Pablo Castaño Tierno
Área de Igualdad de Podemos

Según un informe de UGT, las trabajadoras de nuestro país ganan un 24% menos que los trabajadores y deben trabajar 11 años y medio más que los hombres para conseguir la misma pensión que ellos. Tenemos una de las brechas salariales más grandes de la Unión Europea y la crisis y las políticas de austeridad no han hecho más que agravar esta injusticia.

Se suele presentar la brecha salarial como una cuestión de discriminación, como si fuese solo una consecuencia de los prejuicios machistas de los empresarios, que pagan menos a las mujeres que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Sin duda estas conductas existen —y la ley debe sancionarlas— pero no son la principal causa de la desigualdad salarial de género.

Si observamos los datos con cuidado llegamos a la conclusión de que la brecha salarial tiene varias causas. Primero, las mujeres sufren más la precariedad laboral que los hombres: la gran mayoría de las nuevas contrataciones de mujeres corresponden a contratos temporales. Además, tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son ocupados por trabajadoras mujeres. Estos datos nos muestran que el mercado laboral español sigue siendo muy machista y esto tiene que ver con el desigual reparto del trabajo de cuidados entre mujeres y hombres. Ellas dedican al trabajo doméstico y al cuidado de menores y dependientes el doble de tiempo que ellos, asumen el 94% de las excedencias por cuidado de hijos y reducen sus jornadas de trabajo por razones familiares en muchos más casos que los hombres. La división sexual del trabajo sigue siendo una realidad en la sociedad española y cualquier política que pretenda reducir la brecha salarial de género sin tener esto en cuenta estará destinada al fracaso.

No solo las mujeres sufren el fenómeno de la "doble jornada" -ya que trabajan dentro y fuera de casa- sino que además esta situación fomenta su discriminación en el mercado de trabajo. Los empresarios saben que es probable que una mujer interrumpa su carrera profesional en algún momento para cuidar a sus hijos u otros familiares, por lo que prefieren contratar a hombres, que casi nunca lo hacen. Además, como los hombres cobran más, las parejas suelen tomar la decisión más racional desde el punto de vista económico: que sea la mujer la que deje de trabajar para cuidar a los niños. La pescadilla se muerde la cola y las normas laborales que castigan la discriminación de género no son suficientes para evitarlo.

Si queremos que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, estos tendrán que asumir su parte en el trabajo doméstico y de cuidados, para lo que es necesario establecer permisos de nacimiento y adopción iguales e instransferibles. De esta manera, los hombres verán garantizado su derecho a cuidar de sus hijos recién nacidos y las mujeres se librarán del estigma de ser madres intrusas en el mercado laboral, dejando a los empresarios sin excusas para discriminarlas a la hora de la contratación, los ascensos y las subidas salariales. Por otro lado, el Estado debe asumir su parte de  responsabilidad garantizando servicios públicos, gratuitos y universales de atención a la dependencia y de educación infantil, lo cual tendría el impacto inmediato de favorecer una participación más igualitaria de las mujeres en el mercado laboral. Además, esta ampliación del Estado de bienestar crearía empleos de calidad y fomentaría la diversificación de nuestro modelo productivo.

Otra causa de la brecha salarial es que los empleos ocupados en mayor medida por hombres suelen ser más valorados social y económicamente que los que ocupan las mujeres. Los estereotipos de género siguen influyendo mucho en los itinerarios académicos y profesionales que eligen los y las jóvenes y niños. No hay más que pasar por una clase de formación profesional de peluquería y de mecánica, por ejemplo, o contar el número de mujeres en las facultades de ingeniería. Por eso, también es necesario introducir en el sistema educativo medidas orientadas a combatir los prejuicios sexistas. A largo plazo, la reducción de la segregación de género en la educación reducirá la segregación de género en el mercado laboral y, por lo tanto, la brecha salarial.

Los datos muestran que las actitudes discriminatorias directas, el machismo de toda la vida, no es la principal causa de que las mujeres cobren menos que los hombres. Pero hablar solo de discriminación conviene a los partidos políticos que pretenden solucionar el problema anunciando cada año una Ley de Igualdad Salarial, como hace el PSOE. Es más fácil que poner en marcha reformas estructurales como la igualación de los permisos de maternidad y paternidad, la construcción de un verdadero sistema de atención a la dependencia y la extensión de la educación pública al periodo de 0 a 3 años. Porque estas reformas cuestan dinero y para conseguirlo habría que luchar a contra el fraude fiscal, diseñar un sistema impositivo más progresivo o reestructurar la deuda pública, medidas que el PP y el PSOE no están dispuestos a tomar.

La igualdad de género no se consigue con eslóganes ni con leyes simbólicas. Es hora de comprometerse con una igualdad de género real, aunque para conseguirla haya que enfrentarse a los intereses económicos de los de arriba.