España ha decidido hace escasos meses asumir sus compromisos con los denunciantes de corrupción mediante la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea que insta a proteger a todos los testigos de procesos penales relacionados con corruptelas.

Estos hombres y mujeres con los que la democracia tiene una deuda impagable por poner su vida y su integridad al servicio de la limpieza de unas instituciones que el Partido Popular y sus compañeros del bipartidismo, pero sobre todo los primeros, usaron a su antojo y convirtieron poco menos que en un estercolero.

Pues bien, poco después de la aprobación de esta norma que obliga al Estado español y al resto de los europeos, va la concejala de Seguridad Ciudadana de Palma, Juana María Adrover, y lo transgrede por completo.

En Palma, desde hace años se investiga una presunta red de políticos, policías y empresarios al parecer corruptos que habrían, en connivencia necesaria, cometido un rosario de delitos. Dichos ilícitos son concretamente los diecisiete que cito a continuación:

Cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud pública, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, contra la administración de Justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos.

Y esto no lo digo yo, lo dicen jueces, fiscales anticorrupción, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y cientos de testigos, entre ellos policías honrados y honestos que decidimos dar un paso al frente en su momento y contar lo que estaba pasando en las tripas de la Institución armada, pagando muy caro ese paso al frente.

Pero sucede que por aquello de quedar bien con todo el mundo y gobernar sin que nadie te ponga palos en las ruedas, fórmula que tanto daño ha hecho a nuestra democracia, se ha decidido readmitirlos y ponerlos a trabajar como si tal cosa, en la vía pública.

O sea que, en esta última semana, quince policías que en breve serán juzgados por pertenecer al crimen organizado y a quienes la Justicia les ha pedido una fianza de seis millones de euros en conjunto con otros acusados, campan por Palma uniformados y con pistolas.

Es decir, que tienen ahora presunción de veracidad, o lo que es lo mismo, que su palabra vale más que la de cualquier ciudadano. Que tienen también plena capacidad para presionar a testigos, en caso de querer hacerlo, y acceso ilimitado a armas de fuego como revólveres y pistolas semiautomáticas y a su correspondiente armamento.

El problema es que hay quien, cuando tiene que tomar partido, hace como Suiza en la Segunda Guerra Mundial: declararse país neutro y permitir el paso de los nazis y, por tanto y en definitivas cuentas, ayudarlos.

Quiero recordar que el país alpino cada ciertos años pide disculpas a la comunidad internacional por haber creído que la neutralidad política les garantizaba no estar del lado de los malos.

La presunción de inocencia de quienes están siendo investigados es algo que hay que respetar, lógicamente, pero no podemos olvidar que ese no es un precepto único y soberano con el cual se puedan pisar los derechos de los testigos.

La presunción de inocencia no puede poner en peligro tampoco la calidad de los servicios públicos, ya que eso también, hasta que no se depuren responsabilidades penales, está siendo vulnerado.

Imagínense que por esa presunción que algunos malentienden de forma interesada y torticera, no se pudiera apartar a un acosador de su víctima acosada, a un maltratador de su esposa maltratada, a un padre violador de su hija violada o que se dejara trabajar a un acusado por pederastia en una escuela, porque hasta que no se demuestre si abusa de los niños y las niñas, la Justicia ni está ni se la espera.