Otras miradas

Lejos de un nuevo comienzo con la política migratoria europea

*Este artículo lo firman once organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de las personas migrantes y refugiadas: Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum

afganos se reúnen frente a la oficina de pasaportes mientras los talibanes reanudan la emisión de pasaportes, en Kabul, Afganistán, 07 de octubre de 2021.- EFE

Mientras esta semana se ha debatido sobre la actual situación de Afganistán en Bruselas, estamos a la espera de cómo se visibilizarán, una vez más, las costuras de la UE en política migratoria: la desprotección de las personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas ante un marco político caduco, que ha consolidado la Europa fortaleza y la vulneración de sus derechos.

Pese a que hace un año se anunció que el Pacto europeo de las Migraciones y el Asilo constituiría ‘un nuevo comienzo’, el Pacto refuerza los ejes que desde hace años articulan la política migratoria europea obviando los tratados internacionales ratificados por los Estados miembros y sus obligaciones.

Se apuesta por agilizar los procedimientos en frontera reduciendo sus garantías; por la externalización de la gestión de la migración a países que violan los derechos humanos; y por seleccionar, mediante recursos estadísticos, las nacionalidades susceptibles de acceder a los procedimientos de asilo sin valorar de manera individual las solicitudes. Determina, además, la relación con países terceros en función del control que realicen de los movimientos migratorios, reforzando las expulsiones y readmisiones a cambio de la concesión de visados, fondos de cooperación al desarrollo o inversiones.

Se imponen ficciones jurídicas como la "pre-entrada", considerando las zonas fronterizas como un limbo mientras se realiza el cribado de las personas migrantes y solicitantes de asilo para no reconocer su ingreso en territorio europeo.

En la Frontera Sur vemos cómo se van implantando estas medidas, a pesar de que la propuesta no está aún aprobada: los hotspot de las islas griegas en las Canarias (lugares de recepción y registro), la devolución de menores en Ceuta contraviniendo tratados internacionales, y devoluciones exprés que vulneran los derechos de las personas al negarles la posibilidad de solicitar protección internacional.

Las organizaciones que trabajamos con esta realidad mostramos nuestra preocupación por la existencia de estas políticas que carecen de un enfoque de derechos humanos, que obvian la rendición de cuentas y la transparencia en su ejecución. Es urgente trabajar en vías legales y seguras para dejar de poner en riesgo las vidas de las personas; así como instaurar canales y visados humanitarios, especialmente en contextos de crisis en los que la solidaridad europea es imprescindible.

Las cuotas de reparto de acogida de las personas solicitantes de asilo deberían ser obligatorias para todos los países europeos. Se debe desvincular la ayuda para el desarrollo de cualquier objetivo de control migratorio y de securitización de las fronteras, así como reforzar el rol de vigilancia de la Agencia Fundamental de Derechos (FRA) ante las actuaciones del cuestionado Frontex.

Necesitamos –reclamamos- políticas humanitarias, con enfoque de derechos e interseccionales, bajo las cuales el interés superior de la infancia, los derechos y dignidad de las personas migrantes y refugiadas y la adopción de la detención como último recurso sean respetadas.

*Este artículo lo firman once organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de las personas migrantes y refugiadas: Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum