Marina Geli
Diputada en el Parlament de Catalunya por el PSC y exconsellera de Salud de la Generalitat

Las relaciones políticas entre Catalunya y España viven su momento más difícil desde la transición española. Quizás lo más relevante sea que hoy existe una desafección ciudadana mutua, como hace ya unos años pronosticó el president de la Generalitat José Montilla.

La situación nos obliga a tomar conciencia del momento actual para poder establecer y liderar en consecuencia un diálogo franco. La mayoría de catalanes quiere que España y Catalunya dialoguen, incluso aquellos que hoy defienden la independencia. España debe propiciar una mesa de debate sin apriorismos, pero con rigor y racionalidad.

El independentismo era minoritario en Catalunya y sólo contaba con el apoyo de ERC y algunos grupos extraparlamentarios. El acercamiento de CiU hacia las tesis independentistas de los últimos años es hoy el elemento más relevante en la política catalana. Pero para interpretar lo que está ocurriendo en Catalunya, debemos conocer las circunstancias que propiciaron la situación actual.

El Estatut de Catalunya de 2006 fue un intento de nuevo pacto con España, pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP minó la confianza entre las dos partes. El modelo de financiación pactado llegó tarde, en 2009, ya en plena crisis, y se amortizó inmediatamente con la propuesta de pacto fiscal de 2010, lema de la campaña electoral de CiU ese mismo año. Fue la crónica de una muerte anunciada: la propuesta de pacto fiscal se finiquitó en una única reunión entre el president Mas y el presidente Rajoy. Tras los gobiernos de Maragall y Montilla y la negativa del Estado a negociar un nuevo pacto fiscal, una mayoría de catalanes dio por acabada una etapa.

Entre los catalanes, existe la percepción mayoritaria de que Catalunya está mal financiada y de que España le aboca a un déficit fiscal que agrava la crisis económica, el paro y la merma de sus potencialidades propias para volver a generar crecimiento y trabajo.

Paralelamente, las injerencias y las dificultades del Gobierno de España del PP para entender la singularidad catalana en el modelo educativo, lingüístico, sanitario o judicial, fortalecen los argumentos de los que reclaman respeto a Catalunya por parte del Estado.

La manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona expresó un sentimiento afirmativo a favor de decidir el futuro de Catalunya y su relación con España, y según algunas encuestas, más de la mitad de la población se declara ya a favor de la independencia.

La mayoría es aún más amplia —casi del 80% en las encuestas y en el Parlament— a favor del derecho a decidir. Esta mayoría es plural, interclasista y no solamente independentista.

El catalanismo político actual —CiU, ERC, PSC, ICV y CUP— comparte la posibilidad de convocar una consulta en Catalunya. La votación de ayer en el Congreso también evidenció que el catalanismo político -CiU, PSC, ERC e ICV, Carme Chacón aparte- quiere hacerlo con un pacto entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España.

El resultado de la votación de ayer en el Congreso de los Diputados evidencia con mayor claridad esta voluntad del catalanismo político. Incluso más que en la reciente votación del Parlament, con los votos favorables de CiU, ERC, ICV y la CUP y el voto equivalente en blanco de cinco diputados del PSC a una declaración donde el diálogo con España para una consulta legal no era el tema prioritario.

Hace meses que creo que alguien en España debe asumir el papel que hoy ejerce David Cameron en el Reino Unido y espero que se encuentre entre los líderes del PSOE. El primer ministro del Reino Unido reconoció con normalidad política y democrática una voluntad mayoritaria de convocar un referéndum acordado, legal y vinculante en Escocia.

Nadie considera en el Reino Unido que Cameron es independentista, y en cambio en España, se asocia el derecho a decidir a la independencia. Respeto la discrepancia de Carme Chacón, pero me sorprende que considere sinónimos consulta e independencia. La no aceptación del referéndum aumenta el independentismo emocional.

Si el PSOE abriera la puerta a pactar la consulta, la propuesta de reforma federal de la Constitución para articular un nuevo encaje federativo singular de Cataluña en España sería escuchada y puede que incluso mayoritaria. Creo que si esto no ocurre, la fractura entre España y Catalunya crecerá. La mesa de diálogo entre los Gobiernos es urgente, también para abordar un nuevo modelo de financiación, un mandato del Estatut catalán de 2006 que obliga a su revisión este mismo año.

Estamos delante de una nueva transición, de modelo económico, social, demográfico, energético, pero también de España y Catalunya dentro de Europa. El papel del PSC y del PSOE puede ser la clave. Debemos debatir sin ruptura los dos partidos y acordar, cómo hicieron en 1977, los términos del pacto: voz o grupo propio del PSC en el Congreso aunque juntos en las elecciones. En aquel momento, el PSOE asumió el derecho a decidir de los pueblos de España.

España, la izquierda española, debe proponer en esta legislatura una reforma profunda para Barcelona-Catalunya y permitir la consulta. Reforma o ruptura, el paralelismo del PSC y el PSOE es similar al de Catalunya y España. Hay independentistas en Catalunya dispuestos a escuchar una modelo de soberanías compartidas entre Catalunya, España y Europa, pero el tiempo apremia. La mayoría quiere pacto y diálogo sin ruptura emocional ni comercial.