Tras la pandemia de la covid-19, la crisis económica es la mayor emergencia social en lo que va de siglo. Un otoño de confinamientos y toques de queda vendrá seguido por el invierno del desempleo y la depresión. Las empresas están al borde del colapso, los autónomos al límite de sus fuerzas y toda la esperanza que resta confía en el maná de Bruselas, que invertirán las Administraciones públicas.

¿Serán capaces de hacerlo? Esta pregunta no es retórica, ni extraña, ni desconocida para quienes conocen bien los niveles de ejecución real de nuestras organizaciones públicas. Los requisitos procedimentales para adjudicar subvenciones y contratos consumen demasiado papel, están marcados por la "tramitología", la desconfianza hacia los gestores y el objetivo de reducir el gasto. Así no habrá forma de reactivar la economía.

Por supuesto, los controles son necesarios, pero debieran aligerarse. Aunque las prisas nunca fueron buenas consejeras, los ritmos de toma de decisiones en la gobernanza multinivel española desesperan al más paciente. Esta peculiaridad patria nos diferencia de la mayor parte de los países del mundo, así que puede ser una de las causas del deficiente desempeño en la respuesta la crisis por la covid-19.

Las cosas de palacio

Cualquier conocedor de la Administración sabe bien que el adagio las cosas de palacio van despacio describe con precisión lo que ocurre en las oficinas públicas: los tiempos de respuesta se agotan, es muy rara la respuesta antes de término, las ampliaciones de plazos son muy frecuentes y, todo ello sucede en meses o años, nunca en días o semanas, aunque la ley permite que se concreten en horas.

El cómputo común de la normativa de procedimiento tiene un origen histórico poco conocido. Los romanos, hace dos mil años, regularon una duración de seis meses. Este régimen pervive en nuestras leyes hasta el día de hoy, cuando tantos procedimientos consumen tanto tiempo o más, no menos. Esto en pleno despliegue de la sociedad de la información y la Administración electrónica. Y en situación de emergencia.

No es extraño que España sea uno de los estados miembros de la Unión Europea que se beneficia menos de los fondos. La Administración es lenta hasta para pedir. El problema no va a ser la reforma del Poder Judicial, acertadamente suspendida; tampoco la discordancia entre partidos políticos, un bochornoso espectáculo; ni siquiera se halla en la descoordinación entre gobiernos territoriales. Nuestra principal desventaja, la razón por la que España es diferente, es la pervivencia del vuelva usted mañana.

El tiempo es oro, ahora más que nunca antes. El Real Decreto-Ley que debe contemplar el Derecho de excepción para gestionar los remanentes, tras la suspensión de las reglas fiscales por el Congreso, debería ver la luz cuanto antes. La Comisión Europea publicó ya en abril una guía para flexibilizar los trámites en la contratación pública, así que ¿a qué estamos esperando?

Muchos municipios, diputaciones provinciales y comunidades autónomas han de conocer las condiciones de sus estrategias de reactivación, porque los presupuestos se elaboran en estas fechas. En diciembre será ya muy tarde.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation