Apenas amanece en la ciudad de Bogotá. Por sus calles descongestionadas por la pandemia avanza una de esas personas imprescindibles a las que se refirió Bertolt Brecht, rumbo a los cerros de Altos de la Estancia, donde a cientos de familias les derriban sus viviendas de plástico y madera en plena cuarentena. Sobre el EPI blanco en el que va enfundada, Erika lleva un chaleco de Congreso de los Pueblos. En su espalda, leemos dos palabras maltratadas en Colombia: Derechos Humanos. Conversa con los pobladores. Informa y acompaña. Almuerza con ellos. No miente a nadie ni da falsas esperanzas. Utiliza el conocimiento y la palabra frente a la Policía. Inspira y contagia. Lucha y organiza. Cree con pasión en otro futuro posible y necesario.

Necesitamos caminar por las diferentes realidades nacionales y convivir con las personas que habitan en sus territorios para conocer, comprender y emocionarnos con una forma de ser y estar que difiere de la nuestra. También para entender que la historia no es la sucesión de unos acontecimientos con otros, sino más bien algo así como un océano de causas, donde todo lo que ocurre está estrechamente relacionado.

En Colombia, formación social latinoamericana al oeste del meridiano de Greenwich, habita el conflicto más antiguo del hemisferio occidental. Y aunque se podrían encontrar sus orígenes en la llegada del explo(t)rador genovés al cual debe su nombre, Cristóforo Colombo, solo retrocederemos seis décadas atrás, cuando Colombia ya destacaba entre los países más desiguales del mundo a pesar de sus innumerables riquezas.

¿Qué es lo que hace que un país tan rico albergue dentro de sus fronteras realidades tan polarizadas como la de morir de hambre o enfermedades curables y la de vivir derrochando los réditos que aporta un modelo estructuralmente corrupto?

Álvaro Villarraga, ex-director del Centro Nacional de Memoria Histórica, afirma que para comprender Colombia se tienen que analizar al menos tres elementos: la tendencia a ejercer la violencia desde el poder y la política, la falta de una reforma agraria y la falta de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política. La primera, ya sea por omisión o participación directa, es un hecho demostrado al que la Comunidad Internacional no presta atención, vaya usted a saber por qué. La segunda una deuda histórica para con los pueblos y su derecho a la vida digna. Y el tercero la carta de presentación de un Estado que juega a la democracia escondiendo la baraja del imperialismo bajo el brazo. Conviene agregar a estos elementos los 1164 asesinados denunciados por Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz; una cifra que puede quedar desactualizada en el momento de escribirla. Hoy son 50 los líderes y lideresas sociales asesinadas en lo que va de año. A pesar de estas masacres, sin duda crímenes de lesa Humanidad, el Estado colombiano sigue criminalizando, judicializando y poniendo en peligro la vida de los líderes y lideresas sociales que acompañan los procesos de organización en las distintas regiones del país. Es urgente denunciar internacionalmente la creación de los falsos positivos judiciales a través de la manipulación el derecho penal, una estrategia que permite que el Estado abra expedientes judiciales en contra de activistas sociales y defensores de derechos humanos aportando pruebas y acusaciones falsas (generalmente vinculándolos con la guerrilla) que golpean y deterioran al movimiento social.

Es el caso del Congreso de los Pueblos (CdP), que padece una constante persecución de sus referentes y vocerías. En 2018 fue detenido Julián Gil, secretario técnico, un líder, filósofo y humanista social al que privaron de la libertad hasta su absolución a finales del año pasado. Cuando aún se estaba festejando su libertad, se inicia un proceso contra los líderes campesinos Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, a los cuales detuvieron y liberaron a la espera del proceso que les abrieron. Igualmente se han reportado capturas masivas de liderazgos en Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Antioquia y Bolívar. Con todo, el CdP tiene a más de 50 personas privadas de la libertad sin el debido proceso.

Una flagrante y sistemática violación que permite ahora a la Fiscalía de Bucaramanga ordenar la captura de la joven defensora de Derechos Humanos y dirigente del CdP, Erika Isabel Prieto Jaime. Dicha orden se sostiene en fundamentos que, en el marco del mismo proceso, un Juez ha declarado insuficientes e ilegales, a saber, la declaración de una "fuente humana" e informes de inteligencia militar. Como denuncia el CdP, el hecho de que el Ejército, en la base militar de Cantagallo, haya publicado una fotografía de la defensora mencionando que hace parte de un grupo armado, no solo viola la presunción de inocencia, sino que la sitúa en el foco de mira y pone en riesgo su vida al ser la región del Sur de Bolívar una zona donde se vive el conflicto armado intensamente, con fuerte presencia militar y paramilitar.

Cabría preguntarse cuál es el temor de que Erika, con su larga trayectoria desde su trabajo como asistente parlamentaria y en el activismo de los movimientos sociales, sea una defensora de los Derechos Humanos, animales y la naturaleza. Esta jovial defensora camina por los territorios denunciando atropellos y abusos, paralizando desalojos, informando, concienciando y educando.

Hace poco menos de un año, al inicio de la pandemia, tuvimos la posibilidad de compartir con ella en Bogotá diversos escenarios. Acompañando a las familias en el exterior de la Cárcel Modelo después de que se produjera una masacre de 23 presos de la que no se daba información. Entregando bolsas de alimentos allí donde el Estado estaba ausente en un momento donde la prohibición de ir a trabajar no llenaba los estómagos de la población que sobrevive del trabajo informal. Asesorando a los vecinos y vecinas de los cerros, desalojados de manera irregular por una alcaldía que aprovechaba las restricciones impuestas por el Covid. Socializando con los jóvenes a través de cine fórum y reflexiones varias. Salvando y alimentando a gatos y perros de las fauces de la ciudad. Esta dirigente es portadora de una sensibilidad y un amor sin cuantías y adjetivos, capaz de socavar causas perdidas y contagiarlas de esperanza. Si un día, alguno de nosotros, se levantaba decaído, solo tenía que pensar que unas calles más abajo una mujer comenzaba el día sobreponiéndose a la tristeza, con la ilusión, la sonrisa y la fuerza necesarias para lograr construir ese otro futuro posible.

Actualmente esa joven se encuentra resguardada por las comunidades que reconocen su trabajo en favor de las olvidadas, a la espera de que el Estado brinde garantías para aclarar su situación judicial. "La han acogido en espera de una determinación de la Fiscalía, a donde comparecerá de manera voluntaria cuando haya condiciones y garantías jurídicas".

¿Qué persigue el gobierno de Colombia? ¿Cuán más peligroso es el amor y el pensamiento crítico, que las masacres, la pobreza y la desigualdad que azotan al país?