Mª Luz Martínez Seijo
Profesora de Educación Secundaria. Doctora en Planificación e Innovación Educativa.

Es frecuente escuchar entre los que nos dedicamos a la educación y la formación que se requiere más implicación de las familias y mayor colaboración de los padres y madres en el proceso de enseñanza, sobre todo en Educación Secundaria. Si bien es cierto que el largo camino educativo de los niños comienza con mayor apoyo por las familias en la educación infantil y primaria, poco a poco ésta se va reduciendo, desapareciendo en muchos casos en la educación secundaria y siendo prácticamente inexistente en las etapas pos obligatorias.

Quizás deberíamos matizar que por "apoyo familiar" los profesionales de la educación no entendemos sólo la "ayuda para hacer los deberes", que lógicamente se complica en etapas educativas superiores, sino un interés sobre el proceso y progreso de alumno, sobre actitudes y hábitos en el estudio que requieren la colaboración de las familias. Nos referimos a que las familias se impliquen más en la formación de su hijo o hija, que supone un proyecto conjunto de escuela-familia.

Desgraciadamente la participación escolar está poco definida y ha sido sometida a serios vaivenes a lo largo de la historia legislativa de educación en España, y en general se ha restringido al trabajo de AMPAS y Consejos Escolares, pero con poca trascendencia y escaso peso en la toma de decisiones.

"La participación" aparece en la Constitución de 1978 y establece la intervención de los padres, madres y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.

Sin embargo, últimamente la participación escolar ha sufrido un duro varapalo que ha pasado de  ser concebida como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos, garantizándose la participación de la comunidad educativa en la gestión  de los centros educativos tal y como se recogía en la LOE, a una participación tutelada en la LOMCE, que aunque reconoce la necesidad de buscar un equilibrio y fortaleza en la relación alumno, familia y escuela, lo hace de tal manera que extirpa toda posibilidad de cualquier toma de decisión de la Comunidad Educativa cuya representación se encuentra en el Consejo Escolar. La LOMCE transfiere todas las decisiones del Consejo Escolar a la figura de director del centro, de esta forma el Consejo Escolar pasa de ser un órgano de gobierno, de decisión, a un órgano meramente consultivo y sus consejeros se convierten en  convidados de piedra.

Más allá de cuestionar si este cambio se ajusta al principio constitucional de 1978, lo que sí debe cuestionarse es que es un duro golpe que quiebra y contradice un principio educativo y formativo. Padres, madres y docentes vamos introduciendo a lo largo de la educación y formación de nuestros niños y niñas las bases para que poco a poco vayan asumiendo y adoptando decisiones en sus vidas y que lo hagan de manera responsable, es parte del proceso de aprendizaje y de madurez en la vida. Resulta ofensivo que un principio tan evidente que fomentamos en nuestros hijos e hijas sea hurtado en la Escuela, y que la Comunidad Educativa sea privada de la "confianza" para que participe en las decisiones del Centro.

Es lógico y deseable  que la comunidad educativa tenga capacidad de decisión, no es cuestión baladí cuando se trata de poder opinar y decidir sobre aspectos que influyen en la educación integral de un hijo, el proyecto educativo de un centro, decisiones que afectan al ambiente de convivencia e incluso al cambio de libros de texto sobre lo que ya sólo se pueda opinar, pero no decidir, como ha sucedido en este curso.

Con la LOMCE,  queda mutilado el modelo de escuela democrática, un ejemplo real que niños y niñas vivían a diario y que queda afectado también por la ola de recortes, en este caso democráticos.

Pero el golpe definitivo a la participación ha venido de la mano de los tijeretazos en educación del PP. Las ayudas, imprescindibles para la subsistencia de las federaciones de asociaciones de padres y madres, han sido recortadas de manera ascendente hasta la absoluta desaparición, como ha sucedido en varias Comunidades Autónomas gobernadas hasta hace apenas dos meses por el PP. Tristemente, ha supuesto la supresión de programas de formación a las familias, escuelas de madres y padres, así como el cierre de algunas federaciones ante la imposibilidad de afrontar el pago del local en el que desarrollaban su labor de voluntariado.

La participación debe ser más que formar parte del AMPA o Consejo Escolar. Muchos docentes, principalmente en educación secundaria, demandan más implicación de las familias, sin embargo muchos docentes son reticentes  a permitir ir más allá y establecer vías que permitan que las familias entren más en los centros escolares, y que se establezcan unos canales estables de colaboración, mientras que muchas familias tampoco tienen claro dónde se encuentra la barrera o el límite de cooperación. Como conclusión, encontramos que paulatinamente existen menos proyectos de colaboración entre padres y centros, y aunque son más frecuentes en educación primaria, son casi inexistentes en educación secundaria, siendo éste el momento educativo en el que la mayoría de los jóvenes que se pierden en el proceso educativo, lo hacen de manera definitiva.

La cuestión es cómo avanzar para que haya más implicación y que se encuentre el equilibrio basado en el respeto a las competencias de ambas partes, es decir, ¿cómo se genera la participación y el trabajo conjunto con las familias? Sin duda una pregunta difícil que nos hace avanzar hacia un marco normativo, porque para que haya participación, en principio, ésta se debe generar y regular, y como hemos comprobado la LOMCE supone un claro retroceso a serios avances ya llevados a cabo en algunas comunidades autónomas que ya hace años regularon y fomentaron la participación.

La coherencia en política educativa es difícil de sostener cuando por un lado se pide a gritos en determinados contextos escolares más ayuda, implicación y apoyo de las familias, y por otro se observa que la norma va limitando, reduciendo y eliminando su presencia en los centros.

Es difícil generar una cultura de participación escolar, cuando la propia administración no la genera o facilita. Es difícil instaurar valores democráticos cuando a la comunidad educativa se le sustituye el derecho a "decidir" por el derecho a "opinar" y es difícil para el Gobierno mantener un mensaje consecuente cuando ni siquiera en un cambio legislativo como el que vivimos actualmente se ha generado un debate intenso, amplio y plural, que sería lo deseable para llevar adelante una ley educativa.

En definitiva, la participación debe generarse, mimarse y cultivarse, porque si se desea implicación se deben poner las bases para que las familias se acerquen a un medio que no es el suyo y se venzan ciertos reparos, desde las familias a los centros y desde los centros a las familias, y eso se crea de manera natural, trabajando a diario, y ¿cómo no?, creando el espacio para ello.

Todo depende como casi siempre de la voluntad existente, ojalá que la haya,  porque actualmente nuestra sociedad no puede permitirse ni la desaparición de los valores democráticos en la escuela, que se garantizaban en la asignatura Educación para la Ciudadanía y además dañar severamente un modelo de funcionamiento democrático y participativo en los centros que representaban los Consejos Escolares.