La existencia de una gran desigualdad social, particularmente en España, ya ha sido reconocida en los ámbitos académicos, políticos y mediáticos. La grave realidad de la precariedad sociolaboral y vital y la desprotección pública se ha consolidado. Está derivada de las consecuencias de la crisis económica y las políticas de austeridad dominantes hasta hace poco, y afecta a la mayoría de la sociedad. Ahora se ha agudizado por la presente crisis sanitaria y socioeconómica producidas por la pandemia.

No obstante, la interpretación de su importancia, sus causas y las responsabilidades institucionales están sometidas a un fuerte debate. Por tanto, hay que profundizar en sus características y su evolución, así como en los recortes sociolaborales y de derechos sociales, el debilitamiento de los servicios públicos y el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar, que agudizan su impacto negativo entre la mayoría de la población.

El aspecto más relevante es que este proceso regresivo, dominante en las élites institucionales hasta hace poco, es valorado como injusto por amplios sectores de la sociedad. Ello ha condicionado el actual giro europeo más expansionista ante la actual crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia. La desigualdad y la injusticia social han llegado a ser intolerables.

Lejos de los intentos de ciertas élites gobernantes de justificar sus medidas antisociales, como inevitables o necesarias, se ha generado entre la mayoría popular una actitud de indignación frente a la imposición de esa involución social y democrática. Y una vez reiniciado cierto crecimiento económico y de empleo la dinámica dominante, hasta el reciente cambio gubernamental, ha sido de continuismo económico, sin revertir las políticas sociales y laborales y sin reforzar el frágil Estado de bienestar, insuficiente para atender las graves necesidades sociales.

Lo que se ventila es la legitimación de los distintos actores en pugna, los fundamentos que justifican unas posiciones u otras y, sobre todo, los criterios normativos, las políticas y los cambios institucionales necesarios para superarla y poner las bases de una salida de progreso y una democracia social, frente al modelo regresivo y reaccionario de las derechas.

Frente a la explicación dominante en el ámbito institucional, gubernamental y europeo, de que la regresiva estrategia liberal-conservadora, puesta en marcha tras la crisis de 2008, era la vía imprescindible para el crecimiento económico, entre la mayoría social se generó el escepticismo sobre la idea de que servía para aumentar el suficiente empleo decente y la mejora del bienestar de la gente, así como el convencimiento realista de que beneficiaba, sobre todo, a los de arriba, los poderosos. Su conciencia crítica resaltaba su carácter antisocial y prepotente y alcanzaba también a la desconfianza social y la limitada credibilidad ciudadana de la anterior clase política gobernante. Se ha producido una desafección cívica hacia el bipartidismo, responsable de esa gestión impopular de la crisis económica y se ha fragmentado el campo electoral e institucional. Esta dinámica se ha convertido, por una parte, en crisis social, por la prolongación del paro masivo y el agravamiento de la desprotección social y sus consecuencias sociales, y, por otra parte, en crisis político-institucional, con la amplia exigencia ciudadana de regeneración y democratización del sistema político, con la recomposición representativa.

Así mismo, se ha abierto una brecha significativa entre los países del Norte, acreedores, y los del Sur, deudores y más vulnerables, con el incremento de las tendencias insolidarias e impositivas de las instituciones de la Unión Europea. Las grietas económicas y sociopolíticas producidas, especialmente las brechas internas y entre países, el Norte y el Sur, han supuesto que, ahora, las políticas económicas dominantes en la Unión Europea y, específicamente, su nuevo plan de recuperación económica para los próximos años haya tenido que abandonar la rigidez austeritaria y adoptar medidas más expansionistas, de modernización económica y de protección y cohesión social, aunque están por ver su alcance y su implementación.

Particularmente, en España, se han conformado nuevas corrientes sociales progresistas y de izquierda (con fuertes componentes feministas y ecologistas) y una nueva configuración de los campos electoral y político-institucional. Se ha producido una doble rearticulación entre las izquierdas, con un programa compartido de progreso, y entre las derechas, con una posición reaccionaria de polarización y bloqueo a toda costa frente a una política gubernamental y una gestión democrática, social y plurinacional.

Los principales grupos de poder pretenden frenar el desarrollo de una dinámica de progreso que tiene la legitimidad de una mayoría social y parlamentaria, intentando desactivar el apoyo social a este Gobierno de coalición de izquierdas. Tratan de impedir un proyecto de modernización económica, democratización institucional y refuerzo del débil Estado de bienestar, con la mejora de los servicios públicos y la protección social, que constituyen el reto principal del actual Ejecutivo progresista. Su firmeza y capacidad política y el grado de apoyo ciudadano para superar ese desafío van a condicionar la senda social y político-institucional de esta década que comienza y el modelo de país resultante.

La reafirmación crítica de la mayoría de la población española, que no se ha resignado ni sometido a esa involución, ha sido posible por la amplia cultura democrática y de justicia social existente. Se desarrolla una pugna ética y cultural entre dos interpretaciones básicas sobre la gestión económica e institucional anterior: su ilegitimidad o su justificación. La deslegitimación de la desigualdad injusta es clave para generar su rechazo popular y una dinámica de cambio igualitario y solidario. Es la razón de la polarización crispada de las derechas al actual giro social y democrático.

Por tanto, es necesario una profundización del significado de la justicia social, de los fundamentos de igualdad y libertad, para explicar el sentido de la actitud cívica de una ciudadanía indignada que exige un giro de progreso. Se trata de establecer las bases normativas de una democracia social, un modelo de sociedad más igualitario y solidario. El horizonte propuesto es el refuerzo de los derechos sociales, con un Estado de bienestar más avanzado socialmente, en una Europa más democrática e integrada.

En este proceso de conflicto social de más de una década se han ido configurando nuevos actores y sujetos sociopolíticos. Por una parte, se ha hecho más evidente entre la población, el carácter regresivo y autoritario de las élites dominantes de las derechas que han sometido a la mayoría de las sociedades, particularmente del sur europeo, a una década de planes de ajustes regresivos, a un retroceso de su bienestar, sus derechos sociolaborales y la calidad democrática de sus sistemas políticos. Por otra parte, se ha conformado una nueva corriente social, una ciudadanía crítica y descontenta, que está en desacuerdo con esa deriva impopular, junto con un amplio proceso de protesta social progresivo. Esa significativa corriente popular con una gran legitimación cívica reclama una orientación más social y democrática, con una recomposición de los campos electorales, que ha dado soporte a un cambio gubernamental progresista y de izquierdas.

Se ha establecido una fuerte pugna entre ambas tendencias de fondo, el bloque de poder liberal-conservador y una tendencia social progresista, base de la actual mayoría parlamentaria. Se expresa una nueva polarización sociopolítica y cultural respecto de sus respectivos proyectos, demandas y discursos. Este nuevo empoderamiento cívico, incluyendo el nuevo feminismo, con componentes distintos a los anteriores movimientos sociales, se articula con una amplia preocupación y participación en los asuntos públicos y a través de sus correspondientes representaciones sociales y políticas. Aparte de su dimensión social y cultural, tiene un amplio impacto en las preferencias electorales y representativas que supone un profundo reequilibrio del mapa político e institucional.

Dos opciones básicas existen ante la situación de crisis sistémica, socioeconómica, política e institucional, particularmente en el sur europeo. Continuidad de una gestión liberal-conservadora, regresiva y prepotente, reforzada por las presiones de las ultraderechas reaccionarias, con una salida lenta de la crisis con mayor desigualdad y hegemonía del actual bloque de poder, aunque se combine con algún elemento de flexibilidad y políticas expansivas. O bien, una estrategia progresista de cambio del actual orden económico y político, poniendo en primer plano los intereses y demandas de la mayoría de la población y sus derechos sociales.

Supone una profunda democratización del sistema político, un nuevo reequilibrio de las fuerzas emancipadoras y de izquierda frente a la oligarquía neoliberal dominante y el avance solidario del modelo social europeo. Significa que el aspecto principal de las estrategias de los movimientos sociales, las fuerzas de izquierda y los grupos alternativos es la confrontación con la estrategia de austeridad y las dinámicas conservadoras, la activación movilizadora, participativa y electoral de la ciudadanía tras un proyecto de cambio progresivo, igualitario, democratizador y sostenible medioambientalmente.

El resultado de la tensión entre ambas tendencias, la liberal-conservadora (hegemónica en los planos económico e institucional) y la progresista (con amplio respaldo y legitimidad ciudadana), es una tercera posición, intermedia: el continuismo del poder económico e institucional, con el abandono de las restrictivas políticas de austeridad y una apertura hacia políticas algo más expansionistas, en el marco de los planes de recuperación económica aprobados para los próximos años. Constituyen un cambio significativo de las políticas económicas, para paliar algunos de los efectos más perniciosos para las sociedades europeas, aunque persiguen legitimar y consolidar los grupos de poder hegemónicos.

No obstante, más allá del Brexit, hay un consenso frágil entre, por un lado, las principales fuerzas dominantes en la Unión Europea, hegemonizadas por las derechas neoliberales y el papel preponderante de Alemania y los países centrales y, por otro lado, los países del Sur, entre ellos España, con una posición estructural débil, que deben de perfilar un proyecto de modernización económica, adecuado y justo, y una agenda social y democrática. El riesgo es el ascenso de cierta frustración popular por sus insuficiencias.

Dos hechos sociopolíticos complementan estas tendencias económico-sociales de fondo y rearticulan los campos electorales e institucionales. Por un lado, la aparición de una tendencia reaccionaria de derecha extrema, representada por VOX, al igual que en otros países europeos, con una mayor polarización entre las derechas y las izquierdas. Por otro lado, el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y sus convergencias para conformar un Gobierno progresista de coalición, con el apoyo de una mayoría parlamentaria y social progresista y una agenda transformadora de progreso que impulse la justicia social.

El horizonte para esta década es incierto, en particular, para la cohesión de la Unión Europea y el tipo de salida de esta crisis prolongada. En el libro reciente "Cambios en el Estado de bienestar" analizo las características y las tendencias de las condiciones socioeconómicas y laborales así como de los sistemas de protección social y, más en general, de las transformaciones en el Estado de bienestar; además, valoro los discursos y teorías que explican esos hechos para clarificar los desafíos pendientes de nuestras sociedades e instituciones.

En definitiva, frente a la injusticia social, derivada del fuerte incremento de la desigualdad y la prepotencia de las élites neoliberales dominantes, se ha reforzado una conciencia cívica y democrática entre la mayoría de la sociedad. Se ha expresado una significativa corriente social progresista, con nuevos actores sociales y políticos, incluido un renovado sanchismo, una nueva configuración de los campos electorales e institucionales y una exigencia ciudadana mayoritaria de cambio de progreso. La alternativa es una democracia social, un giro socioeconómico progresista y una democratización del sistema político, en el marco de una Unión Europea más social, solidaria, democrática e integrada. La conclusión es la necesidad del refuerzo del Estado de bienestar, con sus dimensiones distribuidora, reguladora y de protección pública.