El sábado 22 de febrero se conoció la expulsión del Partido Feminista de la coalición Izquierda Unida por "mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU", tras aprobarlo su asamblea por el 85% de los votos, fundamentalmente por la oposición pública del partido de Lidia Falcón a la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género.

Legalmente, en cuanto a los estatutos internos de la coalición, la decisión parece impecable, ya que una organización vinculada a IU debe acatar los acuerdos internos y las posiciones aprobadas en los órganos de IU. Realmente, dentro de la coalición, hay un dilatado historial en el que las sucesivas direcciones han transformado acuerdos que no eran de su interés en papel mojado. Una de las premisas con las que Alberto Garzón, actual coordinador federal de IU y ministro de Consumo, llegó a jefatura de su organización fue que la anterior dirección no había aplicado los acuerdos refundación aprobados en la IX Asamblea Federal en 2008. La legalidad puede ser martillo de herejes en manos de quien la empuña.

El Partido Feminista es una organización política que data de 1981 cuya vinculación a Izquierda Unida se produjo en 2015, momento en que Cayo Lara era coordinador pero Garzón ya se perfilaba para encabezar la siguiente dirección. Sus perspectivas ideológicas no han variado desde el momento de la firma del acuerdo, sí la de la coalición de izquierdas que eliminó su área de la mujer en 2018 y ha ido aceptando, de forma solapada, la tendencia de preponderar el género sobre el sexo y la autodeterminación individualista del mismo.

La decisión de IU ha provocado durante el fin de semana una cascada de reacciones enfrentadas en redes sociales con una fuerte división dentro del movimiento feminista y en general en el ecosistema digital de izquierda. La Plataforma Trans ha manifestado su satisfacción por la expulsión y en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé, se han felicitado por el "ejercicio de limpieza higiénica". Una expresión al menos cuestionable y de resonancias ultras en boca de alguien que, tras ser candidata en los anteriores comicios autonómicos por Adelante Andalucía y no obtener su escaño, opinó que "el transexual ha sufrido un 'apartheid'. Con Vox no será peor", tras los buenos resultados del partido de extrema derecha. Parece que la dureza expresiva siempre tiene objetivos prioritarios.

El Partido Feminista es una pequeña organización cuya líder, Falcón, no ha sido precisamente diplomática en sus artículos y comunicados acerca del debate que se está produciendo en el movimiento feminista sobre cuál es el sujeto político de esta ideología. Aunque la espita se ha abierto este fin de semana con la expulsión, este es sólo el inicio formal de las hostilidades, que ya se han manifestado en las asambleas feministas de la preparación del 8M de este año y de las anteriores citas. La regulación de la prostitución fue en este caso el objeto de conflicto ya que un par de activistas leyeron un manifiesto que afirmaba que "la revuelta será puteril o no será".

Probablemente para el gran público y los medios generalistas esta sea la primera noticia de tales divergencias en la izquierda. Lo cierto es que dentro del feminismo en especial, probablemente por ser uno de los movimientos más masivos en los últimos tiempos, existe una auténtica guerra civil cuyas disputas se han hecho sentir en los temas ya citados, la prostitución como una actividad económica más y la desaparición del concepto de mujer como sujeto único del feminismo, así como en el apoyo al vestir rigorista islámico como un ejemplo de empoderamiento y la llamada eufemísticamente gestación subrogada. Temas que no coinciden ni con la tradición ideológica de la izquierda ni con los postulados feministas y sí con la abundante literatura fabricada en los departamentos de género de las universidades norteamericanas.

No es casual que anglicismos como queer, que considera el género como una expresión cultural individual y elegible, o terf, un acrónimo que se utiliza como adjetivo punitivo contra las feministas que siguen considerando a la mujer el sujeto del feminismo, hayan salido a relucir de nuevo en las redes estos días. No es tampoco casual que en anteriores convocatorias del 8M hubiera manifiestos que citaran a una pléyade de colectivos en virtud de la diversidad, palabra fetiche en todo este embrollo, pero que olvidaran intencionadamente a la mujer, protagonista de este día de lucha del que ya se borró convenientemente el apellido de "trabajadora" para negar su inspiración de clase.

¿Cuál es el punto central del debate? Precisamente uno que inspira y recoge la propuesta de ley que Unidas Podemos presentó en marzo de 2018, la postergación del sexo masculino y femenino, especialmente este último, privilegiando una lectura del concepto de género basada no en las lecturas del feminismo clásico, sino en la teoría queer. Así el género pasaría de ser una construcción social que determinaría al sexo, con un fuerte componente machista, ya que atribuiría a las mujeres características negativas que el capitalismo aprovechó para facilitar su explotación económica, a una elección que los individuos realizarían libremente y que incluso podría ser cambiante por periodos y no se limitaría a la expresión cultural en sociedad del hombre o la mujer, sino a decenas de géneros que, como productos, el consumidor elegiría según sus apetencias.

No parece casual que muchas feministas tachen a esta teoría de misógina, al negar la realidad material de la mujer, hembra de la especie humana, y de neoliberal al transformar una construcción cultural impuesta socialmente en una mercancía que se performa. Así en el mejor de los casos la mujer pasa a ser un colectivo más de la diversidad y en el peor una incomodidad lingüística, que bajo la excusa de la transfobia, se hace desaparecer sustituyéndola por apelativos tan ocurrentes como "progenitor gestante" o "persona con vagina". Y esto, en un país donde la violencia machista es una lacra, debería ponernos en alerta de las consecuencias de estos experimentos llevados de los ensayos a las leyes sin una reflexión en profundidad.

Algunas expresiones utilizadas en redes por feministas contrarias a lo queer, como la de "hombres con falda" para referirse a los transexuales no parecen las más adecuadas, como tampoco lo son las constantes amenazas, en algunos casos de muerte, que estas feministas reciben por parte de autodenomidados activistes trans. Los constantes ataques a estas feministas comparándolas con grupos ultracatólicos como HazteOír tienen como único objetivo su escarnio público, algo que estos grupos de radicales queer parecen dominar con gran soltura al manejarse en redes sociales bastante mejor que algunas líderes feministas de mayor edad, cuya lucha política en muchos casos se remonta al final del franquismo. Resulta cuando menos desconcertante que la izquierda abrace a los primeros y repudie a las segundas.

La propia propuesta de Ley de Unidas Podemos tiene aspectos que al menos deberían ser discutibles, más allá de confiar en dogmatismos posmodernos que a menudo no pasan de ser artillería publicitaria para engrandecer a exitosas conferenciantes. Asuntos como la autodeterminación de género implican, como recoge la propuesta de ley, que menores de 16 años que sean considerados intelectual y emocionalmente capaces puedan cambiar de sexo sin impedimentos, algo que a todas luces suena, al menos, como una abstracción difícil de mesurar. Así mismo la ley tendría consecuencias en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas en favor de la igualdad de la mujer, que se basarían en unas estadísticas tan cambiantes como los deseos de los hombres que decidieran ser mujeres autoafirmándose como tal. Asuntos como el sistema penitenciario dividido en sexos o las competiciones deportivas quedarían de igual manera alterados significativamente.

Las personas transexuales tienen deficiencias en cuanto a sus derechos civiles, sufren agresiones por su condición y son sin duda un colectivo con graves problemas en el ámbito laboral. El Estado ha dado decisivos pasos adelante al incluir en la seguridad social los programas de reasignación de sexo, las facilidades para cambiar el nombre en documentos oficiales o ha invertido cuantiosas subvenciones a iniciativas de integración y asociaciones afines. Ninguna feminista se ha pronunciado en contra de estas medidas. Sí de que bajo el paraguas del avance de los derechos civiles LGTB se cuelen contradicciones que afecten sustancialmente a la mujer como sujeto político. Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y obligaciones, ese es un principio demócrata que la izquierda debe apoyar, no por contra reducir a la mujer, algo más de la mitad de la población, a una identidad que compita en el mercado de la diversidad utilizando las monedas de los privilegios y las opresiones.

Los vientres de alquiler, la compra de mujeres en países pobres para que gesten como probetas humanas a niños que posteriormente les serán sustraídos tras un pago, es una de las consecuencias más indeseables de reducir a la mujer en una simple identidad. Son habituales las fotos de hombres posando con los críos, recién paridos de sus madres, vestidos de parturientas simulando ser ellos mismos el xadre, neologismo para no ofender tampoco su posible género alterno. Cuando algo tan concreto como ser una mujer se transforma en una abstracción cultural al gusto del consumidor, el mercado capitalista no duda en crear un nicho comercial más.

Efectivamente la ultraderecha está jugando sus cartas para aparecer como los únicos garantes de las familias, algo que parece no importarles tanto cuando se sitúan al lado de los recortes neoliberales al Estado del Bienestar. Lo extraño es que la izquierda ha asumido que su papel no es fomentar la igualdad, sino inmiscuirse en el inasible reino de la diferencia, precisamente lo que Margaret Thatcher proponía como modelo cultural para su restauración neoconservadora. Hace casi un par de años cuando publiqué mi libro La trampa de la diversidad intenté advertir desde la prudencia y el respeto sobre las contradicciones que el progresismo se iba a encontrar en este camino. Recibí duros ataques personales y una indescriptible campaña de desprestigio. Hoy les toca a las feministas que han osado contravenir las modas ideológicas imperantes. La excusa siempre es la misma, llamar progreso a lo que no es más que individualismo, negocio y claudicación.