Cualquiera de las personas que nos dedicamos a estudiar las migraciones sabe que la llamada migración económica es un movimiento humano que, en buena medida, se autorregula. Los migrantes van allí donde se les ofrece trabajo y dejan de ir cuando eso ya no es así. Los estudios del Pew Research Center han dejado meridianamente claro que la inmigración recibida en Estados Unidos, procedente sobre todo de México y otros países latinoamericanos, ha seguido esa pauta desde principios del siglo XX: los flujos han crecido al mismo ritmo que lo hacía la economía y se necesitaba mano de obra. En Europa ha pasado lo mismo. La inmigración recibida en los años noventa y los dos mil ha ido fundamentalmente a los países que tenían mayores tasas de crecimiento, o a países que crecían con un modelo económico de utilización intensiva de mano de obra, como eran los casos de Irlanda y España. El ejemplo de España es nítido: a finales de los noventa se hizo una clara apuesta por un crecimiento basado en el sector de la construcción (ley del suelo del 98, nuevas facilidades de financiación...), lo que en los años dos mil supuso que aquí se necesitara más mano de obra que en ningún otro país europeo. Entre el 2000 y el 2008, España fue el primer país del mundo receptor de inmigración en términos relativos a la población.

Esa migración deja de recibirse, y en parte retorna a su país, cuando el crecimiento económico remite. Y eso es justo lo que pasó con la crisis económica en España y otros países europeos. Los flujos de retorno a los países de origen no son un fenómeno tan estudiado como los flujos de llegada, pero algunas cosas se saben, y son el fundamento de la idea de autorregulación que estoy tratando de explicar. ¿Cuáles son los principales grupos de los que retornó más gente a su país de origen durante la crisis económica en España? Aquellos que podían volver a España más adelante, si las cosas mejoraban. Los rumanos, por ejemplo, llegaron a ser la primera nacionalidad por número de inmigrantes en España, pero la mayoría de los que perdieron sus trabajos con la crisis retornaron a Rumanía. Y lo hicieron porque, si más adelante querían volver a España, podían hacerlo sin trabas de ningún tipo. Lo mismo ocurrió con los latinoamericanos que habían adquirido la nacionalidad española: fueron los que mayor número de retornos a su país de origen realizaron, ya que al tener la doble nacionalidad también podían volver a España cuando quisieran. ¿De qué nacionalidades no ha retornado casi nadie a sus países de origen? Quienes apenas han retornado son, básicamente, la gente de países africanos y asiáticos que tendría enormes dificultades si se propusiera volver a España en el futuro.

La migración económica es un fenómeno que tiende a autorregularse, pero esa autorregulación está distorsionada por las políticas de extranjería de los Estados receptores. Son políticas centradas en hacer lo más difícil posible la entrada legal de los migrantes, y ello conlleva que aquellos que lo han tenido más difícil para entrar no quieran retornar a su país de ninguna manera. Cualquier africano (o asiático o latinoamericano) que aquí ha perdido el trabajo (o lleva demasiado tiempo sin haber encontrado uno) y está pasándolo mal se volvería a su país a la espera de tiempos mejores, porque allí podría vivir con mucho menos dinero y mucho mejor de lo que vive aquí. Esto es lo que hacen las personas que saben que no tendrán dificultades para volver a migrar. Pero ese africano al que no se dio ninguna oportunidad de obtener un visado para venir a España, y lo hizo atravesando el desierto, pagando a las mafias, recibiendo palizas de la policía marroquí, saltando la valla de Ceuta o de Melilla y viendo cómo muchos de sus compañeros morían en esos percances, ése no se retornará a su país por muy mal que lo esté pasando aquí. Las vallas son tan altas para entrar como para salir.

Hay una migración que no funciona con esos mecanismos de autorregulación: es la de refugiados. Cuando la gente huye de una guerra, o de la represión de una dictadura o de la violencia, no busca un país que esté demandando mano de obra, lo que busca simplemente es alejarse de allí donde su vida corre peligro. La llegada de refugiados a cualquier país tiene poco que ver con la situación económica de éste, está principalmente motivada por la situación bélica del país de origen. Por eso, el movimiento de refugiados apenas se dirige a los países ricos del Norte global. Mucha gente piensa que en Europa recibimos muchos refugiados, pero nada más lejos de la realidad. El 84% de los más de 30 millones de refugiados que hay en el mundo está en países del Sur global, porque lo que hacen los refugiados que huyen de las guerras es ir, sobre todo, a los países vecinos. Turquía, por ejemplo, tiene, según los datos dados por el ACNUR en el 2019, 3.993.000 refugiados; más que la Unión Europea y el Reino Unido juntos, que tienen 3.237.000 (incluyendo los solicitantes de asilo en espera de respuesta). Y si también tenemos en cuenta los más de 40 millones de desplazados internos que han huido de los conflictos (gente que ha huido de su ciudad, pero no ha salido de su país), resulta que el 93% del total de refugiados y desplazados internos está en países del Sur global. El Norte global (Unión Europea, Norteamérica, Australia, Japón...) sólo ha recibido el 7%.

Pues bien, pese a esa nimia carga de refugiados que tienen los países europeos, y pese a ser los que tienen más recursos económicos, los gobiernos europeos hacen cuanto pueden para evitar que lleguen a nuestras fronteras. Las militarizan cada vez más, pagan a los países vecinos (Turquía, Egipto, Libia, Marruecos...) para que impidan el paso de refugiados hacia Europa, levantan vallas, etc. Pero, ¿es legal poner barreras al paso de los refugiados? Las leyes ya se sabe que son interpretables, pero la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 (que todos los Estados europeos han firmado) dice que esas personas tienen derecho a solicitar asilo en cualquiera de los países firmantes. Ahora, la única forma que hay para solicitar asilo en un país europeo es pisando su suelo, ya que todos han eliminado de facto la posibilidad de hacerlo en representaciones consulares. De modo que impedir que lleguen es impedir que puedan ejercer su derecho al asilo.

El ministro Marlaska debería explicar para qué quiere subir las vallas de Ceuta y Melilla. Si es para poner freno a la inmigración económica está incurriendo en el error que aquí hemos comentado. Un error que están cometiendo todos los gobiernos europeos, seguramente porque hacen sus políticas de inmigración en base a los prejuicios xenófobos dominantes y no en base a lo que la sociología de las migraciones ha explicado sobradamente. Y, si es para impedir la entrada de refugiados, está incurriendo en una ilegalidad, o como mínimo en una acción totalmente opuesta a los derechos humanos que nuestro Estado dice respetar.