debería también replantearse su estrategia de mero lobbista de los monopolios que poco o nada aportan a los españoles y elaborar una política energética que no existe.